La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de “Los Zetas” puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de “Los Zetas”, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de “Los Zetas”, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, “Los Zetas” presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a “Los Zetas”, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas.
Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con “Los Zetas” y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: "Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)".
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación.
Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: "Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada".
Esos "casos excepcionales" ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.
Poder corruptor
Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de “Los Zetas” escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, “El Guacho”, y Gerardo Hernández Sánchez, “El Gerry”, identificados como mandos de “Los Zetas”.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial “Escorpión” y a Hernández Sánchez la de “Sagitario”. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como “Sérpico”, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó "información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de “Los Zetas".
En su declaración del 4 de mayo de 2011, “Sagitario” incriminó, con todo y sus “narcosueldos”, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que "ganaban" 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque "era muy flojo".
“Los Zetas” les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de “Los Zetas”.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por “Los Zetas” con la clave “Tauro”, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la “narconómina”.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
"Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de “Los Zetas”, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos “jales” los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón", declaró Treviño.
Añadió: "Tengo conocimiento de que “El Rumbo” y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a “Los Zetas".
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con “Los Zetas”, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.
“Narcosueldazos”
Las declaraciones de “Escorpión”, “Sagitario” y “Sérpico” coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, “El L-40”, quien al contratarlo le asignó la clave “L-44”.
A finales de 2007 se integró a "La operativa", es decir, a la escolta de “El L-40” y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el “Cártel del Golfo”, aún unido con “Los Zetas”, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con “El L-42” para fungir como "tranca" o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, “El L-40” lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces "ya formaba parte de la polla", es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave “L” seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También “Sérpico” asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un “narcosueldo” de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, “Los Zetas” utilizaron la clave "tres letras". Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día “El Gerry” (el testigo “Sagitario”) llegó al bar “Carlos'n Charlie's” -que el primero utilizaba para sus reuniones- con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y “El Gerry” en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la “narconómina”, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009.
Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías, vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a “Los Zetas” detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a “El Risas”, que desde mayo de 2010 era el "cocinero" o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. “El L-40” ordenó liberar a “El Risas”, quien junto con Sarabia y otros “zetas” eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a “El Risas” porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.
El capitán Valbuena
Los cuatro “zetas” detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con “Sérpico”, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del “Comandante Lino”, subalterno de “Sérpico” y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con “Los Zetas” al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos “zetas” le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para “Los Zetas”. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de “Pepito” Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones ("estaba muy bien conectado en el Distrito Federal"). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también "resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras”.
En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con “Los Zetas", señala “Escorpión”.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo “Sagitario” le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como “El Comandante Chabelo”.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con "cargas chinas", nombre que dan “Los Zetas” a la “fayuca” que tiene como destino el Distrito Federal.
Según “Sagitario”, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.
Los Torres Charles
Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba “El Cabrito”, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de “Los Zetas”. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el "Licenciado Muñoz", enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de “Los Zetas” era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, “Viejo Loco”. Formaba parte del llamado “Modelo Coahuila” y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El “Modelo Coahuila” fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: "Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones".
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su "jefe moral" era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del “L-40”. Los medios locales lo apodaban “El Rambo” y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que “Pepito Sarabia” le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del ex fiscal general del estado), a quien apodan “Glenda” y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del ex fiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el ex fiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.
Evidencian “zetas” a gobernador de Nuevo León
A cuatro horas de que el Gobernador Rodrigo Medina anunciara el cese del Secretario de Seguridad, el General Jaime Castañeda Bravo, y el nombramiento del General Javier del Real Magallanes como su relevo tras la reciente masacre y fuga del Cereso de Apodaca, la delincuencia organizada desató al menos dos “narcobloqueos” y colocó mantas en puentes.
Los cierres viales a manos de delincuentes armados que despojan a conductores de sus vehículos para obstruir las vialidades regresaron pese a que Medina, al anunciar en el DF los cambios, aseguró que los “narcobloqueos” ya habían sido "superados" por su Administración.
Los bloqueos fueron reportados en importantes avenidas de Monterrey -una de ellas en el Centro- alrededor de las 20:15 horas luego de 10 meses de no registrarse hechos similares.
En las mantas, con las imágenes y firmas de Heriberto Lazcano, "El Lazca", y Miguel Treviño, "Z-40", líderes de “Los Zetas”, se asegura que el cártel tiene el control del Estado porque Medina recibió al menos 20 millones de dólares de ese grupo delictivo durante su campaña a la Gubernatura del Estado.
Los bloqueos fueron reportados en importantes avenidas de Monterrey -una de ellas en el Centro- alrededor de las 20:15 horas luego de 10 meses de no registrarse hechos similares.
En las mantas, con las imágenes y firmas de Heriberto Lazcano, "El Lazca", y Miguel Treviño, "Z-40", líderes de “Los Zetas”, se asegura que el cártel tiene el control del Estado porque Medina recibió al menos 20 millones de dólares de ese grupo delictivo durante su campaña a la Gubernatura del Estado.
El mensaje en la “narcomanta”
"Comunicado al pueblo de México. A la opinión pública. Nuevo León es territorio de “Los Zetas” y el poder lo demostramos con hechos. Y aunque no les guste, Rodrigo Medina me obedece por que lo apoyamos para llegar a la Gobernatura", se leía en las pancartas.
"O que pensaban que los 20 millones de dólares que entregó el lic. Manuel Quiñones (a) lic. Many cuñado o concuño de Aldo Facsi Zuazua para la campaña de Medina era gratis?
"O todo lo que pagamos para los gastos de Rodrigo a través de Agustín Serna de la CROC, no lo híbamos a cobrar? Por eso, hago lo que quiero en Nuevó León. Porque me pertenecen y libero a quien yo quiero de los penales y mato de igual manera a los contras del CDG.
"Acéptenlo, lo único que queda al Gobierno de Calderón y al que venga es pactar con nosotros por que si no los tendremos que derrocar y tomar el poder a la fuerza como hasta ahora.
"Ya se han dado cuenta que ni con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos (ICE, ATF, FBI, DEA), mucho menos con la Marina, Ejército, AFI, SIEDO, PGR van a poder con nosotros porque aquí mandamos “Los Zetas".
Más tarde, alrededor de las 21:00 horas, otro hecho violento se registró en el Estado al reportarse el amotinamiento de un grupo de jóvenes en el Tutelar de Escobedo, conurbado a Monterrey.
Apenas el martes, en una manta firmada por el CDG -“Cártel del Golfo”- colocada por la noche en un puente peatonal de Ruiz Cortines y Félix U. Gómez, se anunciaba el apoyo al Gobierno estatal para localizar a los prófugos del Cereso de Apodaca.
El pasado domingo, 29 reos del penal de Apodaca escaparon con ayuda de personal penitenciario, el cual también permitió la masacre de 44 internos relacionados con el Cártel del Golfo.
Ante la crisis carcelaria, el jueves, organismos del sector privado de Nuevo León lanzaron un ultimátum al Gobernador para que adoptara medidas contundentes. Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, advirtió que existe mucha mediocridad en el área de Seguridad del Gobierno del Estado.
"Comunicado al pueblo de México. A la opinión pública. Nuevo León es territorio de “Los Zetas” y el poder lo demostramos con hechos. Y aunque no les guste, Rodrigo Medina me obedece por que lo apoyamos para llegar a la Gobernatura", se leía en las pancartas.
"O que pensaban que los 20 millones de dólares que entregó el lic. Manuel Quiñones (a) lic. Many cuñado o concuño de Aldo Facsi Zuazua para la campaña de Medina era gratis?
"O todo lo que pagamos para los gastos de Rodrigo a través de Agustín Serna de la CROC, no lo híbamos a cobrar? Por eso, hago lo que quiero en Nuevó León. Porque me pertenecen y libero a quien yo quiero de los penales y mato de igual manera a los contras del CDG.
"Acéptenlo, lo único que queda al Gobierno de Calderón y al que venga es pactar con nosotros por que si no los tendremos que derrocar y tomar el poder a la fuerza como hasta ahora.
"Ya se han dado cuenta que ni con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos (ICE, ATF, FBI, DEA), mucho menos con la Marina, Ejército, AFI, SIEDO, PGR van a poder con nosotros porque aquí mandamos “Los Zetas".
Más tarde, alrededor de las 21:00 horas, otro hecho violento se registró en el Estado al reportarse el amotinamiento de un grupo de jóvenes en el Tutelar de Escobedo, conurbado a Monterrey.
Apenas el martes, en una manta firmada por el CDG -“Cártel del Golfo”- colocada por la noche en un puente peatonal de Ruiz Cortines y Félix U. Gómez, se anunciaba el apoyo al Gobierno estatal para localizar a los prófugos del Cereso de Apodaca.
El pasado domingo, 29 reos del penal de Apodaca escaparon con ayuda de personal penitenciario, el cual también permitió la masacre de 44 internos relacionados con el Cártel del Golfo.
Ante la crisis carcelaria, el jueves, organismos del sector privado de Nuevo León lanzaron un ultimátum al Gobernador para que adoptara medidas contundentes. Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, advirtió que existe mucha mediocridad en el área de Seguridad del Gobierno del Estado.
(Con información de la Ch.com y Terra)
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