sábado, 9 de agosto de 2014

Lo que debería ser un sueldo mínimo, "perverso" dice el gobierno y lo que ganan quienes deciden nuestro mísero salario

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer el apoyo de su grupo parlamentario a la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de llevar a cabo un debate sobre el salario mínimo, que debe ser hoy, dijo el legislador, de 548 pesos diarios.

Afirmó que el debate debe dirigirse al aumento del salario mínimo, con propuestas creativas e innovadoras, con un espíritu lejano a las aventuras populistas, y que permita que esta figura de remuneración al trabajo sea un instrumento para abatir la pobreza.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera convocó el martes 5 de agosto a la realización de un debate nacional que genere una política de recuperación del salario mínimo.

En ese sentido, el mismo día, EL UNIVERSAL publicó el resultado de un análisis en el que México figura en el último lugar, con los salarios mínimos más bajos entre los 26 países de la OCDE.

El monto del salario mínimo que refiere Barbosa está basado en el estudio de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, elaborado por el Observatorio de los Salarios Mínimos.

"Se requieren de casi 16 mil 444 pesos mensuales, para garantizar la adquisición de una canasta básica alimentaria, además de cubrir los gastos de educación y vivienda de una familia, como lo establece la Constitución", afirmó el legislador perredista en un comunicado.

"Sería algo perverso aumentar el salario"
La iniciativa del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de incrementar el salario mínimo a 100 pesos no logra convencer a los funcionarios del gobierno federal.

Esta vez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, alertó que al decretar el aumento del salario mínimo de golpe, se iniciaría “una dinámica perversa” como hace 30 años, cuando había escaladas inflacionarias y el poder adquisitivo se perdía de tajo.

Luego de participar en el Foro Expo Crece tu Empresa, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dejó claro:

“Debe aumentar el salario mínimo pero con un incremento del poder adquisitivo con el ánimo de que se genere una buena dinámica y no una dinámica perversa”.

Para Núñez “eso sólo se logrará con una mayor productividad y rentabilidad porque si el trabajador logra ser más productivo y el patrón se lo reconoce, habrá un incentivo para que tenga un mayor salario”.

Eso sí, el jefe del SAT señaló que la fijación del salario mínimo debe ser un indicador de productividad, respecto al aporte que cada trabajador haga a la empresa. Es decir, que el incremento de los ingresos de los trabajadores no necesariamente es vía el salario mínimo.

El problema es que la productividad del país no crece lo suficiente para poder elevar los salarios y en dado caso de que despegue, llevaría años para que los salarios recuperen su poder adquisitivo.

De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), al sumar las tasas de crecimiento de la productividad desde 1991 hasta 2009 en México, se observa que la tasa acumulada alcanzó apenas 2.1%. Esto implica que lo que produce un trabajador mexicano en los últimos 18 años ha crecido mínimamente.

La situación es grave comparada con otros países similares al nuestro. En Corea del Sur la productividad creció de manera acumulada en el mismo periodo un 82.8%, mientras que Irlanda lo hizo a un ritmo de 64.2%.

“Como resultado, estas economías gozan de tasas de crecimiento económico envidiables. Esto se debe a que, a diferencia de México, estos países han creado –con mucho éxito– un ambiente propicio para el desarrollo de la productividad”, señala el CIDAC en su informe “La productividad en México”.

Según esta asociación civil, para lograr un crecimiento en la productividad es necesario tener estabilidad macroeconómica, mejora en indicadores educativos, avance tecnológico, capacitación y cultura del trabajo.

El futuro lejano
Actualmente, el gobierno federal y los especialistas en economía aseguran que México tiene estabilidad macroeconómica, sin embargo, existe rezago educativo, comparado con otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y no se diga del atraso tecnológico.

Para el especialista y catedrático José Luis de la Cruz, la diferencia de México con otras naciones es la inversión en ciencia y tecnología; aquí alcanza menos de medio punto porcentual del PIB.

“La gente en aquellos países tiene la capacidad de crear pequeña y mediana empresa, generar empleos y ser partícipes de procesos de exportación e innovación que elevan la productividad y competitividad de aquellos países. Es un elemento central, pero hay que tener muy claro que a ellos les ha llevado décadas realizarlo, pero una vez que lo hacen, están en esa posición de ventaja, de países desarrollados”, afirma a Apro, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

–¿En este sexenio hay un punto de arranque para estos cambios estructurales? – se le cuestiona.

–Dígamos que en ciencia y tecnología llevamos un rezago de los últimos 30 o 40 años, casi no se han abierto centros de investigación avanzada. El vínculo entre la empresa y la universidad para lograr aplicaciones tecnológicas que resuelvan problemas productivos es muy débil, mientras que los programas de gobierno que desarrollen estos institutos y que incuben estos desarrollos tecnológicos al país, ha sido limitado.

–¿Cuánto tiempo llevaría a México llegar a esos niveles?

–En realidad hace falta un esfuerzo de articulación con objetivos que rebasen lo que ya hicimos, ir más allá de la maquila. Integrar procesos productivos en donde se empiece a elevar el contenido nacional de las exportaciones, de la producción interna para que más empresas nacionales participen y, como consecuencia, haya más empleo y más salarios. Es un proceso de mediano plazo.

El debate continúa
Mientras eso sucede, continúa el debate de incrementar el salario mínimo propuesto por el Gobierno del Distrito Federal continúa. Luego de participar en el foro organizado por el ITAM, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, defendió el aumento y garantizó que no impactará en la inflación.

“Estamos convencidos y así lo demuestra la experiencia de otros países, de que sí esto se hace con incrementos moderados, graduales y se modulan conforme a las distintas variables macroeconómicas, se puede hacer bien”, dijo.

La evidencia, agregó el ex secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, muestra que en otros países en donde se aumentó el salario mínimo no se detectaron efectos inflacionarios, ni contra el empleo ni tampoco en la economía.

Aún más, enarboló la bandera de los trabajadores y aseguró que decretar un aumento del salario mínimo es “un acto de justicia”.

Sin embargo, la cúpula empresarial y el mismo Banco de México (Banxico) difieren con Chertorivski con diferentes argumentos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, dijo que “el tema se debe revisar con absoluta responsabilidad, ya que no se puede manejar de manera política, ni populista ni por decreto”.

La cara de la incongruencia: Lo que ganan quienes definen el salario mínimo
Los principales directivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) perciben en promedio de 2 millones de pesos anuales, cantidad similar al sueldo de 990 personas que ganan el mínimo.

La Conasami es el organismo que se encarga de fijar las remuneraciones mínimas legales para “satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”, según la Constitución.

Depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y quienes la encabezan tienen rangos salariales de primer nivel en la jerarquía federal.

Su objetivo es procurar la “congruencia entre lo que establece la Constitución (Art.123) con las condiciones económicas y sociales del país”, señala su sitio web.

Sin embargo, las remuneraciones que reciben los directivos de esta dependencia contrastan con los salarios mínimos y prestaciones de los trabajadores del país, como en el Distrito Federal que se ubica entre los sueldos más bajos del mundo, según reportó este martes EL UNIVERSAL.

Para este 2014, la Conasami cuenta con presupuesto 41 millones 414 mil 055 pesos para operaciones y pago de salarios; más de 8 millones se destinan sólo al pago de seis altos funcionarios (sin contar seguros y otras percepeciones) como se muestra a continuación:
(Con información de Red Política, Proceso.com.mx)

jueves, 7 de agosto de 2014

Diana: Crónica de una muerte anunciada

En su diario andar por las calles del municipio mexiquense de Atizapán, José Diego Suárez Padilla se encontró un maletín con un expediente judicial de una víctima de feminicidio.

Al empezar a hojear el legajo de 800 fojas se llevó una fuerte impresión al darse cuenta de que se trataba de un caso que le atañía personalmente: era el expediente de su hija Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre de 2010.

Dedicado a la albañilería, José, como le dicen sus conocidos, dedicó varios días a leer el documento y de paso a consultar el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Todo ello le permitió encontrar inconsistencias en la investigación del crimen de su hija que trata de corregir con algunos recursos interpuestos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Apoyado en su esposa, María Victoria Torres Fernández, José dice que están en espera de alguna respuesta de las autoridades encargadas de impartir justicia.

La historia

La tarde del 31 de diciembre de 2010, unos meses antes de su cumpleaños número 22, y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana volvía a su casa después de una reunión con sus amigos.

Unas cuadras antes de llegar a su domicilio, donde ya la esperaban sus padres y sus dos hermanos, la joven contestó la llamada de Gilberto, el novio que se creía dueño de su vida y le exigió una explicación de por qué pasó la tarde sin él.

Tras la llamada ambos se encontraron en un parque de Atizapán, donde los reclamos se convirtieron en navajazos y cerraron para siempre los ojos cafés de Diana. Ella quedó inerte en la calle; su pareja y la navaja del odio huyeron al estado de Hidalgo.

Ese día, a las 11 de la noche, del celular de Diana salió una llamada a casa de sus padres. En lugar de su voz cálida se escuchó una pregunta seca: “¿Es familiar de Diana Suárez?”. Sin esperar la respuesta, la voz tosca agregó: “Tienen que venir al Ministerio Público, tenemos a su hija”.

Desde esa madrugada el dolor se instaló para siempre en la casa luego de que el cadáver de la joven fue entregado a sus padres sin explicación alguna de los agentes ministeriales, quienes incurrieron en lo común cuando se trata de asesinatos de mujeres en el Estado de México: perder las pruebas del homicidio.

Advertencias ignoradas

Como muchos casos de feminicidio en la entidad, la muerte de Diana fue un crimen anunciado. Y también como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando lo solicitó.

En 2008 Gilberto entró a su vida de repente. Ella, como la recuerdan sus padres, era toda responsabilidad, alegría, compromiso y empatía. Él, todo lo contrario. Aunque en un inicio se presentó como la persona más amable, la situación cambió casi de inmediato: se volvió celoso y agresivo; era despedido cada 15 días de algún empleo por su carácter conflictivo.

Los jaloneos, moretones y prohibiciones no se hicieron esperar. Su compañía tenía un precio y era que ella guardara silencio. “Señora, tiene que venir por Diana; se está peleando con Gilberto”, fue lo que un día se escuchó en el teléfono. Una amiga de la joven, alarmada por una pelea entre la pareja, llamó a don José y a su esposa.

Cuando llegaron al lugar, un vigilante contó lo sucedido: “Estaban peleando y el muchacho le aventó a la chava una botella de caguama”. Nadie hizo nada.

Incluso 90 días antes del asesinato, un hecho advirtió que Gilberto podía terminar con la vida de Diana. El 4 de octubre de 2010, cerca de las 10 de la mañana, Gilberto empujó el portón de la casa de su novia y entró. La joven estaba sola porque sus padres habían ido a trabajar.

“Quiero el celular”, le reclamó Gilberto. Lo que él contaría más de un año después ante el Ministerio Público (MP) es que el teléfono guardaba más de 200 fotos sexuales de la pareja.

Diana se negó a darle el celular y corrió a su cuarto. Trató de esconderse, gritó, pidió ayuda, imploró, recordó que él decía amarla. Nada consiguió. Gilberto la tomó por los brazos y la aventó. El golpe quebró el cristal de la ventana.

Con una navaja oprimiéndole el cuello, Diana acertó a decir que el teléfono que su novio reclamaba estaba en la sala. Ambos bajaron las escaleras. Las manos temblorosas de ella entregaron el celular, que no se sabe si efectivamente contenía imágenes sexuales de Diana, pero sí guardaba fotos que mostraban los golpes que ella recibió durante los casi dos años de noviazgo.

Cuando Gilberto por fin se fue, Diana llamó a su tía para que fuera a acompañarla. Cuando su madre volvió a casa y supo lo sucedido llamó a la mamá del novio de Diana. “No puedo creer que mi hijo haya hecho eso, pero no pierda el tiempo en la denuncia, tengo familia en el MP”, fue la advertencia que María recibió como única respuesta.

Ya en la noche, cuando José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia por el allanamiento de morada. Las nueve de la noche marcaron el momento en el que empezó a fragmentarse la ilusión de que en el Estado de México existe la justicia.

Ante el MP, Diana relató la agresión excepto a un médico legista, pues éste nunca fue presentado con la joven. Sin embargo, las autoridades después dijeron que ella lo había rechazado.

“Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió Diana en ese momento.

“Eso no existe en México, las órdenes de protección sólo se dan en Estados Unidos”. “No te robó el celular; tú lo entregaste”. “Las peleas entre novios no son un delito”… fueron algunas de las respuestas del personal judicial.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que ha acompañado a muchas familias en sus denuncias de violencia de género–, ese tipo de respuestas son un común en los MP del Estado de México, pues para otorgar una orden de protección se pide a la denunciante pruebas de los hechos y seguir un juicio contra su agresor.

Así, la MP de Atizapán, Clara Rulfo Fernández, y el secretario Juan Ignacio Robles Márquez, así como los agentes Mónica Hernández Ruiz y Francisco Alfonso Bonifaz Muñoz no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron.

Empezaron 90 días angustia, días rutina en los que había que extremar precauciones. Las llamadas de Gilberto debían contestarse de inmediato; la vida de Diana estaba amenazada, la de sus padres también. La amenaza se concretó el 31 de diciembre de 2010 cuando la asesinó.

En esos días, la única esperanza para el padre de la joven era ir al MP de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla –a donde, sin explicación alguna, se trasladó el expediente–, para conocer el avance de las investigaciones por el allanamiento.

Impunidad

José deja escapar el llanto cuando recuerda a su hija, cuando revive cómo las autoridades judiciales lo discriminan por ser de origen humilde.

De la impunidad José se defiende llevando a todas partes el viejo maletín con el expediente de su hija como si fuera un escudo, y muestra su Código de Procedimientos Penales cual espada contra las mentiras de las autoridades.

Con sus manos gastadas por el trabajo, José también sostiene un bastón pues por una misteriosa enfermedad poco a poco ha quedado ciego. “Si no hubiera perdido la vista ya hubiera acabado de leer este libro y les demostraría que me están mintiendo y que lo que está haciendo (el personal judicial) está mal hecho”.

Tras el asesinato, don José pasó nueve meses dando vueltas a las agencias del MP de Atizapán y Barrientos, e incluso fue a la sede de la PGJEM, en Toluca, capital de la entidad, para aportar pistas sobre el paradero de Gilberto. Sólo había dos lugares posibles donde el asesino de su hija podría resguardarse: Hidalgo y Veracruz, donde tenía a su familia.

“Exijo que me cambien a ese pinche comandante”, dijo un día José en Toluca. Lo cambiaron y finalmente el 19 de octubre de 2011 Gilberto fue aprehendido en Hidalgo. La prensa local reportó que durante la detención el hombre, de entonces 23 años, argumentó “que su novia lo puso celoso y tuvo que darle 65 puñaladas”.

No obstante, Gilberto aún no es sentenciado. José explica que el abogado de oficio asignado al caso de Diana sostiene que el agresor “tiene derechos”. De la confesión del asesinato nadie parece acordarse.

Incluso el abogado del MP le dijo a don José que esa declaración a la prensa no cuenta ante la PGJEM, porque para una sentencia es necesario que el presunto criminal confiese que cometió un feminicidio.

Fue la lucha e insistencia del padre de Diana las que lograron que la causa penal 175-2011, en la que se acusaba a Gilberto Campos García de homicidio, se reclasificara por el delito de feminicidio en la causa 619-2012.

Fueron también sus constantes reclamos los que lograron que el expediente 3838/2010-10, que da cuenta del allanamiento de morada, fuera desempolvado e incluido como antecedente en la causa por feminicidio.

Las inconsistencias que las autoridades judiciales cometieron desde la primera denuncia llevaron a José a acusar las irregularidades en la PGJEM, en Toluca. “Eso es muy raro; yo conozco a los agentes del MP y no cometen irregularidades”, justificó Antonio Soto, funcionario de la Procuraduría.

En septiembre de 2012, con todo y sus zapatos desgastados y reclamando justicia, el padre de Diana se plantó frente a la oficina del entonces procurador mexiquense. “Quiero ver a Miguel Ángel Contreras Nieto”, demandó José “armado” con el expediente de su hija.

La mirada de la secretaria barrió la vestimenta sencilla de José Diego y le dijo: “No es posible, el procurador está ocupado”. Los ojos aún buenos del hombre recorrieron la sala y vieron al menos a cuatro hombres de traje a la espera de ser recibidos por Contreras Nieto.

“Debajo de la ropa todos somos iguales; si el procurador no me puede recibir porque me ve humilde y con esta ropa desgastada dígame la verdad y mañana me baño, pido prestado un traje y vengo a verlo. Soy humilde porque tengo que hacer el trabajo de las autoridades y no tengo tiempo de hacer el mío y ganar dinero. Quiero ver al procurador y no me voy de aquí hasta que lo haga”.

El 22 de septiembre de 2012 a las 10:45 de la mañana los ojos fríos del procurador se encontraron con las lágrimas de José, quien contó las injusticias que los agentes ministeriales y policías habían cometido. Contreras Nieto ordenó que se revisaran las presuntas irregularidades en la averiguación previa 3838/2010.

Aunque a Diana no se le protegió tras el allanamiento y la pelea del celular y nueve meses después perdió la vida, el órgano de control de la PGJEM determinó: “No a lugar a instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra de servidores públicos”.

El hombre resistencia encarnado en José continúa en solitario con ambas batallas: la sentencia para Gilberto Campos y el castigo para quienes hicieron mal su trabajo.

“A mí hija la mataron, como a las hijas de muchas madres que me he encontrado en el camino por entregar el corazón; si logro obligarlos a que en un futuro hagan bien lo que tienen que hacer, puedo evitar que a más jóvenes enamoradas el amor les cobre el precio. Eso es lo que Diana hubiera querido”.

(Con información de Proceso.com.mx)

martes, 5 de agosto de 2014

Guardaespaldas: Con licencia para matar

De enero de 2013 a junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha iniciado 14 averiguaciones previas en las que escoltas o guardaespaldas han estado involucrados en la comisión de un hecho delictivo.

Cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la dependencia advierten que en 2013 se investigaron nueve hechos, mientras que de enero a junio del presente año se han investigado cinco casos.

Los delitos en los que este sector de la población está involucrado son lesiones dolosas por arma de fuego, amenazas, abuso de autoridad, extorsión, lesiones culposas por tránsito vehicular, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a propiedad ajena por tránsito vehicular y homicidio doloso por arma de fuego.

Las lesiones dolosas por arma de fuego son el delito más recurrente con tres casos registrados, según la Procuraduría. En segundo lugar aparecen las amenazas y la extorsión, con dos casos cada una, y con un caso cada una están lesiones por tránsito, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a la propiedad y homicidio doloso.

El mayor número de hechos delictivos cometidos por escoltas ocurrieron en la delegación Miguel Hidalgo con cinco casos, además de tres en Cuauhtémoc, dos en Álvaro Obregón, uno en Benito Juárez, uno en Tlalpan, uno en Cuajimalpa y otro en Gustavo A. Madero.

Sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos por guardaespaldas son pocas, ya que la mayoría de estas situaciones quedan en lo anecdótico porque los afectados no denuncian ante el Ministerio Público.

Ataque en venganza

Este año, el caso del escritor Maruan Soto Antaki cobró relevancia luego de que fue agredido por dos guardaespaldas que protegían a un hombre, que nunca se bajó del vehículo pero quien sin duda ordenó el ataque en venganza porque la víctima les había tomado fotos luego de observarlos manejar de forma imprudente y agresiva.

Hace tres semanas, el escritor manejaba sobre Insurgentes Sur cuando observó dos camionetas que conducían de manera imprudente. Luego de alcanzarlas les tomó una foto con su celular provocando que el conductor de una Land Rover le aventara la camioneta y él tirara su moto al piso. En ese instante, de la camioneta Durango placas 259-XZK bajaron dos escoltas y lo golpearon.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, aunque se sabe trabajan para la empresa Bell Autopartes, ubicada en Tlalpan. Ellos accedieron a pagar los daños a cambio de que el escritor les conceda el perdón, lo cual ha sido descartado por la víctima.

La empresa sigue ocultando la identidad de los atacantes.

Sin acuerdos

En octubre de 2010, el entonces procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio con el Consejo Nacional de Seguridad Privada en el que, entre otras cosas, se preveía la creación de un sistema para la identificación de todos los vehículos privados y oficiales que brinden el servicio de escolta en la ciudad de México.

La intención del ahora jefe de Gobierno es que los autos utilizados para esas labores contaran con placas especiales que fueran identificables para la ciudadanía y así generar un ambiente de certeza y respeto. El acuerdo preveía una fase de emplacamiento con la entonces Setravi, la cual nunca se llevó a cabo y aunque el papel existe, no se concretaron los acuerdos plasmados en él.

El 30 de junio, un presunto delincuente fue abatido por el escolta de un empresario cuando intentó asaltarlos en Eje 6 Sur Holbein, colonia Nochebuena.

El empresario inmobiliario Alberto Pérez Carrera y su escolta Luis Aguirre, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México, circulaban en un BMW cuando supuestamente fueron agredidos por Miguel Flores Hernández, quien sacó de entre sus ropas un arma de fuego para asaltarlos.

El guardaespaldas le disparó en la cabeza al agresor provocando su muerte y posteriormente se dieron a la fuga. Actualmente, el empresario y su escolta ya acreditaron ante el Ministerio Público que actuaron en legítima defensa.

Sin embargo, no se ha explicado por qué Pérez Carrera no será acusado de encubrimiento por favorecimiento luego que se escondiera por varios días y tuviera que ser ubicado por Policías de Investigación. La ley obliga a los patrones de escoltas a informar a la autoridad de manera inmediata hechos como el ocurrido el 30 de junio.

"Esto me da permiso"

En octubre de 2011, Marco Antonio manejaba su Tsuru de sur a norte por Insurgentes en compañía de su esposa, su hija de 17 años y su hijo de 13.

Avanzaba por el carril de alta velocidad, y cuando estaba a la altura de la estación del Metrobús El Caminero, una camioneta Nissan, modelo Armada, se incorporó delante de él. De manera instantánea, otra camioneta, una Ford Escape blanca placas 955-RFT, se metió entre la Armada y Marco Antonio haciendo que casi perdiera el control de su vehículo.

Molesto, aceleró su Tsuru y se emparejó al conductor de la Escape que se le había cerrado: “Le pregunté que qué le pasaba, que por qué se sentía tan valemadres e inmediatamente sacó una pistola, yo creo que era 9 milímetros, y me apuntó a la altura de la cabeza y me dijo: "esto me da permiso, no me estés chingando”, detalló.

Adelante, encontró una patrulla y relató a sus tripulantes lo sucedido. Los agentes dieron alcance a la camioneta, pero los ocupantes mostraron una placa y se marcharon. Eran agentes de la Policía Federal y custodiaban al boxeador Juan Manuel Márquez.

(Con información de Agencias) 

domingo, 3 de agosto de 2014

Fórmula 1: Dinero público para un negocio privado

La realización del Gran Premio de Fórmula Uno en la Ciudad de México –que no se había celebrado en el país durante 23 años– está cobijada por el gobierno capitalino, que lo promovió; el federal, que desembolsará 210 millones de dólares (2 mil 730 millones de pesos), y la iniciativa privada: la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) pondrá 150 millones de dólares (mil 950 millones de pesos) durante los próximos cinco años por los derechos comerciales de la máxima carrera del automovilismo deportivo.

Esto significa que, durante los años que se celebrará el Gran Premio (GP) mexicano –entre 2015 y 2019– se pagarán anualmente 72 millones de dólares (936 millones de pesos) al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone. Es decir, en total se erogarán 360 millones de dólares (4 mil 680 millones de pesos) provenientes del gobierno federal y la iniciativa privada.

En contraparte, los implicados prevén una derrama económica anual de 399 millones de dólares (5 mil 187 millones de pesos), la creación de 18 mil empleos temporales, directos e indirectos, y la presencia de al menos 180 mil espectadores, de acuerdo con las estimaciones que la secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, compartió a los medios de comunicación el miércoles 23, cuando se hizo oficial el regreso de la F1.

Ahora bien, el pago que hará México a Formula One Management –la empresa de Ecclestone encargada de vender los derechos comerciales de la F1– es casi el doble del que depositará el gobierno de Canadá para realizar el Grand Prix durante 10 años. De acuerdo con el periódico Excélsior, Canadá entregará 168 millones de dólares.

En 2013, la revista especializada en finanzas Forbes difundió el estudio Formula One’s new urban economies, realizado por la Universidad de Quebec, en Canadá. Ahí se detalla que la empresa de Ecclestone, quien posee los derechos de la carrera desde 1978, suele ofrecer distintas tarifas.

El análisis detalla que, en un primer listado, se encuentran los “viejos” GP, como el de Alemania, cuyo pago varía entre los 12 y 15 millones de dólares. Después vienen los GP llamados “tradicionales”, entre los que se encuentran países como Japón y Brasil. Simplemente por tener esa etiqueta cubren una cuota anual que oscila entre los 15 y los 38 millones de dólares. Al final están las naciones noveles, como México, que deben soltar al menos 40 millones de dólares.

En septiembre pasado, el vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el mexicano José Abed, director de la Organización del GP de México entre 1986 y 1992, declaró a la revista especializada Autoweek que traer una carrera de F1 al país representa un costo total de 50 millones de dólares.

Abed, también titular de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (Omdai), precisó: “La inversión que requiere el autódromo está sobre los 20 millones de dólares y el arreglo económico, que se hace directo con Bernie Ecclestone, ronda los 30 millones de dólares”.

Las cifras se quedaron cortas. El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá pagar mucho más por traer de vuelta el Gran Premio de la F1, que celebró su última carrera en México el 22 de marzo de 1992 en el autódromo Hermanos Rodríguez.

“El presidente quería con esto que México se proyectara al mundo como un país moderno”, dijo Ruiz Massieu, pero el llamado “gran circo” parece diseñado para generar ganancias privadas mediante el pago de recursos públicos.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1970, ya en circulación)

miércoles, 30 de julio de 2014

Michoacán y la verdadera historia de Los Vallejo

Bajo el disfraz de renuncia por motivos de salud y bajo la presión de Los Pinos, el priísta Fausto Vallejo dejó el gobierno de Michoacán en medio de pruebas que confirman que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado, que después pasó a cobrarle las facturas. Un documento de inteligencia militar asegura que su hijo Rodrigo pertenecía a la estructura tanto de "La Familia Michoacana" como de "Los Caballeros Templarios" y entre sus funciones estaba la de cobrar derecho de piso, establecer contactos con políticos y empresarios y facilitar operaciones de lavado de dinero.

El gobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, anunció por Twitter su renuncia el miércoles 18, antes que la Presidencia de la República la hiciera oficial, y cinco días después de que circulara una foto de su hijo Rodrigo Vallejo Mora en una reunión con Servando Gómez, "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios".

Aunque quiso ocultar el problema con la versión de que se iba por motivos de salud, el escándalo puede continuar si se atienden los expedientes que señalan al segundo hijo del político priísta de operar desde el 2008 para el crimen organizado de la entidad.

De acuerdo con documentación confidencial de seguridad pública e inteligencia militar, a las cuales tuvo acceso Proceso, Vallejo Mora, "El Gerber", comenzó a trabajar para distintos grupos criminales de Michoacán desde joven, pero cobró más importancia cuando su padre ganó la gubernatura en 2011.

Según el informe que tiene el gobierno federal, Vallejo Mora “es y fue utilizado por sus vínculos políticos para lograr los objetivos del grupo criminal tanto en (el) tráfico de influencias como en (los) acercamientos con la clase política que arribaría al gobierno michoacano encabezado por Fausto Vallejo Figueroa”.

"El Gerber" aparece en la estructura de organizaciones criminales oriundas de la entidad, como "La Empresa", "La Familia Michoacana" y "Los Caballeros Templarios", en las que cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con empresarios, comerciantes y políticos.

A últimas fechas el hijo del gobernador tenía tres responsabilidades con "Los Caballeros Templarios": una, el “cobro de piso y protección de bares y discotecas de Morelia; conjuntaba a propietarios para otorgarles el servicio de manera obligada”.

La segunda era traficar con influencias a fin de facilitar “los trámites correspondientes para pagos”, así como “otorgar nuevos permisos y modificar adeudos al municipio”. Y la tercera, realizar la “verificación y control de bares y restaurantes para el lavado de dinero”.

Los reportes mencionan que el hijo de Fausto Vallejo fue contactado desde joven por Héctor Gerardo Guzmán Múzquiz, a quien señalan como “operador” de cobros de piso y extorsiones en Morelia, igual que para el lavado de dinero.

El informe indica que Guzmán Múzquiz estuvo involucrado, en enero de 2008, cuando miembros de "La Familia Michoacana" secuestraron durante unas horas a Alfonso Reyes Hinojosa, primo del entonces presidente Felipe Calderón, por negarse a pagar 30 millones de pesos a empresas de la entidad, amparándose en su parentesco.

Relevo no priísta
Los documentos recogen también información de 2009, cuando Fausto Vallejo era alcalde de Morelia. En junio de ese año la Policía Federal detuvo a Arnoldo Rueda Medina, "La Minsa" o "El Fresa", quien en ese momento estaba acompañado de Rodrigo Vallejo. Desde el gobierno de Felipe Calderón llegó la orden de ponerlo en libertad, en tanto que el otro delincuente permaneció detenido.

Entrevistado al respecto, José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, dice que los excesos de Rodrigo Vallejo y sus vínculos estrechos con "Los Caballeros Templarios" eran bien conocidos en el estado, pues se había convertido en jefe de plaza de la capital michoacana:

“Hacía bailes en la casa de gobierno con puro criminal para demostrar que tenía poder para hacer las cosas. Eran bailes fastuosos a los que iban puros criminales: jefes de plaza, encargados de zona y muchos otros ‘invitados especiales’.”

Precisa: “A Rodrigo le gustaba mucho andar con los hijos de los narcos, en sus pachangas y francachelas. También le gustaba mostrar que tenía cierto control sobre los federales, porque cuando detenían a alguno de sus amigos hablaba con los federales para liberarlo. Además, como hijo del gobernador también tenía el control de algunas mafias en los transportes, y con los comerciantes era el encargado de cobrarles las cuotas”.

Sobre la foto donde Vallejo Mora aparece con "La Tuta", que comenzó a circular el viernes 13 en las redes sociales, Mireles sostiene que es auténtica y muestra que Rodrigo no estaba ahí contra su voluntad, como quiso desvirtuar los hechos el ahora ex gobernador al declarar, en una entrevista con la red estadunidense CBS, que uno de sus hijos fue secuestrado el año pasado:

“Está en blanco y negro la foto que he visto por aquí. Están en una reunión. No se ve que esté obligado, como decía Fausto Vallejo, porque lo habían "levantado": están en una reunión de convivencia con "La Tuta" y otras personas. Ahí está la foto y, como son cosas que ya sabíamos, no tenemos duda de que son ciertas.”

El médico cirujano advierte que la renuncia de Vallejo Figueroa no lo exime de sus responsabilidades y abre la posibilidad de que pongan en su lugar a otro político que también esté vinculado con "Los Caballeros Templarios":

“Eso es lo que no queremos: que vayan a meter a uno más malo, como ha pasado en algunos municipios donde están metiendo gente de "Los Caballeros Templarios". No queremos que vayan a meter a otro templario arrepentido al gobierno del estado para lo que falta, que es organizar la elección, que ya viene el próximo año.”

El viernes 20, sorpresivamente el Congreso michoacano eligió como gobernador sustituto al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, doctor en filosofía por la UNAM y profesor de tecnología educativa y filosofía de la cultura.

Según difundió el viernes 20 el portal de CNN México, el diputado Alfonso Martínez, presidente del Congreso de Michoacán, explicó que la lista de candidatos a suceder a Vallejo sería propuesta por el PRI, ganador de la elección de 2011, pero “se pronunció a favor de que el elegido sea un ciudadano sin militancia partidista en vez de una persona cercana a las fuerzas políticas”.

Jara Guerrero desempeñará el cargo menos de 15 meses, pues los comicios estatales se llevarán a cabo en junio de 2015 y el ganador asumirá el poder en octubre siguiente.

Tras remarcar que Vallejo Figueroa llegó a la gubernatura con apoyo de "Los Caballeros Templarios", Mireles explica:

“Eso era lo único que le quedaba a Fausto por hacer: organizar la elección y darle la oportunidad a los candidatos de su partido a lucirse con las obras que estén pendientes. Pero con todo lo que está pasando el PRI no tiene nada que ofrecer. El pueblo de Michoacán no quiere nada del PRI porque en la elección pasada usaron dinero ensangrentado y muchos de los que votaron iban con el fusil apuntándole en la cabeza. Son situaciones que nosotros, en nuestros pueblos, vamos a vigilar que no se repitan”.

La “inversión” templaria

Cuando aún se aferraba a la gubernatura, Vallejo Figueroa intentó defender a su hijo de las imputaciones: “En mi familia no hay delincuentes”. Sin embargo, anunció su renuncia el miércoles 18 y al día siguiente "El Gerber" ya no estaba en Michoacán, pues, de acuerdo con versiones de funcionarios estatales, su detención es inminente: además de la fotografía con "La Tuta" las autoridades obtuvieron cinco videograbaciones en las que está con miembros de la misma organización delictiva, incluido "Kike" Plancarte.

Para colmo, el coordinador de la campaña electoral de Fausto Vallejo y quien lo sustituyó en la gubernatura mientras atendía sus enfermedades, Jesús Reyna, se encuentra en la cárcel bajo similares cargos, ya que presuntamente se reunió en 2011 con los cabecillas templarios y recibió fondos de ellos para que Vallejo ganara la elección.

En esas grabaciones se puede ver al hijo del entonces gobernador, en estado de ebriedad, en fiestas y reuniones a las que asistieron también otros funcionarios michoacanos. “Ya todos sabían quién era el hijo de Fausto Vallejo. En unos videos está en un rancho con varias personas, como funcionarios, alcaldes y "Kike" Plancarte; en otros videos están sus encuentros con "La Tuta", dice un testigo calificado que opta por el anonimato.

En septiembre y octubre de 2013 la senadora del PAN Luisa María Calderón –hermana del ex presidente Felipe Calderón y rival de Vallejo en la elección de 2011– acusó al priísta de tener relaciones con "Los Caballeros Templarios". Reveló que en la contienda electoral “gente de campaña de Fausto fue a negociar con el crimen organizado quién ganaba”.

Justo cuando Jesús Reyna era gobernador interino, mientras Vallejo se atendía de un mal hepático, la legisladora señaló: “‘Se dice que uno de los hijos de Fausto está vinculado con el crimen organizado y que ha sido difícil sacarlos del gobierno”.

Para entonces, en la región michoacana de Tierra Caliente, el doctor Mireles ya acusaba directamente a Jesús Reyna de que, como coordinador de la campaña de Vallejo, había recibido 3 millones de dólares de "Los Caballeros Templarios".

“Nosotros hemos estado demandando la limpieza total de Michoacán y eso incluye a todo el crimen organizado donde se encuentre, porque a nosotros no nos cabe ninguna duda de que el gobernador sabía que Jesús Reyna había recibido el dinero de "La Tuta" para su campaña. Su estado de salud no le permitió desarrollar mucha actividad de gobierno y sabemos que va a defender a su hijo a toda costa, aunque sabemos que Rodrigo cobraba a los bodegueros en el mercado de abastos de Morelia”, sostiene Mireles.

Desde el año pasado el líder de las autodefensas señaló que había videos y documentos en los que se registraron las reuniones de Reyna con "La Tuta" para negociar el apoyo de "Los Templarios" a la campaña de Vallejo.

En abril último se difundió un reporte que revela los vínculos de Reyna con "La Tuta" y Nazario Moreno, "El Chayo". El documento, clasificado como “confidencial” y fechado el 16 de marzo de 2012, tiene membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; fue elaborado por el asesor Juan García Bravo y se envió al entonces titular de esa dependencia, Elías Álvarez Hernández (Proceso 1954).

La fuente, según el texto, “informó que a finales del mes (entre el 26 y el 29) de marzo de 2011 se realizó una reunión privada entre el C. José de Jesús Reyna García y operadores de "Los Caballeros Templarios" en Michoacán, y quien fuera identificado como Miguel Granados Godoy, los dos de filiación priísta, (quienes) acordaron contactar una reunión privada con los líderes de la cúpula de este grupo delictivo para establecer una estrategia política electoral y de acuerdos mutuos”.

A la reunión, continúa el reporte, asistieron además Guillermo Valencia Reyes, alcalde de Tepalcatepec, y José Trinidad Pasalagua o Martínez Pasalagua, líder de los transportistas locales, quienes salieron muy entusiasmados comentando que "El Chayo" y "La Tuta" habían decidido “apoyar a los candidatos del PRI”.

Existen otros registros de este presunto apoyo de Los Caballeros Templarios a la campaña de Fausto Vallejo. El 29 de noviembre de 2012 la organización criminal colocó en varios lugares de Michoacán y Guanajuato mantas en las que dio a conocer supuestos acuerdos con el equipo de campaña del aspirante a gobernador por el PRI.

Después de reconocerlo “como gobernador elegido constitucionalmente”, "Los Caballeros Templarios" le recuerdan a Vallejo que ellos limpiaron el estado del "Cártel del Golfo" y de "Los Zetas", y enseguida le reclaman los favores prometidos: “Extraoficialmente nosotros estamos esperando los frutos de nuestra labor hacia su partido, cosa que por el momento no hemos (obtenido)”.

En el mensaje, firmado por “Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana”, éstos se jactan de que “las últimas tres generaciones de gobernantes han tenido lazos con nuestras organizaciones, llámese "Familia Michoacana" o "Caballeros Templarios”, y recuerda que esos vínculos “deben de ser indirectos pero fuertes”.

Y le dicen a Fausto Vallejo: “En el caso suyo usted sabe que hay parientes de primera línea que no sólo simpatizan con nosotros y hasta han convivido con nosotros, hay un hecho relevante”.

Detallaron su labor política: “Como agrupamiento al margen de la ley fomentamos la apatía hacia el partido político del PAN, por nuestras acciones el PAN (perdió) enclaves importantísimos que ustedes capitalizaron bajo una coordinación mutua, larga, ardua y sobre todo costosa. Fueron dos objetivos: frenar al PAN e impulsar a los candidatos del PRI”.

De ahí su insistencia para que el entonces gobernador cumpliera su compromiso: “Usted sabe, la gente sabe, el gobierno federal sabe que tenemos una capacidad de movilización importante que cualquier político querría tener, cosa que usted como PRI propusieron y nosotros aceptamos, sólo buscamos que usted y su gobierno sean congruentes con lo que hicimos, sólo queremos que de manera directa podamos acceder a un beneficio por nuestra inversión”.

El jueves 19, al oficializar su renuncia, Vallejo Figueroa argumentó motivos de salud y dijo que se iba “con la frente en alto” para que llegue alguien capaz de continuar su gobierno hasta el año que viene.

En efecto, él nunca pudo dar continuidad a su administración. Arrastrando una deuda estatal de 12 mil millones de pesos, en dos años pidió licencia tres veces por su precaria salud.

En ese periodo hizo cambios en las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Obras, Finanzas y en la procuraduría del estado. En esa etapa el crimen organizado llegó a controlar 70% de los 113 municipios, donde cobraba impuestos, extorsionaba a los comerciantes y productores agrícolas, e imponía a su gente en las direcciones de las policías municipales. Según el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, en los últimos dos años la entidad perdió casi 5 mil empleos y el crecimiento económico fue de 1%.

La crisis de gobernabilidad en Michoacán estalló el 24 de febrero pasado, cuando los grupos de autodefensa ciudadana de Tierra Caliente se alzaron contra la delincuencia y en pocos meses lograron expulsar a "Los Caballeros Templarios" de decenas de poblaciones.

El avance de los civiles armados obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a intervenir directamente en Michoacán: reforzó la seguridad con 10 mil soldados y policías federales, anunció apoyos por 45 mil millones de pesos en obras y nombró a su incondicional Alfredo Castillo como comisionado para la paz en el estado, quien así desplazó al gobernador Vallejo como autoridad política.

(*Este texto se publicó el 21 de junio reciente, como el reportaje principal de la edición 1964 de la revista Proceso)

martes, 29 de julio de 2014

La historia de Teresa: 55 años de prisión... por 2 mil pesos

“Oye, ¿me harías un favor?”. Teresa escuchó esa frase como si la hubieran pronunciando lentamente, letra por letra, aletargada por el alcohol.

“Ándale, es fácil, sólo necesito que reportes mi carro como robado porque necesito el dinero del seguro”.

Teresa pensó que lo último que quería era hacer un favor a Gloria, su vecina. Suficiente tenía con sus problemas: ganar mil 200 pesos a la semana en una pastelería lejos de su casa en Tultitlán, Estado de México, y hacer que ese dinero alcanzara para mantener a sus cuatro hijos. No estaba dispuesta a librar una batalla por otra persona, especialmente si no era su amiga y si sólo la había sacado esa noche de su casa para emborracharla y pedirle ayuda.

A punto de decir que no, la voz aletargada insistió. “Te pagaría 2 mil pesos”. Teresa se quedó callada. Ya no era un favor, sino un trabajo. Gloria dio las instrucciones: “Endosar la factura de mi auto a tu nombre, ir a la PGJDF, reportarlo como robado mientras yo lo oculto, volver con el reporte del Ministerio Público y recibir el dinero”. La idea sonaba bien, así que Teresa selló el trato con un trago de brandy.

El 29 de noviembre de 2007, Teresa hizo la denuncia de robo como si aquel Altima gris del año fuera suyo. Al volver a casa cobró el trabajo y se olvidó del asunto… hasta el 10 de enero de 2008, cuando Gloria le llamó por teléfono para interrumpirla mientras cocinaba.

“Deja lo que estás haciendo. Descubrieron el carro y necesito que vayas por él a la agencia 50 [de la PGJDF]. No te preocupes, no va a pasar nada, pero como la factura está endosada a tu nombre debes ir tú. Si sacas el carro te doy 50 mil”.

Teresa recuerda, desde prisión, que su primer pensamiento fue: “Es mucho dinero, pero si la libro”.

Tomó sus cosas, se apresuró a la procuraduría y se presentó como dueña del auto. La hicieron pasar a unas oficinas. Nerviosa, pensó en dos escenarios: ¿qué hacer con 50 mil pesos o qué hacer si la acusaban por fraude contra la aseguradora?

En eso llegó un tipo y le pregunto. ‘¿Es usted la dueña del coche?’. Teresa mintió y respondió que el coche se lo había regalado su esposo.

“En eso llegaron unos [agentes] antisecuestro y me puse nerviosa. Cuando de pronto “El mero mero” me dice, ‘¿sabe por qué está aquí, señora?’. ‘No, desconozco los hechos’, respondí. ‘Está por un secuestro que cometieron con ese carro’”, narra Teresa, luchando por no llorar.

No hubo argumento que valiera. Teresa ya no salió de ahí. Después de 72 horas la presentaron en el juzgado 61 del Reclusorio Oriente como una peligrosa delincuente. Luego, un oficio la mandó a “la casa de las secuestradoras”: Santa Martha Acatitla, donde debería esperar su sentencia.

Desde la cárcel, Teresa cuenta su versión de la historia: su vecina Gloria pertenecía a una banda de secuestradores y la implicó para librarse de la tenencia del coche que usaban para “encajuelar” víctimas. La última fue “don César”, un empresario que fue plagiado y liberado después del pago de rescate. Al bajarlo, el hombre volteó y vio las placas. Así dieron con el Altima gris.

La versión oficial cuenta que la ex vendedora de pasteles ayudaba a miembros de una violenta banda de secuestradores conocida como “Los Karim”, cuyo modus operandi era cortar los dedos de los pies a sus víctimas para presionar el pago del rescate. Su rol era rentar el auto. Ella es la única mujer detenida de la banda ahora desactivada: dos hombres están en el Reclusorio Oriente y dos más en el módulo de alta seguridad ‘El Diamante’, en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha.

“Nunca me imaginé esto, ¡son los 2 mil pesos más caros de la historia!”, se lamenta Teresa.

No hay día que no se acuerde que el 15 de octubre de 2010 un juez la sentenció a ocho días, 10 meses… y 55 años de prisión.

(Con información de El Universal.mx)

sábado, 19 de julio de 2014

Las falacias de la fe

Falacia: Engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad y que sólo beneficia o satisface a quien la pregona...

A los 19 años de edad “Elena” (nombre ficticio) decidió romper el silencio y denunció al pastor cristiano que la violó durante ocho años, a ella y a su hermana mayor.

Ambas fueron amenazadas con la “tormenta del infierno” si se negaban a acceder a los deseos de José Manuel Herrera Lerma, quien forma parte de la secta Sendero de Luz de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en la ciudad de Delicias, localizada al sur del estado.

A la edad de cinco y seis años, respectivamente, “Elena” y “Sandra” (también nombre ficticio) llegaron a Delicias con su mamá, entonces recién divorciada de otro pastor, luego de una larga vida de violencia. Desde ese momento las niñas empezaron a recibir “doctrina” por parte de Herrera Lerma, quien daba cobijo a madres solas con hijas.

José Manuel Herrera Lerma fue encontrado culpable por el delito de violación agravada “por la manipulación religiosa ligada al fanatismo como causa que impedía a las jóvenes resistir los múltiples actos de violencia que se prolongaron hasta la mayoría de edad”, según las abogadas que llevan el caso de las víctimas, Ericka Mendoza García e Irma Villanueva Nájera.

De acuerdo con las afectadas, hay al menos otras 13 chicas de las que el pastor abusó. Sin embargo, algunas que lograron salir de ese círculo de fanatismo y abuso prefirieron no denunciar, y las que continúan ahí lo defienden.

La psicóloga Socorro López Campos afirma que las niñas fueron instruidas para la sumisión, obediencia y castigo. Y Herrera Lerma utilizó la manipulación y tergiversó textos bíblicos cristianos. Incluso en algún momento se convirtió en la figura paterna de “Elena”, su hermana y otras niñas en la misma situación.

Precisa que el pastor “se aprovechaba de la vulnerabilidad en la que llegaban las mujeres maltratadas y con hijos”.

Había dos etapas de instrucción: la doctrina para niños y las Siervas de Dios, donde entraban las adolescentes.

Una vez que menstruaban, el pastor les indicaba que iniciarían sus estudios más avanzados. Las niñas se emocionaban al escuchar eso porque ello suponía avanzar un peldaño más en su espiritualidad.

Y la madre de las chicas era “obediente” y un gran elemento para la secta. “Era como una santa porque pagaba su diezmo, daba servicio todo el día”, indica a su vez Irma Villanueva.

Cuando iban a la doctrina, los niños permanecían en grupo, pero cuando se trataba de las Siervas de Dios la instrucción era individual.

Así inició el contacto físico, el abuso sexual y las múltiples violaciones contra cada una de las adolescentes. En los casos en que el abusador llegaba a juntar a tres adolescentes, sólo les daba la doctrina y no abusaba de ellas.

“Las agredía sexualmente con el pretexto de que tenía que educarlas, y ellas debían aprender a tratar a un hombre para cuando estuvieran casadas. Siempre manejaba un pacto de silencio con cada una y ni siquiera entre ellas podían decir lo que sucedía cuando estaban con él”, detalla Villanueva.

“Les decía que el semen era para curarlas de las enfermedades que tenían. Él comenzaba a entrar en lenguas, en lenguaje extraño, y temblaba”, refiere la defensora, basada en los testimonios de las jóvenes.

Herrera Lerma se adjudicaba el título de “mensajero de Dios” y les decía que no pensaran mal de él como hombre, porque actuaba como tal.

“Ellas (las víctimas) refieren que quisieron salir en varias ocasiones, principalmente la más chica, que fue más rebelde, pero él les dijo que no lo hicieran y las amenazaba constantemente aprovechando el temor que ellas sentían de irse al infierno junto con su familia”, comenta la abogada.

Cuando “Elena” tenía 17 años consiguió trabajo en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y su hermana en un cibercafé.

“Comenzaron a tener otros contactos, ampliaron su círculo de relación, porque antes sólo estaban ahí (en la secta). La menor comenzó a reaccionar, le contó a una tía que vive en la ciudad de Chihuahua y ella la canalizó con una terapeuta que le ayudó”, dice.

La misma terapeuta llevó a “Elena” al Centro de Atención Psicológica del Ayuntamiento, donde conoció a otra psicóloga que colaboraba con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). Ambas solicitaron apoyo para llevar el caso a un proceso penal.

“Fue muy difícil para ella (‘Elena’), porque primero tienen que enfrentar la credibilidad de la víctima. Que las autoridades, que la gente, entiendan porqué esperaron tantos años y porqué llegaron en esa situación a la mayoría de edad. Cómo entender lo que pasaba en la Iglesia porque este señor se aprovechaba de otras niñas, y hay sospecha de que hasta de sus hijastras”, advierte Irma Villanueva.

Con las terapias “Elena” comenzó a elaborar su historia de vida y abusos, lo que le permitió a las abogadas del Cedehm armar la denuncia, siempre apoyadas por las terapeutas.

A finales de 2011 “Elena” llegó al Cedehm. Su hermana se negaba a denunciar por el temor de que también inculparan a su mamá.

“Ella (la mamá) está en proceso, está logrando salir, ahora refiere que vivía como en el limbo”, indica Villanueva.

El proceso penal

En enero de 2012, “Elena” y “Sandra” presentaron la denuncia penal, luego de que esta última estuvo segura de dar el paso.

Las abogadas del Cedehm solicitaron al juzgado una sola audiencia con un equipo multidisciplinario para que las hermanas ratificaran su denuncia. En ese equipo estaba el agente del Ministerio Público, una psicóloga y un médico, quienes las interrogaron para que el perito tomara la información correspondiente.

En febrero siguiente el juez de garantía giró la orden de aprehensión contra el pastor y le dictó prisión preventiva.

El pasado lunes 14 el Tribunal de Juicio Oral determinó que Herrera es culpable y mañana se conocerá la sentencia definitiva, luego de que las abogadas y la defensa emitan sus alegatos para convencer a los jueces sobre la sentencia que debería recibir el acusado.

El equipo de terapeutas que ha apoyado a las jóvenes lo conforman Rosa María Castañeda Castillo, del Cedehm, así como Rossina Uranga Barri y Alberto Rodríguez Cervantes. El trabajo que han seguido con las chicas es para evidenciar la extrema violencia de género que sufrieron, en un contexto religioso y cultural rígido, y malversado con técnicas de teatralidad, supuesta sanción y uso de lenguas para impresionar a los adeptos de la secta, a fin de que se tomen en cuenta las causas y efectos de los hechos en el ámbito universitario, familiar y personal de las afectadas.

La defensa de Herrera Lerma intentó acreditar su estrategia, consistente en la supuesta falsedad de los hechos por la imposibilidad física (disfunción eréctil) que supuestamente padece el pastor.

Las abogadas aportaron pruebas periciales médicas, testimoniales de expertos en medicina y utilizaron el testimonio de la esposa del pastor, así como una prueba documental del expediente clínico, para acreditar el dicho de las jóvenes.

“Nos encontramos en presencia de un caso emblemático, donde se juzgaron las deleznables e injustificables conductas desplegadas por José Manuel Herrera Lerma. No se trata de un caso aislado, pero sí trasciende el hecho de ser de los pocos que se denuncian y, hasta donde tenemos información, es el primer caso de esta naturaleza que es sometido a juicio en el país y condenado”, concluye Ericka Mendoza.


El día de ayer, José Manuel Herrera Lerma fue condenado a 26 años de prisión pero ¿cuántos pederastas y violadores siguen al frente de una secta o una iglesia escudados y protegidos en la fe..? Seguramente muchos... muchos...

(Con información de Proceso.com.mx)

Un cacique electricista "muy palancas" e intocable

Mario Ramírez Manzanarez (al centro, de blanco), líder de los electricistas en Guerrero

El 11 de enero de 2011, en su rutina diaria, uno de los asesores jurídicos externos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Acapulco, Alejandro Vagliety, junto con otra apoderada legal, solicitaron el apoyo de dos trabajadores de la paraestatal para cortar la luz a un domicilio cuya conexión a la red eléctrica era ilícita.

Al acudir al domicilio, los trabajadores se percataron de que pertenecía al familiar de un colaborador de la CFE.

En vez de cortar el servicio eléctrico –tal como los apoderados legales les indicaron–, uno de ellos realizó una llamada telefónica a un tal “Mario”.

Minutos después llegó una camioneta con rótulos de Manuel Añorve Baños, entonces candidato priísta a la gubernatura del Estado de Guerrero. Se estacionó frente al vehículo de Vagliety para impedirle el paso. Bajó un señor visiblemente enojado, quien “de manera prepotente y usando palabras altisonantes” pidió una identificación a los apoderados legales, pero ellos se negaron.

El hombre aseguró que era el líder sindical, “una autoridad en la CFE” y aseguró a los asesores jurídicos que ya estaban despedidos de la paraestatal. Sacó su teléfono celular e hizo una llamada.

“Manda una patrulla en chinga”, gritó en su teléfono. Al terminar la llamada, caminó hacia la puerta del vehículo de Vagliety y la cerró con violencia. “Tú no te vas a ningún lado”, le dijo. Luego lo amenazó con meterlos a la cárcel por usurpación de funciones.

Dos patrullas se estacionaron frente al domicilio. “Mario” urgió a los policías a llevar a Vagliety ante el Ministerio Público. Éste llamó a su jefe directo, quien le pidió esperar, pues ya iba en camino.

Los policías perdieron paciencia: Lo cargaron y dijeron que “le partirían la madre”. Uno le dio un rodillazo en la espalda baja y lo forzó a subir al carro policiaco.

“Mi licenciado, no se hubiera puesto necio con esta persona, por que mire ya nos lo trajimos a guardar”, le confesó un oficial en la patrulla. En el Ministerio Público, el superintendente de la CFE en la Zona de Acapulco, Alberto González Bornios, platicó con “Mario”.

En tono amenazante, éste le dijo que al no denunciar a Vagliety, rompería toda relación con el sindicato, pero Bornios le contestó que no podía denunciar a sus propios abogados por estar haciendo su trabajo. Vagliety salió libre.

Cacique

Alejandro Vagliety relató lo anterior en la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACA/M-I/029/2011, en la que denunció el delito de robo de energía eléctrica a la CFE, inculpando a Mario Ramírez Manzanarez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sección 2 Acapulco desde el 3 de abril de 2002.

Su historial es largo. Desde 2004, trabajadores han denunciado su “mafiosa” gestión en el sindicato y lamentan la protección que goza en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato –en especial por parte del secretario general, Víctor Fuentes del Villar—, así como de la impunidad jurídica que le asegura su hermano Jaime Ramírez Manzanarez, ex comandante ministerial de Acapulco.

Según documentos a los que Apro tuvo acceso, además de ser Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Acapulco, Jaime Ramírez Manzanarez recibe una pensión de la CFE, aún cuando el oficio 18/164/CFE/CI/CS/0160/2011, expedido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), plantea que “se logró acreditar que el ciudadano Jaime Ramírez Manzanares no es trabajador activo de CFE”.

Existen denuncias realizadas ante el Ministerio Público sobre amenazas directas e indirectas del líder sindical, que los trabajadores califican de “cacique”.

El contrato colectivo del SUTERM plantea que los trabajadores de la CFE tienen derecho a instalar a dos de sus hijos como empleados temporales de la CFE. Sin embargo, si no laboran durante más de 60 días, pierden su antigüedad y reciben un nuevo número de trabajador, situación que lo empuja hasta el escalón jerárquico más bajo.

Según las averiguaciones previas, Manzanarez abusa de su poder para asentar su control sobre el sindicato, privando de trabajo a los electricistas inconformes y sus familiares –a veces más de 60 días-, y favoreciendo a sus cercanos, al otorgarles plazas pese a su poca experiencia.

Pero a veces emplea métodos más brutales. En noviembre de 2004, el sindicalista Mario Sosa Meza, perteneciente a una rama sindical opositora a la de Manzanarez, denunció abiertamente la “mala administración” del jefe sindical.
En la averiguación previa número TAB/I/2/0966/2004, declaró que el 9 de ese mes, los hermanos Mario, Jaime y Gerardo Ramírez Manzanarez lo interceptaron al salir de su oficina y lo arrinconaron contra la pared.

De acuerdo con su declaración, Jaime sacó una pistola, se la puso en el pecho y le dijo: “Te voy a matar hijo de tu pinche madre, porque haces declaraciones en los periódicos en contra de mi hermano, tu no sabes con quién te metes”. Enseguida recibió varios golpes, certificados en el peritaje medico que efectuó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ese día.

El pasado 11 de noviembre por la noche, el trabajador de la CFE, Raúl Noriega Mora, y su esposa estaban en su casa cuando escucharon un ruido fuerte. Su vivienda tembló. “No te muevas, viene la réplica”, dijo Noriega.

Minutos después escuchó que alguien tocaba insistentemente a su puerta. Entró su hermano, muy nervioso, en la habitación y dijo: “Sal rápido, tiraron una granada en la tienda”. Noriega corrió afuera y vio su miscelánea en llamas.

Noriega tenía problemas con Jaime Ramírez Manzanarez desde hace más de doce años. Según él, el hermano del líder sindical lo amenazó en 2005. En el expediente número TAB/SC/03/0672/2013 declaró que años después su carro fue robado. Explicó que volvió a ver su vehículo de casualidad algún día, pero manejado por “personas que trabajan para el hermano de Mario”.

Otra vez, al ingresar a un bar de Acapulco, recibió un fuerte golpe en el cuerpo con un bate de béisbol. “Bájale de huevos hijo de tu puta madre, deja de meterte con el licenciado Mario”, escuchó. Los golpes siguieron hasta sentir el contacto frío de una pistola contra su cabeza.

“Vuélvete a meter con tu padre Mario y vas a ver lo que te va a pasar, mierda”, le dijo uno de los agresores. Le advirtió que no denunciara ante el Ministerio Público.

Según Noriega, diez días antes del atentado a su miscelánea, Mario Ramírez Manzanarez paró su camioneta frente a la tienda y desde la ventana le lanzó un gesto amenazante a su esposa.

Ante la injusticia que reinaba en el sindicato y que perjudicó a su marido, Patricia Hirugami Casarrubias remueve cielo y tierra para denunciar los abusos laborales de Manzanarez desde hace cinco años.

El pasado 12 de mayo, acudió a su casa cuando un hombre bajó de su carro con vidrios polarizados. La alcanzó, la agarró y la pegó contra la pared de su vecino.

Le apretó la mandíbula con fuerza y le jaló el cabello hacia atrás. “Mira pinche vieja hija de tu puta madre, dice Mario Ramírez que le bajes de huevos porque te va a cargar la verga, a ti y a Mario Sosa. Díselo, díselo pinche vieja”. Sin dejar de empuñar el cabello, su otra mano le corrió por el cuerpo. La escena duro apenas cinco minutos, pero para ella fue una eternidad, recordó en entrevista con Apro.

Acoso

El pasado 21 de mayo, Roxana Parra Tejeda acudió a las oficinas del Ministerio Público de Acapulco para denunciar a Mario Ramírez Manzanarez por el delito de hostigamiento sexual doloso.

Es trabajadora temporal desde el 2007 en la CFE, puesto que heredó de su padre. Según afirmó en la averiguación previa número TAB/EDS/02/0510/2014, Mario Ramírez se le acercó en septiembre de 2008 y le dijo: “Oye Roxanita, si quieres trabajo más seguido sabes que tienes que acostarte conmigo”.

Ella siempre se negó a las propuestas, cada vez más insistentes de Manzanarez. El 30 de abril de 2010 recibió la notificación de que ya no tenía trabajo. Madre soltera de cuatro hijos, trató de convencer al líder sindical para recuperar su plaza, pero él le contestó que ya sabía lo que debía hacer.

Según la demanda que interpuso Parra, el hombre le dijo: “No voy a descansar hasta conseguir lo que quiero, ya sabes que a mí ninguna mujer me desprecia, eres bien puta igual que tus compañeras; sólo que ellas sí se han acostado conmigo y ya ves, la mayoría tiene trabajo”. Pero ella no cedió.

Robo encubierto

En el verano de 2012, electricistas encargados del almacén de la CFE en Acapulco se dieron cuenta que faltaba el equivalente a 19 toneladas de cable de cobre desnudo.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, observaron que durante las noches del 24 de junio, 3 de julio y 8 de julio, varios individuos con uniformes de la CFE acudieron al almacén sin forzar la puerta –por lo que dedujeron que traían llaves—y se llevaron el cobre en camionetas, ayudados con grúas.

El puesto de los guardias de vigilancia se encuentra cerca del almacén, a donde se puede acceder solamente por la puerta principal. Sin embargo, los registros de aquellas noches indicaron: “turno sin novedad”.

Al percatarse del robo, los cinco trabajadores del almacén levantaron un acta para prevenir la jerarquía de la pérdida de la chatarra por un costo equivalente a dos millones 300 mil pesos.

Aún cuando el robo de cobre es materia del fuero federal, la CFE sólo realizó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común el 13 de julio de 2012. Luego trasladó el almacén al centro de la Comisión en la colonia Diamante, despidió a dos de los cinco trabajadores y jubiló a los demás.

Javier Medina Escobar forma parte de los trabajadores despedidos. En entrevista con esta agencia, asegura que puede reconocer a tres trabajadores de la Comisión entre los ladrones que aparecen en los videos. Son, dice, los mismos que pasaron de trabajadores temporales a empleados de base, después de recibir un castigo de tres meses.

Alumbrado

Entre 2009 y 2012, además de su papel sindical, Manzanarez se desempeñó como director de Alumbrado Público en el gobierno municipal de Acapulco, bajo el trienio priísta de Manuel Añorve Baños.

A finales de febrero de 2010, Manzanarez informó que Acapulco encabezaba la lista de municipios con mayor nivel de robo de electricidad. Y para “combatir las pérdidas por robo de energía”, aseveró que la CFE colocaría medidores digitales en el puerto.

Según medios de comunicación locales, Manzanarez renunció a su cargo público el 28 de abril de 2012 para dedicarse a la campaña electoral del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Guerrero.

Sin embargo, dejó al municipio un contrato tóxico con la empresa Óptima Energía, a la que concedió por diez años la instalación del alumbrado público del puerto, a través de un contrato que corre hasta el año 2022, aún cuando tuvo que ser avalado por el congreso local.

Los regidores municipales criticaron de forma vehemente el estado “desastroso” del alumbrado público, según varias notas de la prensa local de ese año.

En un artículo de La Jornada Guerrero del 29 de octubre de 2012, el regidor perredista Salgado Romero reveló que, a raíz de recorridos efectuados en algunas colonias populares, se determinó que la empresa no había cambiado ninguna luminaria.

Y no sólo eso: Al asumir el cargo, la nueva administración municipal se percató que 20 mil de las luminarias sustituidas por la empresa no se encontraban en los almacenes de alumbrado público.

Raúl Noriega aseguró a Apro que él vio estas luminarias. Se encontraban en los locales de los trabajadores jubilados del SUTERM, que se apropió Mario Ramírez Manzanarez para realizar reuniones y fiestas. A raíz de un largo juicio, los jubilados lograron recuperar sus edificios.

Noriega aseveró que se encontraba frente a los edificios cuando Manzanarez, furioso del resultado del juicio, trajo tráileres y sacó de los locales “miles de luminarias”. Además, se llevó todos los muebles y hasta los vidrios de las ventanas.

Patricia Hirugami asistió a varios encuentros con Víctor Fuentes de Villar, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, y le envió un sinnúmero de correos electrónicos. Y aunque éste siempre le prometió que atendería su caso, ella lamenta que hasta ahora no haya hecho nada.

En el Distrito Federal, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público, a la CFE y al Comité de Honor y Justicia del CEN del SUTERM. Pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta a su favor.

Pese al importante número de denuncias en contra del “cacique” Manzanarez, ninguna averiguación previa desembocó en un proceso judicial, lamentó Hirugami.

Peor aún, actualmente el líder sindical está en campaña electoral pues ambiciona un nuevo mandato como secretario general del sindicato.

(Con información de Proceso.com.mx)

jueves, 17 de julio de 2014

Una madre con todos los matices... menos el rosa... (Video)

Martha Sahagún, de espaldas, y Mamá Rosa. Foto: Especial
Luego del rescate de 596 personas que vivían en condiciones infrahumanas en el albergue "La Gran Familia", dirigido por Rosa del Carmen Verduzco, "Mamá Rosa", quien fue hospitalizada este miércoles por una crisis nerviosa, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, advirtió que todos los establecimientos de ese tipo serán inspeccionados para garantizar que cumplan con la normatividad vigente.

No se trata, dijo, de “una cacería de brujas”, sino de evitar casos como el de la casa-hogar localizada en Zamora, donde los menores eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal, precisó.

Sobre el cateo realizado ayer por la Procuraduría General de la República (PGR), Jara comentó que fue acordado entre los gobiernos federal y estatal desde hace una semana ante la imposibilidad de verificar las circunstancias en las que operaba.

El gobernador manifestó que además de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se encontraba el lugar, a lo largo del día se recabaron diversos testimonios de las personas que ahí vivían y denunciaron abuso psicológico y sexual.

Respecto de la supuesta detención de la administradora del albergue, Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como "Mamá Rosa", dijo desconocer esa información y negó que hubiera una equivocación o persecución en contra de la mujer.

Por separado, la PGR informó que investigará la red de protección que facilitó la operación durante décadas de la casa-hogar donde fueron explotadas centenares de personas.

Tras el operativo, integrantes de la Policía Federal y militares resguardan los accesos al albergue, y decenas de familias esperan noticias de las personas rescatadas.

Verónica Gamiña, madre de uno de los niños rescatados, aseguró que "Mamá Rosa" sólo le permitía ver a su hijo tres veces al año y le exigió 37 mil pesos para dejarlo ir.

En entrevista con la agencia de noticias The Associated Press, precisó que hace cuatro años ella misma llevó a su hijo, entonces de nueve años, a la casa-hogar porque tenía que trabajar y no podía cuidarlo.

La mujer, quien permanece afuera del albergue en espera de información sobre el chico, ahora de 13 años, dijo que había tratado de llevárselo, pero la administradora puso condiciones.

“Primero me dijeron que tenía que escribir cartas explicando por qué me lo quería llevar, luego me pidieron 37 mil pesos, pero yo gano 800 a la semana y no puedo juntar tanto dinero”, explicó.

Gamiña, de 28 años y empleada de un pequeño restaurante, dijo que acudió a las autoridades después de que alguien que escapó del lugar contó las condiciones en que estaban los menores en la casa-hogar.

Ayer, una de las víctimas manifestó que cuando cumplió 18 años pidió a Verduzco salir del internado, pero ésta se rehusó, privándola de su libertad por 13 años más y siendo sometida a trabajos no remunerados dentro del internado.

La mujer señaló además que tuvo dos hijas que no pudo registrar a su nombre y actualmente se encontraban en la casa-hogar, privadas de su libertad, y a ella le permitían únicamente visitas vigiladas, cada dos meses, durante tres horas.

En la última visita la denunciante ofreció la cantidad de 10 mil pesos para recuperar a sus hijas, a lo que Rosa del Carmen Verduzco respondió: “Junta el dinero y me llamas”.

El “gran negocio” de Mamá Rosa

Rosa del Carmen Verduzco –quien en varias fotografía publicadas por medios de Michoacán aparece con personajes como el ex presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, así como con el ex gobernador Leonel Godoy, entre otros políticos– hizo “un gran negocio” con el albergue "La Gran Familia", afirmó María Ampudia, presidenta de la fundación ¿Y quién habla por mí?

En entrevista con Milenio Televisión, la activista lamentó las condiciones en las que estuvieron las 596 personas rescatadas ayer.

“El olor (del lugar) era fétido, de la cocina y comedor sacaron cosas podridas, revueltas con cucarachas, (…) las camas de los niños llenas de piojos, cucarachas, los castigaban en una reja”, detalló.

Luego de señalar que convivió un rato con los niños que fueron rescatados durante el operativo de ayer, Ampudia señaló que todos gritaban emocionados y “me abrazaban, me besaban”, cuando les dijeron que habían llegado a la casa-hogar “para que recuperaran su libertad”.

“Es una emoción indescriptible, porque ellos nos han hecho letreros con ‘gracias a los policías’, ‘gracias a los judiciales’, a los federales”, explicó.

La activista aseguró que los padres le dijeron que desde hace meses se quejaron de las condiciones en que estaban sus hijos y de que no se los querían regresar, pero no les hicieron caso.

Según la presidenta de la ONG, "Mamá Rosa" tiene premios de derechos humanos colgados en la pared de su oficina en el albergue.

Asimismo, señaló que los niños regresarán con su familia y los que no la tengan serán llevados a albergues del DIF y PGR, mientras que a las madres que estaban en la casa hogar y que no tienen familia, se les canalizará en algún lugar para no dejarlas desamparadas, anunció Ampudia.

La mañana de ayer, fuerzas federales rescataron a 596 personas –278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad– que estaban privadas de su libertad en la casa-hogar "La Gran Familia".

El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, explicó que la acción se realizó aproximadamente a las 9:15 horas, con base en una orden de cateo otorgada por el Juzgado V Federal Penal.

El operativo derivó de al menos 50 denuncias en contra de los administradores del albergue, principalmente de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por privación ilegal de la libertad, además de que existen indicios de que los señalados pudieran estar relacionados con la comisión de otros delitos.

La casa-hogar "La Gran Familia" funciona desde hace más de 50 años y está constituida por un internado que alberga a unas 500 personas, desde recién nacidos hasta adultos de más de 40 años.

Durante la investigación se recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con "La Gran Familia", quienes detallaron diversos abusos físicos y psicológicos hacia los menores por parte de Rosa del Carmen Verduzco y sus ayudantes.

Los menores, obligados a pedir dinero en casas y calles, eran alimentados con comida en mal estado, dormían en el suelo entre plagas, eran abusados sexualmente y se les prohibió abandonar las instalaciones.

Los bebés que llegaban a nacer dentro de la casa-hogar eran registrados como hijos de la fundadora y no se permitía a los padres biológicos su tutela legal, con lo que se les impedía tomar cualquier decisión sobre ellos, bajo el argumento de que los recuperarían al cumplir la mayoría de edad.

El perfil de Facebook “La gran familia de rosa del carmen verduzco” (sic) señala que la casa hogar "La Gran Familia" fue fundada en 1947 y alberga a más de 600 niños abandonados por sus padres: ‘Delincuentes, drogadictos o niños de la calle, todos adoptados por Rosa Verduzco; es decir, todos los niños llevan el apellido Verduzco’”.

Refiere además que dentro de este albergue para niños, "Mamá Rosa" o "La Jefa", “como así le llaman todos en Zamora”, brinda a los menores educación primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, mediante el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad de Guanajuato, además de distintas actividades como artes plásticas, talleres de alta costura, herrería, albañilería y música.

Entre los señalados por las víctimas destacan Rosa del Carmen Verduzco, "Mamá Rosa" o "La Jefa"; Felipe Serrano Gómez, "El Kiro"; Lourdes Verduzco Verduzco, "La Gorda"; David Verduzco Verduzco y/o David Rogelio Álvarez Murillo, "El Rollo"; Miguel Ángel Ibarra Valencia, "El Chivo", "El Maycon", "El Michael" o "El Orejón"; Rosa María Viveros, Maestra Rosa; Enrique Hernández, "El Cito", y Claudia Priscila Solórzano Rodríguez, "La Claudia". 

Fox, Sahagún, Krauze y Meyer defienden a "Mamá Rosa"
El caso de Rosa del Carmen Verduzco, "Mamá Rosa", cabeza del albergue "La Gran Familia", de donde fueron rescatadas 596 personas, dividió opiniones.

Ante las acusaciones de que los habitantes de la casa-hogar vivían en condiciones infrahumanas, amigos de "La Jefa" han salido en su defensa, entre ellos, el ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún.

A través de su cuenta en Twitter ‏@VicenteFoxQue el ex mandatario escribió:

“Mamá Rosa solidario contigo, sé que eres fuerte y sé todo el bien que has hecho a miles de niños y jóvenes, ánimo, te mando un fuerte abrazo”.

Su esposa, fue más allá al afirmar que se trata de “una injusticia brutal” y condenó que se trate a "Mamá Rosa" como una delincuente.

“Mamá Rosa es una mujer con dignidad, su obra es una obra con todos sus desaciertos, pero con muchísimos aciertos, donde la verdad tiene que ser puesta en su justa dimensión, que no es una delincuente, que un operativo de esta naturaleza es terrible, verdaderamente terrible porque va en contra de toda la dignidad de una mujer que con todos sus errores se ha dedicado a servir”, señaló en entrevista esta tarde en su rancho.

Sahagún afirmó que es amiga de "Mamá Rosa" desde su infancia, y que cuando acudía a Zamora la visitaba en su casa-hogar.

La ex primera dama criticó el operativo implementado el martes pasado en el albergue ubicado en Zamora, Michoacán, pues –dijo– “eso es para una delincuente en potencia, eso es para un narcotraficante que se les va escapar, ella no se va a escapar, ella es una mujer buena, generosa, conocidísima por la sociedad de Zamora”, sostuvo.

Descartó que Verduzco haya cometido algún delito y aunque no dudó que haya denuncias, señaló que “no hay historias perfectas” y “la distorsión de la realidad es absolutamente brutal”.

A la defensa se unió el historiador Enrique Krauze quien consideró “inadmisible” el acoso del gobierno a Rosa Verduzco en Michoacán y vaticinó una protesta internacional por la acción del gobierno en su contra.

A través de su cuenta en Twitter, @EnriqueKrauze, el también ensayista y director de Editorial Clío, sostuvo que en 60 años Rosa Verduzco ha adoptado miles de niños, “caso único en la historia mexicana. Pido al gobierno respeto a su vida y apego a la ley”, exigió.

También publicó la liga a un texto que escribió el 24 de diciembre del año 2000 en el que destaca que pocos han hecho una obra similar por los niños abandonados.

Respecto de las condiciones de hacinamiento y suciedad en las que vivían más de 500 personas, opinó:

“Suciedad, abusos. Eso ¿merecía un operativo militar? Recogiendo huérfanos por 66 años Rosa ocupó el lugar social que dejó vacante el Estado”.

Krauze consideró injusto llenar de oprobio una vida sin conocer su historia. “Injusto escuchar sólo a una parte. Injusto el linchamiento público”, subrayó.

El escritor destacó que la Reina Isabel de Inglaterra donó a "Mamá Rosa" el gimnasio de su albergue, que Jean-Marie Gustave Le Clezio, Premio Nobel de Literatura 2008, le donó sus regalías y el escritor Luis González y González, fue su amigo.

Por su parte, el historiador Jean Meyer,del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), negó que en las instalaciones del albergue se viva bajo condiciones insalubres.

En entrevista con Radio Fórmula dijo que conoció a Rosa Verduzco en 1979, gracias al historiador Luis González y que conoció también el albergue.

Comentó que su hijo Matías, quien es director de cine, quería hacer un documental del albergue y que Rosa Verduzco condicionó la realización del proyecto a que estuviera viviendo tres años en "La Gran Familia".

Meyer dijo que la última vez que estuvo en la casa hogar fue en mayo pasado y refirió que “no es una casa de lujo. Las condiciones son muy espartanas” y hay hacinamiento porque ahí viven más de 600 personas.

El historiador negó que la comida que se daba a quienes vivían en "La Gran Familia" estuviera en malas condiciones pues "Mamá Rosa" tiene el apoyo de todo el Valle de Zamora y los productores le entregan, todos los días, cantidades tan grandes de comida que no sabe qué hacer con ella”.

Asociaciones civiles que simpatizan con "Mamá Rosa" convocaron a una marcha para este jueves por las principales vías de Zamora para exigir su libertad.

Entre quienes convocan a la movilización se encuentran quienes se hacen llamar “los hijos de Mamá Rosa” así como integrantes de diversos organismos civiles que argumentan un exceso arbitrario en el operativo en el que fue detenida Rosa Verduzco.

En las redes sociales, el caso de "Mamá Rosa" también dividió la opinión y también generó suspicacia por quienes la acusan y quienes la defienden.

Por ejemplo, el usuario @milyunamascaras escribió: “Lo de Mamá Rosa y la Casa Hogar me recuerda al caso de Marcial Maciel. Grandes personalidades lo defendían”.

@sativica, opinó: “No sé nada sobre #MamáRosa pero el asunto da desconfianza por quien la acusa (Chong etc.) y da desconfianza por quien la defiende (Fox etc.)”.

 
(Con información de Proceso.com.mx)

jueves, 10 de julio de 2014

Sacerdotes y maestros pederastas

La Policía Internacional (Interpol), busca en 180 países al ex sacerdote de San Luis Potosí, el pederasta Eduardo Córdova Bautista, a quien se acusa por delitos de abuso sexual agravados contra menores.

A su vez, en el municipio de Irapuato,  en Guanajuato, un maestro de primaria, de la escuela María del Rosario Gutiérrez Eskildsen, fue acusado por agredir sexualmente a seis de sus alumnas menores de edad y cometer abusos sexuales. El agresor, Juvencio Velázquez López fue denunciado por los padres de las seis estudiantes de tercer grado de primaria ante el Ministerio Público en Romita, detalló hoy la Subprocuraduría de Justicia con sede en Irapuato.

Luego de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), emitiera una recomendación por abuso sexual infantil, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación en Jalisco, confirmó la aceptación y envió copia de los oficios en los que se instruyó a la Contraloría Interna agilizar y concluir el procedimiento sancionatorio que se sigue en contra del profesor Javier Ruiz Palafox, quien ya fue detenido por el abuso sexual en contra de tres niñas, además de analizar la posible responsabilidad de tres docentes que buscaron persuadir a las menores para que se retractarán de su acusación. No obstante, padres de familia y alumnos de la escuela se manifestaron en las afueras de la institución, ya que aseguran que el maestro Javier Ruiz Palafox “es inocente”.

Además, en Campeche el profesor Ever Gómez Naranjo, fue cesado como maestro de la escuela primaria Guadalupe Chan Perera, localizada en la colonia Kanisté, tras enviar una foto a sus alumnos en la que exhibía sus genitales. De acuerdo con los testimonios de los padres, el hecho ocurrió cuando el profesor de sexto año se encontraba en estado de ebriedad y mandó la imagen a los estudiantes.
(Con información de Huellas.mx)

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