viernes, 24 de octubre de 2014

Mujeres asesinas

Tras hallar sin vida a Aldo Sarabia, se dio a conocer que la esposa y el amante, fueron las que planearon el asesinato del músico de Banda El Recodo.

Es por eso que nos dimos a la tarea de recopilar 5 mujeres asesinas en México.

La Mataviejitas
Juana Barraza Samperio, es una de las más famosas y conocidas en México y el mundo, es llamada de esta manera por que sus víctimas eran ancianas, quienes vivían en su mayoría solas.

En sus asesinatos vestía de rojo y las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas punzo cortantes o estrangulación y después les robaba en sus casas, en algunos casos se encontró evidencia de abuso sexual.

Juana se hacía pasar por enfermera o por una trabajadora social que ayudaba a gestionar una pensión municipal a mujeres mayores. La aparición de sus huellas digitales fueron las que la delataron por que eran las mismas en todos los casos.

Fue sentenciada a 759 años de prisión y una multa de cien mil 453 pesos por la responsabilidad de la muerte de 16 mujeres de la tercera edad y 12 robos calificados. Barraza negó todos los crímenes menos el último, pero se cree que habría matado a más de 40 ancianas entre 1999 y 2006.

En su confesión dijo: "Yo odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande". Sostiene que su madre la vendió por tres cervezas. "Yo fui abusada y por eso odiaba a las señoras".

En un estudio que realizó la Dra. Feggy Ostroky Solís, directora de Neuropsicología y Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM menciona que su conducta era un reflejo de la violación que sufrió en su niñez, además era alcohólica y su hijo mayor fue asesinado por una pandilla cuando tenía 24 años.

Felícitas Sánchez Aguillón
Ha sido considerada como una asesina serial mexicana, conocida también como "La Ogresa de la Col. Roma", "La trituradora de ángelitos", "la descuartizadora de la Col. Roma" o "la espanta-cigüeñas".

Fue responsable de infanticidios en el DF, se cree que fueron más de 50, durante la década de 1930.

Ella trabajaba como partera pero también realizaba abortos clandestinos y traficaba con infantes, después de esto comenzó con los asesinatos. Cuando no podía vender a los niños los bañaba con agua helada, no les daba de comer, los dormía en el piso y los alimentaba con carne o leche podrida.

Los métodos de ejecución iban desde asfixia, envenenamiento hasta inmolación, ya muertos los descuartizaba.

Erandy Gutiérrez
Una joven de Sinaloa que cometió el asesinato de su amiga Anel Báez; la razón por la que la mató fue por que se Anel subió fotografías comprometedoras a Facebook y eso no le gustó a Erandy.

Según las otras amigas de las jóvenes, Erandy fue a la casa de la víctima para terminar con su vida después de una conversación.

Anel recibió 65 puñaladas, como es menor de edad el castigo que se le dio fue de 7 años.

Alma Delia Chávez Guerrero
La esposa de Aldo Sarabia, integrante de la Banda El Recodo es la culpable del asesinato del músico; ella y su amante fueron los que planearon el crimen.

"Fue una víctima indirecta de una relación sentimental que estableció su pareja con otra persona y planearon privarlo de la vida. No tiene nada que ver con su trabajo, con su trayectoria de 30 años dentro de la banda El Recodo", ​mencionó el procurador de Justicia de Sinaloa.
Sara Aldrete
Llamada "Narcosatanica". Tras permanecer 22 años presa en las cárceles de la Cd. de México, por petición del Gobierno del distrito Federal, fue trasladada al penal estatal de Mexicali en Baja California. 

Fue condenada a 645 años de prisión por participar en 13 homicidios en ritos satánicos.

(Con información de Publimetro.com.mx)

Con la fórmula para "tumbar" gobernadores

Ahora que Ángel Aguirre ha solicitado licencia al cargo de gobernador de Guerrero, el senador por el PRD Sofío Ramírez señaló que antes de los acontecimientos de Iguala las encuestas apuntaban a una evaluación favorable para el otrora gobernador.

La razón principal por la que Ángel Aguirre presentó su renuncia como gobernador, explicó Ramírez, tiene que ver con coadyuvar en localizar con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, además de la presión social que señalaba al gobernador con licencia como responsable por lo ocurrido en Iguala hace casi un mes en Iguala.

El legislador por el partido del sol azteca recordó que fue el gobierno de Aguirre quien auxilió a los jóvenes la noche de aquel viernes 26 de septiembre, que localizó a 63 jóvenes; además de la detención de 22 policías municipales de Iguala y localizó las fosas clandestinas.

Asimismo, Sofío Ramírez cuestionó el actuar de las autoridades federales aquella noche, sobre todo porque "a 500 metros de donde fue la balacera está el Ejército, está una subdelegación de la PGR, está la Policía Federal. La pregunta es ¿Por qué señalar nada más al gobierno del estado?".

Ramírez señaló que, con base en las encuestas hasta antes del 26 de septiembre, los guerrerenses mostraban cariño al gobernador con licencia Aguirre. "La realidad social y política de que Ángel Aguirre se separara del cargo surge a raíz de los lamentables hechos en Iguala.

"Le puede suceder a cualquier otro gobernador de las muchas entidades federativas, donde existen señalamientos, indicios, de vínculos de las autoridades locales con el crimen organizado", agregó el legislador perredista.

Sofío Ramírez insistió en que no comparte la decisión de Ángel Aguirre de pedir licencia al cargo de gobernador y, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, anotó que si la lógica será que cada gobernador pedirá licencia cada que haya pérdidas de vidas, "el crimen organizado tendrá la fórmula para tumbar gobernadores".

En torno a la defensa que hizo del hoy gobernador con licencia, Sofío explicó que lo hizo en un acto de congruencia, por la confianza que tiene en el desarrollo de las instituciones; además de la relación política y afectiva que tiene con Ángel Aguirre. Aseguró que aunque no tenga cargo "yo seré un hombre que voy a estar al lado de Ángel Aguirre Rivero, siempre coadyuvando en todo lo que sea necesario y acreditando su mayor esfuerzo como gobernador constitucional de los guerrerenses".

Sofío Ramírez, reiteró la actitud de responsabilidad política de Ángel Aguirre al renunciar al gobierno de Guerrero, así como su disposición en coadyuvar en la investigación del caso Iguala. 

(Con información de Radio Fórmula.com.mx)

domingo, 19 de octubre de 2014

Iguala: Historia de un alcalde asesino

Lunes 3 de junio de 2013. Ayuntamiento de Iguala. Simpatizantes del Frente de Unidad Popular marchan por el centro de la ciudad y apedrean la alcaldía; los trabajadores ya habían sido evacuados.

Rompen ventanas y realizan pintas con tinta negra y roja. Acusan al presidente municipal, José Luis Abarca, de haber ordenado el "levantón" de ocho de sus compañeros: su líder Arturo Hernández Cardona, además de Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Delgado, Gregorio Dante Cervantes, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castro.

Van acompañados por militantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), incluido el líder frentista, Bertoldo Martínez Cruz.

También están ahí estudiantes de la normal rural… de Ayotzinapa.

Durante el bloqueo del ayuntamiento, Martínez Cruz recibe una llamada telefónica de Héctor Arroyo Delgado, uno de los ocho desaparecidos. Éste le informa de la muerte de tres de sus compañeros (entre éstos Hernández Cardona), de la huida de cuatro más, incluido él, y del paradero desconocido de un octavo.

Martínez Cruz, que realizaba una entrevista con reporteros locales cuando recibió la llamada, pone el altavoz para que su compañero, Arroyo Delgado, narre lo sucedido. Cuatro minutos y 26 segundos dura la llamada reproducida por algunos medios locales, en la que se escucha, entre otras cosas, esto:

—Yo ya me voy a la chingada de Iguala, porque me van a matar… —le dice Arroyo Delgado a Martínez Cruz.

—Oye, ¿dime quiénes fueron los otros dos compañeros que asesinaron? —pregunta el líder de la Fodeg.

—Este, cómo se llama… Ángel Román Ramírez. Y Rafael. Rafael Balderas Román.

—¿Cómo los mataron: a balazos, a golpes o qué?

—Al ingeniero (Arturo Hernández Cardona) lo chingaron desde el viernes, luego el sábado mataron a golpes a (Rafael) Balderas y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de puro milagro estamos vivos y yo ya me voy a la chingada de Iguala, porque me van a matar. Luego nos vemos por ahí… —terminó la llamada el sobreviviente.

Los muchachos de Ayotzinapa arremeten de nuevo y con más furia contra el edificio del ayuntamiento.

Ahí, y unos días antes, el 21 de mayo, cuando los jóvenes normalistas también irrumpían en el edificio de la presidencia municipal, empezaba el encono entre los jóvenes de Ayotzinapa y el alcalde, conflicto que tendría su desenlace el 26 de septiembre pasado, cuando los estudiantes entraban a Iguala para supuestamente boicotear un acto de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca.

Días después de aquella llamada, el 25 de junio, Nicolás Mendoza Villa, uno de los miembros de la FUP que logró escapar, y quien era chofer de Arturo Hernández Cardona, se atreve a dar su testimonio en la notaría 47 del Distrito Federal, ante Alfredo Miguel Morán Miguel.

El 12 de marzo de 2014 repite y amplía sus dichos (de los cuales Milenio tiene copia), entonces ante el Ministerio Público del fuero común Miguel Ángel Cuevas Aparicio, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. En la averiguación previa HID/SC/010758/2013, Nicolás narra con detalle lo ocurrido aquellos días: y sí, el alcalde Abarca mató a Hernández Cardona, según sus dichos…

"Mándalo a la chingada"

De acuerdo con la declaración de Nicolás Mendoza Villa, el alcalde José Luis Abarca (hoy prófugo), asesinó al dirigente de la FUP, Arturo Hernández Cardona, además de que ordenó la muerte de Félix Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez, e instruyó para que fueran torturados otros miembros de Unidad Popular.

Nicolás Mendoza Villa, un agricultor de 43 años que solamente cursó hasta cuarto de primaria, miembro del FUP desde finales de 2013, aseguró que el 29 de mayo de 2013 el alcalde amenazó a Hernández Cardona en las oficinas del Ayuntamiento de Iguala frente a siete miembros del FUP, la esposa del hoy asesinado, así como síndicos, regidores y dos representantes del gobierno estatal.

—¡Ya me tienes hasta la chingada, pendejo, tengo gente que me hace mis trabajos! —le habría dicho el alcalde al líder de la FUP, luego de negarse a firmar acuerdos de desarrollo social con dicha agrupación. El presidente municipal estaba acompañado de dos sujetos armados, uno de los cuales espetó: “Mándalo a la chingada, de todas maneras se lo va a cargar la chingada”.

Un día después, el jueves 30, luego de una jornada en la que los miembros del FUP bloquearon la caseta de Puente de Ixtla, poco después de las 17:00 horas, siete de ellos viajaban en una camioneta Honda Pilot rumbo al centro de Iguala y fueron interceptados por un comando que se transportaba en dos vehículos, una camioneta Explorer y una Jeep Cherokee.

Intentaron bajarse y huir, pero fue imposible: Hernández Cardona recibió un disparo en la pantorrilla derecha al intentar bajar de la camioneta y los sicarios tomaron control del vehículo sometiendo a los ocupantes, salvo uno que sí logró huir corriendo, según el relato de Nicolás.

Transcurrió alrededor de media hora y los vehículos tomaron un camino de terracería. De pronto se detuvieron en una brecha y obligaron a sus detenidos a caminar alrededor de 300 metros hacia arriba, hacia el monte. Ahí había más sicarios que se transportaban en otro vehículo diferente. Llegaron a unos matorrales espinosos. Según el declarante, varios de ellos mencionaron varias veces que pertenecían al cártel de "Guerreros Unidos". Les vendaron los ojos. De pronto se acercó un hombre y dijo:

—A ver, bola de revoltosos, a ver si deveras muy chingones, que andan pintarrajeando mi ayuntamiento.

Nicolás Mendoza Villa afirma que al de la voz lo reconoció de inmediato: era el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez. Más tarde, ya de noche, les quitaron las vendas y los golpearon y torturaron con un látigo de alambre y una tabla en forma de paleta. Luego los amarraron de pies y manos. Dos de los criminales excavaron la tierra para hacer una fosa. Alrededor de la medianoche arribó al lugar el presidente municipal, quien ordenó una nueva sesión de tortura. Al final, el alcalde se dirigió hacia Arturo Hernández Cardona:

—Qué tanto estás chingando con el abono y te dabas el gusto de pintar mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte…

El jefe policial levantó del piso al líder de la FUP y lo condujo al lado de la fosa recién excavada, junto a unos árboles. El alcalde le puso el cañón de un arma larga junto a la mejilla, del lado izquierdo. Y jaló el gatillo. El ingeniero Arturo Hernández Cardona cayó al lado de la fosa. Uno de los sicarios lo empujó hacia el hoyo. El jefe policial aconsejó a su jefe, al alcalde:

—Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada, porque ya va a llover. Abarca apuntó su arma hacia la fosa y volvió a disparar, cuenta en su declaración ministerial Nicolás. Empezó a llover. No taparon la fosa, que se llenó de agua. Luego también los sicarios mataron a Felix Rafael Banderas Román y lo echaron a la misma fosa.

El domingo 2 de junio asesinaron a Ángel Román Ramírez en un intento de huida cuando trasladaban los dos cuerpos de los asesinados a Mezcala para arrojarlos ahí.

Al día siguiente por la madrugada el declarante y tres personas más que también estaban cautivas, huyeron…

La amenaza de la esposa

Justino Carvajal, síndico administrador de Iguala, fue asesinado el 8 de marzo de 2013. El 21 de mayo de 2013 Arturo Hernández Cardona organizó una protesta para solicitar una audiencia.

Integrantes de Unión Popular y jóvenes encapuchados, normalistas de Ayotzinapa, según periodistas de Iguala, ingresaron al palacio municipal a realizar pintas. Acusaron a Abarca del homicidio de Carvajal.

De acuerdo con un trabajo con texto y fotos del portal La Silla Rota, una semana después, el 28 de mayo Arturo Hernández Cardona acudió a una sesión pública del cabildo, en la que también estaba su esposa, la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza Martínez. Además del alcalde y los regidores, estaba presente María de los Ángeles Pineda, mujer del presidente municipal, cuyos hermanos han sido señalados por tener vínculos con cárteles de la droga. Ahí, al tomar la palabra, Hernández Cardona insinuó que el alcalde estaba detrás del asesinato de Carvajal y que era un criminal.

El alcalde se retiró del lugar. Su mujer lo seguía, pero de pronto volvió sobre sus pasos para increpar a Hernández:

—No sabes con quién te metes cabrón, te va a cargar la chingada si sigues así… El delincuente eres tú, hijo de la chingada. Te vas morir. ¡Te vas a morir! No sabes con quién te metes... —le habría gritado a Hernández, Cardona, según testimonios recogidos por el portal citado.

Dos días después Hernández Cardona desapareció. Cuatro días después apareció muerto…

(Con información de Sipse.com)

sábado, 18 de octubre de 2014

La historia de Ángel: Hondureño torturado, encarcelado y... Usted disculpe (Videos)

El migrante hondureño, Ángel Amílcar Colón, quedó en libertad el jueves de esta semana, tras permanecer casi 6 años preso en una cárcel de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit.

Para Amnistía Internacional, su caso es emblemático de un nuevo esquema de violación de derechos en contra de las personas migrantes. “Las autoridades buscan incriminar a este grupo de población vulnerable para aparentar una supuesta respuesta efectiva en la investigación de delitos de alto impacto social, como delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros”, acusó la organización.

“A principios de 2014 los expertos forenses, médicos internacionales independientes, lo examinaron y concluyeron que las pruebas médicas de tortura eran coherentes con su queja. Esta evidencia ha sido presentada a la corte, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos”, señaló.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia porque considera que la tortura y el maltrato al que fue víctima tuvo un factor de discriminación racial por su origen afro descendiente garífuna y resultó en su encarcelamiento y en un procesamiento injusto.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que presentarán una demanda de reparación del daño por los 5 años 7 meses que permaneció Ángel encarcelado. Además, “demandamos la investigación y sanción de funcionarios”

Sobre su caso, también en entrevista para MVS, Ángel consideró que su encarcelamiento marcó su vida; sin embargo, “he tomado la decisión de perdonar a quienes me hicieron mal”. Y señaló que el problema de la impunidad en el país “es que continúan haciéndolo”.

La historia de Ángel

El 7 de enero de 2009 tuvo que salir de Honduras, dejando a su compañera y dos hijos por la necesidad económica de ayudar a su familia y pagar la atención médica de Ángel Elvir, el mayor de sus hijos, quien había sido diagnosticado con cáncer.

Después de pasar por Guatemala fue abandonado en Tabasco por el "coyote" al que le había pagado por cruzarlo hasta los Estados Unidos. Tuvo que viajar en la caja refrigerada de un camión durante 34 horas para llegar al D.F. junto con otras 119 personas; de ahí viajó durante 2 meses hasta llegar a Tijuana, en donde otro "coyote
" lo engañó prometiéndole ayuda para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y lo llevó a una casa, en donde le ordenó permanecer en un habitación bajo la amenaza de quitarle la vida si desobedecía.

Al cumplir cuatro días en ese lugar, un operativo en el que participaron diversas corporaciones policiacas, irrumpió en la casa. Ángel, luego de escuchar disparos y ante el temor por su vida, se escondió en el baño y después salió por la parte trasera de la casa, pero fue detenido junto con otras 10 personas y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud.

Al ser detenido Ángel no tenía en su posesión armas y no existen pruebas que lo vinculen a las drogas que fueron encontradas en el lugar, según el parte informativo de la policía. En cambio, fue víctima de múltiples abusos, agresiones y tortura.

Ángel fue torturado durante varias horas antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público, por elementos del Ejército y por policías federales; posteriormente fue llevado a una base militar donde le tomaron su declaración ministerial sin haberle respetado su derecho a recibir asistencia consular.

 
 
(Con información de Aristegui Noticias.com)

miércoles, 15 de octubre de 2014

Guerrero: Un estado "narcopolítico"... como otros

Desde hace meses se denunció, con nombres y apellidos, que la administración pública en Guerrero estaba infestada de "narcopolíticos", corrupción e impunidad. Sin embargo, autoridades de los tres niveles y partidos políticos callaron, protegieron e incluso promovieron a los señalados. Todo desembocó en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, uno de los episodios más brutales en la guerra que México padece. A despecho de discursos y propuestas populistas, el grado de infestación criminal que vive ese estado ha aumentado.

La desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibe el nuevo nivel de impunidad, corrupción y violencia que se vive en el estado, donde la delincuencia controla grandes territorios y es protegida por autoridades de los tres niveles.

En diciembre de 2013, Proceso dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, y cuatro meses después, a principios de abril, el alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por agentes federales en Iguala. Actualmente está preso por sus presuntos nexos con el grupo delictivo "La Familia".

Álvarez forma parte de la corriente política Grupo Guerrero, dirigida por David Jiménez Rumbo y por el actual presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres. Éste y su hermano Crescencio, alcalde de La Unión, fueron acusados –por Servando Gómez "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios"– de tener relaciones con el crimen organizado.

Pese a ello, la clase política local calló, cerró filas y las autoridades fueron omisas ante los señalamientos públicos y evidencias contra ése y otros alcaldes, además de legisladores locales como el presidente del Congreso de Guerrero, el perredista Bernardo Ortega Jiménez…

(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1980 de la revista Proceso)

martes, 14 de octubre de 2014

Tras caída de "El Chapo", un desconocido está al frente del "Cártel de Sinaloa"

Un hombre hasta ahora prácticamente desconocido, Germán Magaña, es considerado uno de los posibles hombres fuertes del "Cártel de Sinaloa", dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán hasta su arresto el 22 de febrero pasado.

Según información judicial entregada a la Fiscalía General mexicana, se trata de un capo que se encarga del embarque de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su labor consiste en armar grupos de hombres armados y reorganizar las células de la organización en México.

Apodado "El Paisa", según los reportes que una corte estadounidense ha enviado a autoridades mexicanas, hace al menos 5 años recibió la encomienda de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los socios de "El Chapo", de asumir la mayor parte de sus operaciones en el norte del país.

Reforma dio a conocer que la Justicia ya recibió una petición de extradición de Estados Unidos, pero Magaña aún no aparece en la lista de los narcotraficantes más buscados en México.

Documentos de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas señalan que elementos infiltrados de la agencia antidrogas DEA reportaron que este hombre enviaba camiones con, por lo menos, 3 toneladas de cocaína a Ciudad Juárez.

Magaña no trata directamente con los traficantes fronterizos, sino que lo hace a través de sus emisarios, como Sergio Garduño, que comanda desde 2007 dos escuadrones de pistoleros que luchan contra el "Cártel de Juárez", según los informes. El poderoso capo trataba directamente con Ismael Zambada García en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas a nombre del "Cártel de Sinaloa", según Manuel Fierro, ex socio de "El Chapo" y hoy colaborador de la DEA.

De acuerdo con el prontuario de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso, las dos bandas de pistoleros al servicio de Magaña en Ciudad Juárez estaban lideradas por Rodrigo Fierro y Arturo Lozano. Al segundo le encargaron combatir a la pandilla "Barrio Azteca", el brazo armado del "Cártel de Juárez", pero su trabajo estuvo lleno de equívocos, por lo que fue hecho a un lado.

El agente de la DEA Juan Briano entregó a la corte texana una fotografía de Magaña Pasos, que hasta ahora no ha sido divulgada por Estados Unidos ni México, pero en ese momento comenzó la lucha contra su grupo, porque en abril de 2012 la corte ordenó la captura de más de 20 presuntos miembros del "Cártel de Sinaloa", incluido "El Paisa", identificado también con el nombre falso de Germán Olivares.

Fierro fue detenido en octubre de 2008 en Texas, luego de trabajar durante 11 años como agente de la policía en Ciudad Juárez y de estar al servicio de Magaña.

Algunos reportes de analistas mexicanos estimaban que "El Chapo" encabezó un imperio multimillonario a nivel global con presencia en 54 países y se rodeaba habitualmente de unos 300 guardias que lo protegían celosamente.

Sin embargo, otros especialistas, como el investigador Oswaldo Zavala, consideran que se trata de una estimación exagerada y se pregunta por qué fue detenido cuando estaba prácticamente sin ningún guardaespalda que lo ayudara, en un apartamento del puerto norteño de Mazatlán, al lado de su esposa.
La fama de "El Chapo" hizo que muchos analistas lo dotaran de un aura mítica y la revista Forbes lo colocó varias veces entre los hombres más ricos de México, con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, sin aclarar los criterios para calcularla.

Alejandro Almazán, un periodista mexicano, en su novela "El más buscado", compara incluso al jefe criminal con el famoso combatiente de la guerra civil de principios del siglo XX Pancho Villa.

(Con información de Infobae.com)

lunes, 13 de octubre de 2014

Testimonio de que alcalde de Iguala mataba a sus enemigos

Nicolás Mendoza Villa lo recordaría meses después por escrito en una notaría de la Ciudad de México. A las seis de la tarde del 31 de mayo de 2013, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y él vieron cómo dos sicarios empezaban a cavar la que iba a ser su fosa.

Ambos estaban en un paraje desconocido de Guerrero. Un día antes, les habían secuestrado, pistola en mano, en la carretera hacia Tuxpan junto a otros compañeros de la Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos.

Durante horas les habían torturado con un látigo de alambre. El peor parado había sido su líder, Hernández Cardona. Ya de noche llegaron al lugar dos hombres bien conocidos. Andaban tranquilos y con una cerveza Barrilito en la mano. Eran el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su jefe de policía, Felipe Flórez Vázquez.

El alcalde, con quien Hernández Cardona había mantenido agrias disputas, la última, dos días antes en su despacho municipal, se adelantó unos pasos y ordenó que torturaran otra vez a su adversario político.

—¡Ya que tanto estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte!, gritó el alcalde.

Acto seguido, su jefe de policía levantó al ingeniero del suelo y, siempre según esta versión ante notario, lo arrastró unos diez metros hasta la recién terminada fosa. Ahí, el alcalde de Iguala le disparó primero a la cara, luego al pecho. El cadáver quedó al descubierto, mientras el cielo oscuro de Guerrero se rompía y empezaba a llover. Otros dos dirigentes de Unidad Popular fueron asesinados.

El hombre que asegura haber visto todo esto y pudo escapar para contarlo fue Nicolás Mendoza Villa, chófer del ingeniero asesinado. Mendoza prestó testimonio ante notario, la esposa del ingeniero presentó denuncia, la prensa aireó el caso y algunos conocidos políticos mexicanos exigieron responsabilidades.

La Procuraduría respondió acumulando ocho tomos de diligencias. Pero, como tantas veces sucede en México, nada ocurrió. El alcalde de Iguala siguió gobernando como antes, inaugurando centros comerciales y posando alegre con sus camisas ceñidas y desabotonadas hasta la mitad del pecho.

“Desde entonces reina el miedo en Iguala”, afirma Sofía Mendoza Martínez, concejal del PRD y viuda de Hernández Cardona; una de las pocas personas capaces de romper el círculo del terror y acusar al alcalde mucho antes de que se convirtiese en el hombre más buscado de México por la matanza de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en un oscuro enfrentamiento con la policía y el narco el 26 de septiembre.

El paradero de Abarca es un misterio. Los investigadores dan por hecho que ha abandonado Iguala y dejado atrás los frutos de una misteriosa escalada social que, desde su puesto familiar de vendedor de sombreros de paja y huaraches, le abrió las puertas a un emporio de propiedades y negocios. Desde esta plataforma saltó a la política en 2012 con apoyo de un ex senador, y pese a su inexperiencia, ganó las elecciones de Iguala.

En su ascenso le acompañó su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, una mujer de carácter duro, cuya cercanía dibuja una sombra oscura. Dos de sus hermanos sirvieron a las órdenes del histórico capo Arturo Beltrán Leyva. Pero tuvieron una carrera corta. Ambos fueron ejecutados en 2009 cuando se quisieron separar del llamado "Jefe de Jefes".

Un tercer hermano, aún vivo y recientemente detenido, estuvo preso por narcotráfico y ahora se presume que es uno de los cabecillas de los "Guerreros Unidos", el sanguinario cartel surgido de las cenizas del imperio de Beltrán Leyva y que controla Iguala. Para culminar la trama familiar, la madre ha sido señalada por los servicios de inteligencia como testaferro del narco.

En una tierra con una tasa de homicidios tres veces mayor que la de todo México, las palabras de una mujer con estas credenciales eran escuchadas con mucha atención. A medida que pasaban los meses, su participación en los asuntos políticos, según admiten dirigentes del PRD, fue cada vez mayor, hasta el punto de que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía en 2015.

Para ello había logrado ser elegida consejera estatal del PRD y dirigía un organismo municipal, el denominado Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Nada parecía capaz de frenarla. O eso era lo que se pensaba hasta la noche del 26 de septiembre. Ese viernes tenía que ser un día grande para ella. Presentaba el informe de actividades del DIF en la plaza de las Tres Garantías, en el zócalo de Iguala, un espacio reservado para las grandes ocasiones. Para muchos suponía el pistoletazo de salida de su carrera electoral.

El acto empezaba a las seis de la tarde, justo a la hora en que dos autobuses procedentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, entraban en el municipio. El grupo, formado por estudiantes normalistas de 18 a 23 años, acudía a la ciudad a recaudar fondos para sus actividades.

La policía municipal estaba esperándoles. Sus enfrentamientos con el alcalde y su esposa eran notorios. Ya después del asesinato del ingeniero Hernández Cardona habían atacado el ayuntamiento y señalado al regidor como culpable. Esa tarde, tras dar vueltas por la ciudad, se dirigieron hacia el zócalo.

Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señala que la esposa del alcalde pidió al director de la policía municipal, Felipe Flórez Velázquez, que impidiera la llegada de los jóvenes.

La orden, cómo no, fue obedecida. No tardó en darse el primer encontronazo entre los agentes y los normalistas. Hubo gritos y algún enfrentamiento físico. Lo habitual. Los estudiantes se retiraron hacia la estación de autobuses. Allí se apoderaron de tres vehículos para volver a su escuela. Pero a la salida les esperaban los agentes. Esta vez hubo tiros.

Los normalistas se defendieron a pedradas y lograron romper el cerco. El alcalde, informado de la trifulca, pidió entonces, según el citado informe, un escarmiento. Fue entonces cuando alguien llamó a la muerte. En sucesivos ataques, la policía, con apoyo de sicarios de "Guerreros Unidos", inició una salvaje persecución de los jóvenes. A tiros mataron a dos, a otro lo desollaron vivo y le vaciaron las cuencas de los ojos.

Tres personas más, entre ellos un chico de 15 años, murieron a balazos al confundir sicarios y agentes un autobús que transportaba a futbolistas de Tercera División con normalistas. Y otros 43 estudiantes fueron secuestrados por los policías y supuestamente entregados a una fracción de "Los Guerreros Unidos" llamada "Los Peques".

El pánico se apoderó de Iguala. Bares y comercios cerraron sus puertas. Pero de todo ello, el alcalde y su esposa, según su propio testimonio, nada supieron. Ellos acudieron a una fiesta y bailaron juntos rancheras mientras afuera, en una noche sin apenas luna, la barbarie rugía.

Nadie les creyó. Pero tampoco nadie les detuvo. A los dos días de la matanza, tras pedir licencia del cargo y asegurarse mediante un juez federal de que como aforado no podía ser arrestado hasta nueva orden, Abarca y su esposa se esfumaron.

Lo mismo hizo el jefe de la Policía Municipal.

México, desde entonces, se ha visto cara a cara con la negrura de 43 desaparecidos y unas fosas repletas de cadáveres. Ellos aún siguen libres. Y el asesinato del ingeniero Hernández Cardona, sin culpable.

(Con información de El País) 

sábado, 11 de octubre de 2014

La pareja imperial

La noche en que ocurría en Iguala una de las peores tragedias de los últimos años en México, el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca Velázquez, bailaba con su esposa en una fiesta.

Ese viernes 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, después que policías del municipio y un grupo armado les dispararon. Seis personas perdieron la vida en los ataques.

Pero el alcalde no se enteró, o al menos eso dijo: después de bailar con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, la pareja se fue a dormir.

Cuando en el país creció el escándalo por la agresión a los estudiantes, Abarca Velázquez solicitó una licencia para dejar el cargo… Y luego desapareció junto con su esposa y el jefe de la policía.

Ahora el ex funcionario es acusado de homicidio y la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), lo busca por la desaparición de los estudiantes.

La investigación incluye a María de los Ángeles, hermana de uno de los líderes de la banda "Guerreros Unidos" a la que las autoridades responsabilizan de las agresiones.

En Iguala no sorprendieron las acusaciones, pues desde hace varios años Abarca Velázquez y su esposa han estado envueltos en la polémica.

El ex calde es un comerciante que vendía sombreros de palma y huaraches (sandalias de piel) en mercados sobre ruedas, pero en poco tiempo se convirtió en distribuidor de joyas.

De hecho construyó la plaza comercial más grande de la ciudad. Algunos medios como MVS señalan que en el Registro Público de la Propiedad de Guerrero aparecen 17 inmuebles a nombre de Abarca Velázquez.

El súbito crecimiento de la fortuna del ex alcalde causó suspicacias, aunque algunos la relacionan con la familia de su esposa, hermana de Marco Alberto y Marco Antonio Pineda Villa, asesinados en 2009 y quienes de acuerdo con la PGR formaron parte del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

Además, el diario El Universal, con base en un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) afirma que el ex alcalde se vincula al fallecido Arturo Beltrán Leyva.


Sin embargo, en 2012 el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), postuló a José Luis Abarca como su candidato a la alcaldía de Iguala, que ganó en las elecciones de ese año.

Ahora, en la polémica por el asesinato y desaparición de los estudiantes, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, reconoció que se equivocaron con apoyar al ex alcalde.

"Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas, y pedimos su perdón", dijo. Pero algunos compañeros de su partido, como la senadora Dolores Padierna, creen que no es suficiente con las disculpas.

"Hay que ir a fondo y castigar no sólo al alcalde de Iguala sino a la esposa y a todo el núcleo de delincuentes, mafioso, que operaba en ese gobierno", advirtió.

BBC Mundo intentó hablar con algunos regidores del Ayuntamiento de Iguala, pero no estuvieron disponibles para la entrevista. Contrastar las críticas con el ex alcalde tampoco fue posible. 


"Pareja imperial"


Muchos afirman que en Iguala gobernó una "pareja imperial", como señaló la periodista Lydiette Carrión en El Universal.


Y es que María Pineda Villa acompañaba a su marido en la mayoría de sus reuniones y eventos públicos. Oficialmente la mujer era la presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del municipio.

Pero algunos como el síndico administrativo Justino Carbajal Salgado decían que ella tomaba muchas decisiones que correspondían al alcalde.

Carbajal Salgado, por cierto, fue asesinado en su casa en marzo de 2013 por un grupo de desconocidos.

A pesar de las críticas, la esposa del alcalde se preparaba para sucederlo en el cargo, e incluso la fiesta del 26 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 estudiantes, era el inicio de su campaña política.

Ya no pudo ser. El 30 de septiembre pasado desapareció junto con su marido. La PGR dice que no han abandonado el país, pero se encuentran fuera de Guerrero.

"Tenemos gente que está tras él", dijo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio.


Barbarie


Pero los señalamientos de gobernar en pareja no es lo más grave que enfrenta el ex alcalde.

El 30 de mayo de 2013 fueron secuestrados cinco miembros de la organización civil Unidad Popular, quienes habían organizado una marcha para exigir a José Luis Abarca la entrega de fertilizante para sus cultivos.

Días después aparecieron los cuerpos de tres de los secuestrados, entre ellos Arturo Hernández Cardona, líder de la asociación. Un sobreviviente del plagio acusó al ex alcalde de disparar al activista con una escopeta.

José Luis Abarca negó varias veces las acusaciones y siguió en su cargo, al igual que su esposa.

Pero la viuda del activista, Sofía Lorena Mendoza Martínez, quien es regidora del Ayuntamiento, denunció el crimen, e incluso la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el caso.

Nada pasó, hasta ahora, que la PGR asumió el caso de la desaparición de los 43 estudiantes.

Demasiado tarde, dice René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional (IDN), una corriente política del PRD.

Si hace un año las autoridades hubieran atendido la denuncia, la tragedia no hubiera ocurrido, insiste Bejarano.

En eso parece coincidir el procurador General, Jesús Murillo Karam. "¿Se podía haber evitado?", comentó a Noticias MVS.

"La verdad digo, con toda franqueza: nunca me imaginé que pudiera hacerse una barbaridad del tamaño de lo que se hizo".

Más detalles

José Luis Abarca Velázquez, alcalde con licencia de Iguala, prófugo tras el secuestro y homicidio de los normalistas de Ayotzinapa, es un empresario próspero: entre 1992 y 2011, su patrimonio sumó locales para vender joyería, construyó una plaza comercial, adquirió un rancho, y compró casas en fraccionamientos residenciales y terrenos.

Según una investigación de MVS, de la que dio cuenta este viernes la periodista Carmen Aristegui en su noticiero Primer Emisión, muchos de estos bienes los adquirió Abarca Velázquez al mismo tiempo que su familia estaba vinculada al crimen organizado.

La procuraduría de Guerrero busca al edil por su probable responsabilidad en el ataque a un grupo de estudiantes normalistas, por el que 6 murieron, 25 resultaron heridos y otros 43 están desaparecidos.

El procurador del estado, Iñaki Blanco, dijo el pasado jueves que “El hoy alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, fue omiso en tomar los cuidados necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la Escuela Normal Rural y de la población en su conjunto lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”.

Respecto al tema, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer, en la reunión de la Conago, que es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México pueda haber localidades con vacíos de autoridad y con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes.

Patrimonio familiar


En Iguala hay 17 propiedades que están a nombre de Abarca Velázquez, a las que se suman una casa y una joyería de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de operadores del cártel de los Beltrán Leyva. Un total de 19 inmuebles en su patrimonio.

Los datos de los bienes de la pareja se encuentran en el Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo, capital de Guerrero. Y aunque su consulta es de acceso público, se ha dado la orden de no entregar información sobre Abarca Velázquez.

Un reportero de Noticias MVS acudió el jueves a las oficinas del registro a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del matrimonio, como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas.

Al inicio, el personal del registro le atendió de manera amable, pero después de que reconocieron el nombre del alcalde de Iguala y vieron la cantidad de propiedades a su nombre, la funcionaria que atendía se ausentó para hablar con su superior.

Recibieron instrucciones


Al volver, la amabilidad desapareció y empezaron los pretextos: no era posible entregar la información, aunque se pagaran los derechos para reproducir los expedientes de las 19 propiedades de Abarca Velázquez y su esposa.

Ante los reclamos, la funcionaria turnó al reportero con su superior: el hombre explicó que era necesario escribir un oficio al director del Registro, Isidoro Rosas, y esperar una semana por la respuesta, aunque no había garantía de que ésta fuera positiva, debido a que recibió instrucciones para no entregar ninguna información sobre Abarca Velázquez y su esposa, ante lo delicado de los hechos en Iguala.

Ante la opacidad que mostraron los funcionarios del registro público de la propiedad de Chilpancingo, se contrataron los servicios de un despacho jurídico para que realizara los trámites.

La procuraduría estatal ya ha cateado inmuebles de Abarca Velázquez, de acuerdo con el procurador Iñaki Blanco, como parte de las investigaciones para esclarecer los homicidios y secuestros de los normalistas de Ayotzinapa:

Se han cateado diversos inmuebles, entre ellos y de manera inmediata el del alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez; así como han asegurado 15 patrullas de la citada corporación policiaca y 228 armas de fuego entre ellas 97 largas y 131 cortas.

Dueño de plaza

Entre todo el patrimonio de Abarca Velázquez, la propiedad que más destaca es la Plaza “Galerías Tamarindos”, el único e imponente centro comercial que hay en Iguala.

La construcción inició en enero de 2008 y a la ceremonia para colocar la primera piedra acudió el entonces gobernador de Guerrero, el perredista Zeferino Torreblanca, y otros políticos del estado.

El terreno de la plaza mide casi 70 mil metros cuadrados. Tiene supermercado, salas de cine, tiendas de ropa y electrodomésticos, oficinas de telefonía celular y área de comida rápida. Justo esta semana se celebra el sexto aniversario de su apertura.

La plaza se construyó meses antes de que la Procuraduría General de la República (PGR), identificara a dos hermanos de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, como operadores del cártel de los Beltrán Leyva: Mario “El MP” Pineda Villa y Alberto “El Borrado” Pineda Villa, quienes fueron asesinados en septiembre de 2009.

Afuera de la plaza, hoy se pueden ver anuncios del segundo informe de labores de Abarca Velázquez como alcalde de Iguala. En la foto aparece con su esposa y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Vende oro y plata

En el Centro Joyero de Iguala, ubicado a unas cuadras del zócalo del municipio, el matrimonio Abarca Pineda también es propietario de seis locales de joyerías.


Su joyería principal, integrada por los locales 98 y 99, lleva el nombre de “Aurium”. Venden alhajas de oro y plata.

La pareja adquirió sus primeros cuatro locales desde el año 1996; pero se hizo de dos locales más entre 2009 y 2011, justo antes de que José Luis Abarca Velázquez ingresara por primera vez a la política y ganara la elección para alcalde de Iguala.

El presidente municipal y su esposa también tienen un rancho en el pueblo vecino de Cocula y 11 predios más, entre casas en fraccionamientos privados y terrenos, que juntos suman casi 40 mil metros cuadrados de extensión.

A pesar de todas las propiedades que el alcalde prófugo y su familia tienen en Iguala, hay una casa que no aparece en los archivos del registro público del estado.

Un búnker

En Iguala, los pobladores conocen que Abarca Velázquez y su familia habitan en una casa de la calle Roble, cercana al centro del municipio.

La casa de la calle Roble es un búnker de fachada color beige. No tiene ventanas y las puertas son dos planchas de metal gruesas. Nada del interior se alcanza a ver. La familia no escatimó en seguridad: el muro que da a la calle es alto y sobre él, se colocó una reja metálica y encima de ésta se puso alambre de púas.

En el directorio de Teléfonos de México, el número de esta dirección aparece a nombre del alcalde prófugo.

Los vecinos cuentan que desde hace una semana no hay movimiento en la casa. Los vieron por última vez en septiembre, días después del secuestro de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que iban a protestar a Iguala,

Desde entonces, de Abarca Velázquez, su esposa y sus hijos, nadie sabe su paradero.

(Con información de El Diario de Coahuila y Noticias MVS)

Crónica de fosas clandestinas en Iguala

"Nunca vi nada así", se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas* que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo “Escena del crimen”.

“¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?”, suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron últimos momentos de los condenados a muerte: “Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas”.
La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan "desapercibidos"
 para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.
Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.
No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se pueden buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese es monte sería su cementerio. Pocas, casi ninguna huella van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.

Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas rapados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.
A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ven un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellas, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tiradas a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.

Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.

Iguala es tierra fértil para la siembra cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).

Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.
En mayo de 2013, en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron desenterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 adentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolada desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la Independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. “No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es del que usan gente como los normalistas”.

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja.

Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.

“Quién hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros”, explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumora, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

*Se veían seis fosas. Un día después se supo que en la sexta no se encontraron restos humanos.
(Con información de Proceso.com.mx) 

"Dales un escarmiento"

Algunos de los policías municipales de Iguala señalados de participar en el ataque contra los estudiantes, el 26 de septiembre, argumentan que ese día les tocó descansar y no estuvieron de labores.

Otros aseguran que no escucharon nada por la radio de la Policía.

Hay quienes aseguran que ese viernes se fijaron dos objetivos principales: garantizar la seguridad en el Segundo Informe de labores de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, y vigilar que el encuentro deportivo de futbol en el que jugaron "Los Avispones" transcurriera con calma.

Pero todos se dicen inocentes, a pesar de que todos aparecen en una lista, o porque fueron reconocidos por los normalistas o porque la noche del ataque manejaron algunas de las patrullas identificadas en las declaraciones.

Se dice inocente
Uno de los jefes de turno de esa noche fue Fausto Bruno Heredia. En su declaración ministerial, el mando policiaco reconoce que sí recibió el reporte de que en la Central de Autobuses se habían robado unos camiones.

Asegura que pese a que varios de sus compañeros (sin mencionar nombres) protagonizaron una persecución de los autobuses, los policías los dejaron ir para evitar dañar más sus patrullas por las piedras que les aventaban los estudiantes.

“…decidí dejar que siguieran su camino estas personas ya que estaban muy agresivos, y yo me quedé en el Centro por el evento que se llevaba a cabo.

“Posteriormente me enteré por la misma vía de radio, que había problemas en el periférico norte y por mi parte yo no me acerqué, de ahí se quedó en silencio el radio (…) de aquí en adelante ya no me di cuenta de nada”.

También relató que “Posteriormente de esto, decidí realizar recorrido por las colonias de la periferia, que no escuché ningún disparo ese día de los hechos.

“Posteriormente, vía radio, recibimos reporte que había personas armadas por la calle de Galeana y decidimos no ir para evitar que nos fueran a agredir”, relató.

Heredia manifestó que nunca estuvo cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por temor a ser agredido.

“También manifiesto que no me percaté si alguno de mis compañeros policías preventivos realizó algún disparo y que yo por mi parte nunca disparé”, agregó.

El jefe de turno dijo que el día de los hechos se encontraban laborando la mayoría de las patrullas, de las cuales no recordó su número económico.

Alerta activada
La noche del viernes 26 de septiembre, Natividad Elías, el encargado de operar la frecuencia de la Policía, activó la Alerta Roja.

Ahí se escuchó el reporte en clave que había diversos 10 y 11 (muertos y heridos).

Emilio Torres Quezada, uno de los 22 elementos consignados por los hechos, declaró ante las autoridades que fue alrededor de las 21:00 horas del viernes cuando los radios “se volvieron locos”.

“Escuché las voces de los compañeros que mencionaban sobre la persecución de un autobús, indicando las calles hacia dónde se dirigía.

“La comunicación era intensa, por lo que supongo participaron varias patrullas, ya que se escuchaban varias voces, de las cuales no pude identificar a nadie ya que el canal es abierto.

Comentó que 15 minutos después escuchó que el autobús había sido detenido, abajo del puente de la autopista México-Acapulco.

Refirió que se trasladó hasta ese punto para apoyar a sus compañeros, pero que no supo ni cuántas personas estaban a bordo, ni cuáles compañeros tenían detenido al autobús.

Él también negó haber disparado contra los estudiantes y declaró que sólo atravesó su patrulla frente al autobús.

En descanso
Otro de los elementos que aparecen en la lista de involucrados, Marco Antonio Ramírez Urban, aseguró que el viernes le tocó descansar, por lo que estuvo viendo televisión en su casa hasta la noche que asumió el turno en la patrulla 17, una de las reconocidas por los normalistas de Ayotzinapa que sobrevivieron.

“Escuché rumores de varios compañeros en el pase de lista, que se habían suscitado unos hechos relacionados con los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, los cuales yo desconozco totalmente”, recalcó.

Ramírez Urban señaló que apenas iniciaba su turno cuando fue notificado que regresara a la comandancia para entregar su arma, ya que el personal de la Policía Ministerial del Estado había llegado a las oficinas.

“Nos preguntaron quiénes eran los tripulantes de la patrulla 17, en la cual habíamos llegado al cuartel. Fue así que el elemento ministerial le ordenó al chofer que metiera el vehículo al interior del cuartel… que los ocupantes de la patrulla 17 entregáramos de manera inmediata las armas”, recordó el policía.

Zulaid Marino Rodríguez, otro de los inculpados en el caso, confesó que no era la primera vez que lo detenían, pues en Teloloapan, Guerrero, fue acusado de uso indebido de funciones.

El oficial de la Municipal recalcó que no escuchó nada anormal hasta el amanecer del sábado, cuando supo de la orden del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez para que se presentaran al cuartel de la Policía y entregaran sus armas.

Así fue como se formó el grupo de los primeros 22 presuntos responsables del ataque de los normalistas y de los jugadores del equipo de futbol "Los Avispones".

Un amparo que no sirve
El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó un amparo al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, pero aclaró que no surte efecto para delitos considerados como graves.

El juzgado con sede en el Distrito Federal, recordó que el 6 de octubre, Abarca promovió demanda de amparo contra actos de autoridades estatales, federales y jurisdiccionales, señalando como actos reclamados órdenes de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución.

La autoridad jurisdiccional admitió la demanda a trámite y concedió la suspensión provisional cuyos efectos, exclusivamente, son para que el quejoso no sea privado de su libertad, con motivo de las órdenes reclamadas, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo, subrayó.

Sin embargo, insistió en que la medida a favor de Abarca, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes, no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves.

El órgano jurisdiccional detalló que hasta el momento 17 de las autoridades señaladas como responsables han rendido los informes correspondientes, negando la existencia de los actos reclamados por el quejoso.

Un capricho teñido en sangre
A ella le gusta el color azul, pero le aconsejaron que para la foto de la propaganda del informe utilizara un tono rosa que armonizara con el matiz de su piel y maquillaje.

Accedió, pero ella es la jefa y es su evento. Era su día, su gran noche y usó el azul. El azul que le recuerda el mar.

Han sido dos años de trabajo, junto a José Luis, en Iguala. Él, su compañero de vida y padre de sus hijos le prometió que ella sería la próxima presidenta municipal.

Era su día y va segura porque viste de azul, sin saber que esa noche su futuro terminaría de rojo.

La situación

Arturo Galindo, recibió y atendió la exigencia del Alcalde de Iguala como lo que era, una orden superior: llena el evento.

Desde su cargo de titular de Servicios Públicos y como líder transportista tenía la facilidad para condicionar, presionar o forzar la presencia de vecinos en el evento a cambio de un “ayudadita” a su colonia. Además, podía hacer que los choferes trasladaran a los vecinos sin gastar un peso.

Una fiesta

Después de saludar y repartir besos como indican los manuales de política para ganar simpatías, llegó la hora de subir al escenario.

El mensaje, fue poco emotivo y más estadístico, con salpicaduras de retórica. Una ovación anunció el fin del informe.

Escarmiento
Ya había oscurecido, el baile inició. Las canciones no paraban. Eran casi las 21:00 horas y la gente comenzó a retirarse.

Compartía pista al ritmo de la música; en ese momento el reloj marcaba las 21:30 horas y le dijeron que un grupo de encapuchados, estudiantes de Ayotzinapa, estaban en el Zócalo.

De acuerdo a documentos del CISEN difundidos en esta semana, se acercó a su esposo y le pidió: “dales un escarmiento”.

Sería una ‘dinámica perversa’

El jurista español, Baltasar Garzón Real, manifestó que el Estado Mexicano tiene que salir a dar explicaciones concretas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

El reconocido jurista estuvo en Guanajuato para impartir la conferencia magistral “La Justicia y la Independencia Judicial” a los jueces de la entidad.

Garzón Real consiguió renombre internacional, luego de que el 16 de octubre de 1998 consiguió se decretara el arresto domiciliario en Londres, Inglaterra, del general Augusto Pinochet.

En el encuentro con los jueces de Guanajuato, Baltasar Garzón hizo referencia a los hechos violentos en Guerrero, y expresó que no puede haber omisiones por parte de las autoridades mexicanas porque se generaría “una dinámica perversa”.

Señaló que el genocidio no está lejos de México, haciendo hincapié en que se trata de crímenes de lesa humanidad.

Falta confianza

Un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

“Creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”, afirmaron.

Para los eurodiputados, el crimen organizado, se subraya, “tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, ya que “los efectos secundarios son indeseables”.
(Con información de Agencias)

Entradas populares

Páginas vistas en el último mes

.....