lunes, 22 de septiembre de 2014

"Cártel de Jalisco"... creación de la CIA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos auspició la consolidación del "Cártel de Jalisco" en los años ochenta, en contubernio con altos funcionarios de seguridad del Estado mexicano, asegura el escritor Jesús Esquivel en entrevista con la agencia EFE que publica este domingo el diario español La Vanguardia.

El autor del nuevo libro "La CIA, Camarena y Caro Quintero" afirma que el agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) Enrique Camarena fue asesinado en 1985 no como castigo de los narcotraficantes, como sostuvo la versión oficial, sino debido a que descubrió el vínculo entre el narcotráfico y la CIA.

"A Camarena no lo mataron por descubrir el rancho "El Búfalo" sino porque descubrió la conexión de la CIA con el narcotráfico", asegura Esquivel. Caro Quintero, que fue arrestado en 1985 en Costa Rica, acusado del asesinato de Enrique Camarena Salazar y de su piloto, Alfredo Avelar, fue liberado en 2013 después de 28 años de cárcel por un controvertido fallo de un tribunal, invalidado después por la Suprema Corte.

Casi 30 años después del asesinato, Esquivel, que también es periodista, tuvo acceso a documentos, habló con el responsable de la investigación del homicidio y entrevistó a testigos protegidos, ex policías que actuaban como escoltas de los principales narcotraficantes del cártel. Según la investigación del agente Héctor Berreyez, el 6 de febrero de 1985 Camarena fue secuestrado por un grupo de policías que estaban al servicio de los narcos y fue llevado a una casa propiedad del cuñado del ex presidenteLuis Echeverría, Rubén Zuno Arce, donde fue torturado y asesinado.

Los testigos afirman que en esa casa se encontraban entre otros el ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett, actual senador de un partido de izquierda; el ex secretario de Defensa Juan Arévalo Gardoqui, fallecido en 2000, y un operador de la CIA en México, el cubano Félix Ismael Rodríguez, quien interrogó a Camarena antes de que éste fuera asesinado.

Rodríguez, alias ‘El Gato’ o ‘Max Gómez’, había participado en diversas operaciones de la CIA, entre otras la invasión a Bahía de Cochinos, Cuba, en 1961, y la captura y asesinato del Ernesto ‘Ché’ Guevara en Bolivia. Caro Quintero, quien tenía fama de violento, ordenó la tortura que provocó la muerte Camarena, lo que desató un conflicto durante los siguientes años entre ambos países, en particular con el secuestro del médico Humberto Álvarez Machain, quien presuntamente mantuvo con vida a Camarena para poderlo interrogar.

En el libro se señala que los agentes de las fiscalías federal y estatales colaboraban con los narcotraficantes mientras los agentes de la Dirección Federal de Seguridad trabajaban con la CIA. Esquivel asegura que el "Cártel de Guadalajara", que era encabezado por Ernesto Fonseca, ‘Don Neto’; Manuel Salcido, ‘El Cochiloco’; Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Padrino’, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’, sentó las bases sobre las que operan todos los actuales narcotraficantes.

El escritor afirma que la CIA había establecido relaciones de complicidad con el cártel como un medio para apoyar a los ‘contras’ nicaragüenses, un grupo armado por Estados Unidos que combatía al primer gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según las investigaciones, la CIA financiaba a ese grupo con el tráfico de cocaína desde Colombia que entregaba al "Cártel de Guadalajara" y facilitaba su ingreso a territorio estadounidense, al tiempo que entrenaba a los "contras" en un rancho de Caro Quintero en el estado de Veracruz.

Esquivel explica que en esa década, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan ordenó a la CIA evitar la influencia soviética en Centroamérica y se valió de todos los medios, incluyendo a los narcotraficantes, para lograrlo. El autor agrega que su libro derriba otro mito creado por los medios: que el médico Álvarez Machain fue secuestrado por la DEA.

Afirma que, por orden directa de la Casa Blanca, la agencia antidrogas contrató a ex militares mexicanos que lo secuestraron y entregaron a la DEA en la frontera con Estados Unidos, aunque un juez lo devolvió a la postre a México.

Tras la muerte de Camarena, los principales capos del "Cártel de Guadalajara" fueron capturados y encarcelados para apaciguar las protestas de Estados Unidos, aunque la organización creció y sus herederos crearon nuevos grupos por todo el territorio, por lo que el narcotráfico se mantuvo igual con la complicidad de las autoridades. Los herederos de ese cártel, Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael "El Mayo" Zambada y otros como Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix y los Beltrán Leyva, crearon sus propios feudos, aunque ya han sido desplazados por los nietos de aquella primera generación de narcos.

(Con información de Red Política.mx)

Un líder sindical perseguido por mujeres y desempleados

En un par de segundos Paloma se pone de pie, yergue su espalda, acomoda su diadema coronada con un par de orejitas rosas de conejo y se impulsa hacia el vehículo Audi modelo 2013 que acaba de salir del zaguán del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su objetivo es que Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), y quien conduce el automóvil, la identifique o por lo menos le regale una sonrisa, un gesto de aprobación.

Cada semana, al igual que Paloma, decenas de chicas ataviadas con minifaldas entalladas, escotes, zapatillas de tacón y exagerado maquillaje repiten la rutina: llegan a la calle Lerma, frente a las instalaciones del SUTERM, ensayan su mejor sonrisa y aguardan durante la mañana la salida del líder gremial.

Esta tarde de agosto no es la excepción. Después de haber esperado más de cuatro horas, y al ver que el hombre que dirige las riendas de uno de los sindicatos más grandes del país sale de sus oficinas, Paloma y el resto de las chicas se lanzan en busca de su mirada.

La escena dura unos cuantos segundos, pero no es nada sencilla: cuando el carro avanza, la joven aguanta la sonrisa hasta que es rebasada por el coche. Luego da media vuelta, se quita los tacones y los sustituye por un par de sandalias para correr furiosa detrás de “don Víctor”, como se le conoce al dirigente. Dos cuadras adelante lo alcanza, y de nuevo se yergue, acomoda una sonrisa y lo saluda, como lo hacen las reinas de belleza en una pasarela al extender sus brazos: corto, corto, largo, largo.

—¡Adiós, chiquitooo! —le grita otra mujer.

Pero a Fuentes del Villar nada lo inmuta. Al contrario, les responde con indiferencia: ni siquiera las ve y continúa su ruta.

Este hombre delgado, de más de 80 años, de vestir elegante y cabello cano, sabe el poder que ostenta: dirige a 74 mil 655 trabajadores sindicalizados y controla un presupuesto promedio anual de 63 mil millones de pesos.

Esta cantidad representa la mitad del costo estimado para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 120 mil millones de pesos.

Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, por medio de la Ley de Transparencia, revelan que el sindicato ha gestionado tan sólo en cinco años —2008 a 2012— 318 mil 238 millones de pesos como parte de las prestaciones enlistadas en el Contrato Colectivo con la CFE.

Que los voltee a ver, el reto

El Audi A8L 2013 color gris —impecable, brillante— que conduce Víctor Fuentes avanza lento ante una multitud desbocada compuesta por decenas de personas que gritan su nombre y le hacen caravanas con miradas embelesadas.

“Esto así es. No hay de otra”, dice Paloma mientras relaja la respiración, regresa a su postura desenfadada y camina hacia el lugar donde abandonó sus zapatillas.

Estas personas depositan su esperanza en Fuentes del Villar, un obrero que lleva 68 años en la CFE y que actualmente ostenta el cargo de “analista administrativo”, con un sueldo de 27 mil 542 pesos al mes, incluyendo el pago que le dan por su puesto sindical.

Un trabajador al que su sueldo no le impide conducir un coche de 10 cilindros, con placas mexiquenses MMP-41-56, que tiene un valor de dos millones de pesos, según se puede constatar en el sistema de pago de tenencia y control vehicular del Estado de México. Dicho de otra forma, un auto que equivale al total de su percepción salarial durante más de seis años.

Desde agosto de 2005, Fuentes del Villar está al frente del sindicato. Sus adversarios acusan que heredó el puesto de su tío, el histórico líder cetemista Leonardo Rodríguez Alcaine, conocido como "La Güera".

Desde entonces, Fuentes del Villar es quien decide quién entra y quién sale de su gremio. Por eso, todos los días decenas de desempleados se reúnen afuera del SUTERM con una consigna: ser identificados por “Don Víctor”. La visualización del líder los llevará a que algún día los reconozca y les dé empleo, no importa de qué, lo relevante es entrar al sindicato de la CFE.

Este rito prelaboral obliga a los varones desempleados a acudir de forma vistosa, con prendas que puedan ser recordadas por Víctor Fuentes. Por eso, afuera de las oficinas, se identifica a la gente como “el de la sudadera con plantas de mariguana”, “el de la mochila con una rana pintada”, “las chavas que cargan listones de color violeta” o “el de la peluca de rastas”.

Los hombres deben de esperar a que Prisciliano, el poderoso asistente de Víctor Fuentes —que en ocasiones hace las veces de chofer— les recoja una ficha con sus datos personales.

“La tarjetita debe de estar enmicada, si no, se enoja Prisci”, dice Juan, un hombre que ronda los 45 años y que lleva tres meses yendo a las afueras de la oficina en busca de que el líder lo identifique, o que Prisciliano le recoja la tarjeta.

La recepción de fichas no sucede a diario, ni hay una convocatoria pública; se realiza cuando Fuentes lo ordena. Él escoge a las personas que hayan pasado más días afuera de las instalaciones del sindicato en espera de una oportunidad para trabajar.

Los hombres que esperan afuera de las oficinas comentan que una vez le dio empleo a un joven que dominaba muy bien un balón y que vestía playera de las Chivas de Guadalajara, el equipo favorito del líder sindical. Desde entonces es común ver a gente que hace suertes con la pelota.

Las mujeres también deben de demostrar constancia, pero el proceso de selección es diferente al de los hombres. Y como las más guapas corren con mejor suerte, optan por usar prendas ajustadas con las que pueden lucir su físico, explica Roberto, otro de los aspirantes a un puesto.

También hay chicas que visten playeras entalladas de las Chivas.

Jesús Navarrete Castellanos, disidente fundador de la Coordinación Nacional de Electricistas, por muchos años un dolor de cabeza para Víctor Fuentes, y a quien ha despedido en cuatro ocasiones, lo recuerda así: “Todas sus trabajadoras eran las más bonitas”.

Explica que, desde hace décadas, él y sus antiguos compañeros comparaban a Víctor Fuentes del Villar con Fantomas, la amenaza elegante, porque les recordaba a ese personaje de historieta que siempre aparecía acompañado de mujeres hermosas.

De tal palo... tal sobrino

Víctor Fuentes es un priísta que se ha sabido adaptar a cualquier partido político en el poder. Al igual que Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, no opuso resistencia a la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue fiel y leal.

Con la escuela de su mentor, su tío Leonardo Rodríguez Alcaine, Fuentes mantiene un pacto con el Ejecutivo y su patrón directo, la CFE, a cambio de enormes beneficios orientados a la cúpula sindical, sin transparencia ni rendición de cuentas, acusa Navarrete.

En la actualidad, el disidente sindical se halla en la cuarta batalla por la restitución de su puesto. De su movimiento también han corrido a 16 electricistas; todos han sido reinstalados, menos él.

Esto es posible porque el poder de contratación y de despido no radica en la CFE, sino en el sindicato. La cláusula 37 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) advierte que serán despedidos los empleados que propicien la “división” sindical o quienes hayan “atacado o desconocido los estatutos del SUTERM o la autoridad del Comité Ejecutivo Nacional [que recae en el líder]”.

El primer despido de Navarrete fue en 2003: “Cuando me despidieron la primera vez, [Víctor Fuentes] llevó como a 15 delegados y me agredió físicamente: me dio una patada y levanté una demanda; aunque lo citaron [a declarar], se ‘perdió’ el expediente”, afirma el dirigente disidente.

A Rodríguez Alcaine y a Fuentes del Villar les encolerizó que Navarrete Castellanos iniciara, junto con otros compañeros, un movimiento de resistencia interna que buscaba la democracia sindical y que se oponía a las reformas energéticas.

Unos años atrás, el simple hecho de asistir a conferencias de ideólogos de izquierda merecía despido.

Navarrete no sólo se decidió a apoyar un movimiento crítico, también fue el único que se atrevió a pelearle a Rodríguez Alcaine la dirigencia del gremio por medio del voto. Eso, y su apoyo a dos grupos de trabajadores que iniciaron una huelga, provocó su despido.

“Cuando murió Rodríguez Alcaine [y asumió Fuentes], pagó a tres ex judiciales para que me persiguieran día y noche. Se metieron a mi casa, me robaron una credencial y algo de dinero… Es un autoritario. Una vez me dijeron que a mí no me han matado nomás porque salgo en los periódicos”, advierte.
(Con información de El Universal.mx) 

viernes, 12 de septiembre de 2014

Ex funcionario y empresario sinaloense implicado en decomiso de 65 mdd en Estados Unidos

Más de 1,000 agentes del orden participaron el miércoles en un operativo calificado como sin precedentes en el centro de Los Ángeles, donde arrestaron a nueve personas y confiscaron más de 65 millones de dólares presuntamente relacionados con lavado de dinero del "Cártel de Sinaloa" y otros cárteles mexicanos.

El Operativo Fashion Police, en el que también se confiscó más de 35 millones de dólares en efectivo y se emitió docenas de órdenes de arresto y cateo, fue considerado por la procuradora general de California, Kamala Harris como un "golpe probablemente histórico'' contra el narcotráfico.

"Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales, va a debilitarlos de manera significativa'', dijo Harris en una conferencia de prensa.
El operativo, realizado en la zona de negocios de prendas conocido como el Distrito de Modas, fue realizado por agentes federales, estatales y locales.

Los acusados lavaban dinero obtenido de la venta de cocaína, heroína y metanfetamina a través de mercancía que era enviada de Estados Unidos a México. Las transacciones eran realizadas por intermediarios, que luego de vender los bienes en México, entregaban el dinero a los cárteles.

De esta manera, el dinero probablemente derivado de venta de drogas no salía de Estados Unidos sino que era usado para comprar más bienes, a través de tiendas como las del Distrito de Modas, y así completar el círculo del lavado del dinero, de acuerdo con las autoridades.
Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal del Oficina del Procurador General, dijo que otros cárteles mexicanos probablemente estaban involucrados pero no dio más detalles porque la investigación continúa.

Las autoridades también dijeron que están buscando a otros presuntos involucrados, incluyendo tres sospechosos en México.

Según la información las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, y María Ferré de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero.
El operativo ocurrió luego de que las autoridades federales presentaran tres demandas contra sospechosos por asociación ilícita para lavar de dinero y otros cargos sobre violaciones financieras.

Una de estas demandas alega que el "Cártel de Sinaloa" usó un negocio en el Distrito de Modas para aceptar y lavar dinero proveniente de pagos por el rescate de un estadounidense al que secuestró. El secuestrado, un ex distribuidor de drogas, fue tomado como rehén y torturado en un rancho en Culiacán, Sinaloa, dijeron las autoridades.

Los familiares del rehén pagaron un rescate de 140,000 dólares, que entregaron a una tienda en el Distrito de Modas y que luego fue repartido a otros negocios de la zona en montos menores para evadir a la ley y las autoridades, de acuerdo al expediente.
Los Ángeles se ha convertido en el "epicentro'' del lavado de dinero del narcotráfico, agregó Dugdale, por lo que las autoridades también están enfocando sus esfuerzos en esta zona.

El Distrito de Modas y otras zonas financieras con gran presencia hispana han servido para lavar dinero desde hace mucho tiempo, agregó Dugdale, pero este intercambio ilícito ha aumentado desde el 2010, cuando México aprobó regulaciones financieras. Desde entonces, cárteles han buscado otras maneras de lavar dinero, una de las cuales como lo están haciendo en Los Ángeles, que fue lo que los cárteles colombianos hicieron otrora, agregó Dugdale.

De acuerdo a archivos periodísticos, el empresario culiacanense Luis Ignacio Muñoz Orozco dirigió la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de año 1999 a 2001 y entregó la titularidad a Eduardo Ortiz.
Después de esa dirigencia siguió vinculado a la Canaco y al sector empresarial sinaloense, haciendo crecer su empresa, denominada María Ferré, que se distingue por vender ropa de maternidad y tallas extras, según se detalla en el portal de esta.

Ahí mismo refieren que tiene presencia en varios puntos de esta ciudad, Mazatlán, Guasave, Los Mochis, Sonora, Nuevo León, Nayarit, Saltillo, Coahuila, Aguascalientes, Morelos, Durango, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco y el Estado de México.

Para el año 2006 empezó a crear franquicias y eso lo llevó a formar parte del denominado Consejo del Programa Nacional de Franquicias, que en 2009 presidió.
El 22 de abril de 2009 realizó la Primera Feria de Franquicias en Culiacán, que buscaba incentivar y asesorar a las pymes sinaloenses que desearan convertirse en franquicia.

En diciembre de ese mismo año, con la llegada de Heriberto Félix Guerra al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en sustitución de Ernesto Cordero, como titular de Sedesol, Muñoz Orozco asume el cargo de jefe de la oficina de dicha secretaría.

Tras el paso del huracán Karl en el puerto de Veracruz el 17 de septiembre, Felipe Calderón comisionó a Félix Guerra como coordinador de apoyo a los damnificados, y este, a su vez, puso a Luis Ignacio Muñoz Orozco para que operara la entrega de apoyos.

Tras su salida del gobierno federal, no había ocupado ningún cargo público o estado al frente de algún organismo empresarial.

Según la página web de María Ferré, actualmente cuentan con 31 franquicias en los distintos estados de la República.

El 2 de agosto del presente año, Luis Ignacio Muñoz Orozco subió una fotografía con Mauricio Rodas, alcalde de Quito, Ecuador.

El motivo de la reunión fue la inauguración de la primera de 200 guarderías que abrirán en la capital de Ecuador, proyecto que hizo posible con su empresa: GPS Consultores.
(Con información de AP)

lunes, 8 de septiembre de 2014

Falta de resultados y excesivo gasto millonario en Derechos Humanos

En cuatro años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incrementó su presupuesto en 55.21%. A pesar de contar con mayores recursos, existe más de un centenar de casos en los que ha tardado más de año y medio en resolver una queja ante situaciones graves, y el número de recomendaciones que emite va en descenso.

Además, si se divide el total de los recursos públicos que recibió la institución en el periodo 2010-2013 entre el número de expedientes en los que concluyó una investigación y acreditó violaciones a las garantías por parte de alguna autoridad, cada caso costó al erario entre 10 y hasta 15 millones de pesos —dependiendo de los fondos anuales que se le destinaron—.

Organizaciones civiles critican la labor del organismo nacional, aseguran que hay dilación y falta de resultados en la gestión del actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

Datos oficiales de la comisión revelan que en 2010, durante el primer año de la gestión de Plascencia, recibió un presupuesto de 889 millones 578 mil 369 pesos.

Los recursos a partir de ese año fueron en aumento y para 2014, se incrementaron a mil 416 millones 381 mil 46 pesos. Es decir que el Congreso le dio 526 millones 802 mil 677 pesos más.

Sin embargo, las investigaciones para verificar la existencia de violaciones a derechos humanos que derivan en recomendaciones tardan más tiempo en integrarse.

En 2010, en 14 resoluciones éstas se emitieron después de 18 meses de que se denunció el presunto abuso (16.2% del total de las que se giraron ese año); en 2011, esa demora sucedió en 19 quejas presentadas, lo que implica que en 20% de los expedientes hubo dilación.

Las cifras indican que en 2012, en 30 casos, el personal de la CNDH tardó más de año y medio en concluir las diligencias de la queja (que equivalen a 32.2% de las recomendaciones) y en 2013 fueron 35 expedientes los que tuvieron la misma tardanza para actuar.

47 meses de espera

Incluso, hay un expediente en el que el tiempo de espera fue de 47 meses antes de que la comisión ofreciera resultados.

Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que, además, la dilación revictimiza a las personas que han sufrido alguna violación de sus garantías fundamentales.

“Es un desperdicio de recursos públicos. Ese dinero debería emplearse en reparar el daño a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país, que además son demasiadas, en lugar de estar malgastando en una institución que no cumple su función primordial que es, primero, prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos y, segundo, que cuando se presenten, se sancione a los responsables y que las víctimas puedan acceder a la justicia lo más pronto posible”, señala Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos.

Los datos contenidos en la página electrónica de esta institución indican un descenso en el número de recomendaciones. En 2010, se emitieron 86 recomendaciones; al siguiente año hubo 95; en 2012 la cifra bajó a 93; en 2013 volvió a disminuir a 86 y hasta el 5 de septiembre pasado, se habían elaborado 41 recomendaciones.

Además, al dividir el presupuesto asignado al organismo nacional entre el número de recomendaciones giradas cada año se observa que cada vez son más costosas las investigaciones que documentan las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades.

A partir de esta operación se observa que en 2010 el costo de cada recomendación fue de 10 millones 343 mil 934 pesos; para 2011 ascendió a 11 millones 597 mil 30 pesos; en 2012 cada caso representó una erogación de 13 millones 766 mil 415, y en 2013 el gasto fue de 15 millones 989 mil 851 pesos.

Daños irreversibles

El 9 de noviembre de 2011, elementos de la Marina interrumpieron de manera abrupta el sueño de una pareja y su hija de tres meses. Golpearon la puerta preguntando por el hombre de la casa y al ingresar le apuntaron con sus armas para preguntarle por el paradero de dos personas que él, asegura, no conocía.

Con gritos e insultos, le insistieron que respondiera porque, de lo contrario, matarían a su familia.

Al desistir, causaron destrozos en la casa, se llevaron al padre de familia y durante dos días lo mantuvieron retenido en instalaciones de la Secretaría de Marina en Fortín, donde lo torturaron para que hablara de su supuesta relación con miembros del crimen organizado.

Estuvo privado de su libertad y su familia lo consideró desaparecido, hasta que siete días después los marinos lo presentaron ante un agente del Ministerio Público.

La CNDH tuvo conocimiento de estos hechos el 16 de noviembre de 2011, cuando la esposa de la víctima presentó una queja. El organismo constató que, en efecto, los elementos de la Secretaría de Marina incurrieron en un cateo ilegal, detención arbitraria, incomunicación, tortura y trato indigno. Evidenció que los uniformados intentaron ocultar los hechos, pero que además, la víctima presentaba lesiones físicas y un “rango severo” de estrés postraumático que se reflejó a través de ansiedad, incapacidad para llorar, sensación continua de estar siendo castigado, insomnio y pensamientos recurrentes sobre este episodio en su vida.

Por ello, dirigió una recomendación al entonces secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Pero lo hizo hasta el 31 de julio de 2014, dos años y ocho meses después de los hechos.

En dicha recomendación solicita, entre otras cuestiones, que se le proporcione atención médica y psicológica a la víctima.

“¿Después de tanto tiempo pides que le den apoyo médico a una víctima de tortura? Eso no puede ser, cualquier autoridad en éste como en todos los casos en los que se trata de violaciones graves a los derechos humanos debe actuar de inmediato. A estas alturas el daño psicológico es ya irreversible por no haber intervenido a tiempo”, considera Tania Delgado Guzmán, perito en criminalística y psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Y todavía —agrega la especialista— hay que ver si realmente se acató esta recomendación porque el presidente de la CNDH puede tener muy buena voluntad, pero no pasa así con muchas autoridades al momento de responder”.

Exilio forzado

La impunidad en el homicidio de la activista Josefina Reyes y de otros cinco integrantes de su familia fue documentada por la CNDH durante 47 meses.

El 3 de enero de 2010 ella fue asesinada por un grupo de hombres armados en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de haber organizado múltiples protestas en la entidad para exigir la presentación con vida de uno de sus hijos, quien fue secuestrado por agentes federales, y para exigir justicia en el asesinato de otro de sus hijos. Luego, el 19 de agosto de ese año, un hermano de la activista también fue asesinado en Valle de Juárez, Chihuahua. En febrero de 2011, otros tres familiares de Josefina Reyes fueron secuestrados y posteriormente asesinados; la casa donde vivía la mamá de estas víctimas fue incendiada.

No fue sino hasta el 23 de diciembre de 2013 cuando la CNDH dirigió la recomendación con número 82/2013 al gobernador de la entidad, César Duarte, por “indebida procuración de justicia”.

En ella, entre otras medidas, Plascencia Villanueva pidió al gobernador otorgar atención médica, psicológica, social y la que fuera necesaria a los familiares de las víctimas, que estableciera medidas de protección urgentes para los miembros de la familia que estuvieran en el estado, y generara las condiciones de seguridad para que pudiera regresar quien así lo quisiera.

Al ver que ninguna autoridad los protegía, la familia de Josefina Reyes decidió abandonar el país y continúan el exilio forzado.

Los pendientes
Aleida Calleja, coordinadora de la organización Observacom, agrega que además de las deficiencias descritas, hay omisiones por parte del ómbudsman nacional relacionadas con las nuevas reformas estructurales presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dice, es contraria a la Constitución porque limita la libertad de expresión, violenta la protección de los datos personales y no establece mecanismos de rendición de cuentas ni de transparencia. Pese a ello, insiste, la CNDH ha estado inactiva.

Araceli Olivos, abogada del Centro Prodh, añade el tema de la reforma energética, ante la cual considera que Plascencia Villanueva debiera presentar un recurso de inconstitucionalidad debido a que la extracción del hidrocarburo como un asunto prioritario afectaría el territorio de las comunidades indígenas y rurales que se ubican encima de los yacimientos.

“El plazo para hacerlo vence el 10 de septiembre, de lo contrario, el presidente de la CNDH estaría respondiendo más a intereses políticos que a la defensa de los derechos humanos de la población”, señala.

Miguel Moguel, investigador de Fundar, considera que ante este contexto, se debe llamar a Plascencia Villanueva al Senado para que rinda cuentas y se haga una revisión exhaustiva de su mandato al frente de la CNDH.

Para muestra... otro botón

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, calificó como “especulaciones” los señalamientos de que otros intereses, como su sucesión en el organismo, motivan su actuar para atender con celeridad la queja que presentó en días pasados el académico Enrique Carpizo por acoso y supuesto plagio contra el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez.

Ambos implicados cruzaron acusaciones en entrevistas que concedieron a EL UNIVERSAL, en las que Carpizo puso en la mesa el tema de la sucesión de la presidencia de la CNDH, organismo en el que el funcionario universitario dijo no tener interés.

En medio de la polémica, el ómbudsman nacional dijo que inició las investigaciones en torno a la queja presentada por Enrique Carpizo contra el abogado general de la UNAM por supuesto plagio de una investigación y acoso laboral.

Plascencia Villanueva sostuvo que al término de las indagatorias se dará una resolución “estrictamente legal”.

Sobre los señalamientos que relacionan este conflicto con el proceso de sucesión en la CNDH, el ómbudsman consideró que sólo son especulaciones y que este asunto tiene el mismo tratamiento que se le da al resto de las denuncias que recibe el organismo.

Explicó que se hicieron peticiones de información al rector de la UNAM, José Narro Robles, y que las medidas cautelares solicitadas en favor de Carpizo tienen vigencia de 30 días.

El pasado 28 de agosto, Carpizo presentó la referida queja ante la CNDH contra González Pérez, pues aseguró que el abogado pretendía usar una investigación de su autoría para obtener el título de doctor en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España.

En su escrito dirigido a Plascencia Villanueva, señaló que estaba siendo acosado por funcionarios cercanos a González Pérez para renunciar a sus derechos de autor, y solicitó medidas cautelares.

La CNDH atendió esta petición y solicitó al rector de la máxima casa de estudios que atendiera dicha solicitud.
¿Qué implicaciones tiene esta medida cautelar?

Lo que temía y que se solicitó fue que se suspendiera cualquier tipo de acoso o agresión contra esta persona y ese es el sentido. Tiene una vigencia de 30 días como lo fija la ley.

El abogado González Pérez dice que las medidas cautelares se emitieron con celeridad. ¿Qué dice al respecto?

La ley establece la medida y la oportunidad con la que se deben emitir las mismas. Aquí al año sacamos una buena cantidad de ese tipo de pronunciamientos. De tal manera que ese tipo de especulaciones y señalamientos son asuntos en los que la Comisión Nacional no caerá.

Expuso que “cuando existe una amenaza inminente contra una persona, tenemos que responder de manera inmediata, porque si no lo hacemos pierde sentido la medida cautelar. Un periodista, por ejemplo, que está siendo amenazado pues enseguida se le dicta una medida cautelar.

Añadió que “el propio reglamento de la comisión establece, además, que se debe emitir sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos. La persona dice que se siente amenazada y nosotros le creemos y ya conforme se den las investigaciones resolvemos.

¿Este asunto está relacionado con el proceso de sucesión en la CNDH?
Cada año recibimos 350 mil solicitudes distintas de las cuales 50 mil se abren como queja, habría que esperar a que termine la investigación y emitamos el pronunciamiento que resulte. No tengo mayor antecedente de ello más lo que he visto en los medios y no tengo ningún punto de vista al respecto salvo que hay una queja que se está investigando y se va a resolver en apego a lo que dice la ley.

¿Tiene un trasfondo político? 

Qué puedo decir, pues hay una queja, es todo, y se está atendiendo como las otras 50 mil que recibimos cada año. No puedo decir más.
¿Ya se están haciendo las investigaciones?

Se hicieron las peticiones de información a la rectoría y estaremos esperando a que nos contesten. También estaremos recabando las evidencias como se hace en todos los casos.
(Con información de El Universal.mx y El Porvenir.com.mx)

sábado, 9 de agosto de 2014

Lo que debería ser un sueldo mínimo, "perverso" dice el gobierno y lo que ganan quienes deciden nuestro mísero salario

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer el apoyo de su grupo parlamentario a la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de llevar a cabo un debate sobre el salario mínimo, que debe ser hoy, dijo el legislador, de 548 pesos diarios.

Afirmó que el debate debe dirigirse al aumento del salario mínimo, con propuestas creativas e innovadoras, con un espíritu lejano a las aventuras populistas, y que permita que esta figura de remuneración al trabajo sea un instrumento para abatir la pobreza.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera convocó el martes 5 de agosto a la realización de un debate nacional que genere una política de recuperación del salario mínimo.

En ese sentido, el mismo día, EL UNIVERSAL publicó el resultado de un análisis en el que México figura en el último lugar, con los salarios mínimos más bajos entre los 26 países de la OCDE.

El monto del salario mínimo que refiere Barbosa está basado en el estudio de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, elaborado por el Observatorio de los Salarios Mínimos.

"Se requieren de casi 16 mil 444 pesos mensuales, para garantizar la adquisición de una canasta básica alimentaria, además de cubrir los gastos de educación y vivienda de una familia, como lo establece la Constitución", afirmó el legislador perredista en un comunicado.

"Sería algo perverso aumentar el salario"
La iniciativa del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de incrementar el salario mínimo a 100 pesos no logra convencer a los funcionarios del gobierno federal.

Esta vez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, alertó que al decretar el aumento del salario mínimo de golpe, se iniciaría “una dinámica perversa” como hace 30 años, cuando había escaladas inflacionarias y el poder adquisitivo se perdía de tajo.

Luego de participar en el Foro Expo Crece tu Empresa, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dejó claro:

“Debe aumentar el salario mínimo pero con un incremento del poder adquisitivo con el ánimo de que se genere una buena dinámica y no una dinámica perversa”.

Para Núñez “eso sólo se logrará con una mayor productividad y rentabilidad porque si el trabajador logra ser más productivo y el patrón se lo reconoce, habrá un incentivo para que tenga un mayor salario”.

Eso sí, el jefe del SAT señaló que la fijación del salario mínimo debe ser un indicador de productividad, respecto al aporte que cada trabajador haga a la empresa. Es decir, que el incremento de los ingresos de los trabajadores no necesariamente es vía el salario mínimo.

El problema es que la productividad del país no crece lo suficiente para poder elevar los salarios y en dado caso de que despegue, llevaría años para que los salarios recuperen su poder adquisitivo.

De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), al sumar las tasas de crecimiento de la productividad desde 1991 hasta 2009 en México, se observa que la tasa acumulada alcanzó apenas 2.1%. Esto implica que lo que produce un trabajador mexicano en los últimos 18 años ha crecido mínimamente.

La situación es grave comparada con otros países similares al nuestro. En Corea del Sur la productividad creció de manera acumulada en el mismo periodo un 82.8%, mientras que Irlanda lo hizo a un ritmo de 64.2%.

“Como resultado, estas economías gozan de tasas de crecimiento económico envidiables. Esto se debe a que, a diferencia de México, estos países han creado –con mucho éxito– un ambiente propicio para el desarrollo de la productividad”, señala el CIDAC en su informe “La productividad en México”.

Según esta asociación civil, para lograr un crecimiento en la productividad es necesario tener estabilidad macroeconómica, mejora en indicadores educativos, avance tecnológico, capacitación y cultura del trabajo.

El futuro lejano
Actualmente, el gobierno federal y los especialistas en economía aseguran que México tiene estabilidad macroeconómica, sin embargo, existe rezago educativo, comparado con otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y no se diga del atraso tecnológico.

Para el especialista y catedrático José Luis de la Cruz, la diferencia de México con otras naciones es la inversión en ciencia y tecnología; aquí alcanza menos de medio punto porcentual del PIB.

“La gente en aquellos países tiene la capacidad de crear pequeña y mediana empresa, generar empleos y ser partícipes de procesos de exportación e innovación que elevan la productividad y competitividad de aquellos países. Es un elemento central, pero hay que tener muy claro que a ellos les ha llevado décadas realizarlo, pero una vez que lo hacen, están en esa posición de ventaja, de países desarrollados”, afirma a Apro, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

–¿En este sexenio hay un punto de arranque para estos cambios estructurales? – se le cuestiona.

–Dígamos que en ciencia y tecnología llevamos un rezago de los últimos 30 o 40 años, casi no se han abierto centros de investigación avanzada. El vínculo entre la empresa y la universidad para lograr aplicaciones tecnológicas que resuelvan problemas productivos es muy débil, mientras que los programas de gobierno que desarrollen estos institutos y que incuben estos desarrollos tecnológicos al país, ha sido limitado.

–¿Cuánto tiempo llevaría a México llegar a esos niveles?

–En realidad hace falta un esfuerzo de articulación con objetivos que rebasen lo que ya hicimos, ir más allá de la maquila. Integrar procesos productivos en donde se empiece a elevar el contenido nacional de las exportaciones, de la producción interna para que más empresas nacionales participen y, como consecuencia, haya más empleo y más salarios. Es un proceso de mediano plazo.

El debate continúa
Mientras eso sucede, continúa el debate de incrementar el salario mínimo propuesto por el Gobierno del Distrito Federal continúa. Luego de participar en el foro organizado por el ITAM, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, defendió el aumento y garantizó que no impactará en la inflación.

“Estamos convencidos y así lo demuestra la experiencia de otros países, de que sí esto se hace con incrementos moderados, graduales y se modulan conforme a las distintas variables macroeconómicas, se puede hacer bien”, dijo.

La evidencia, agregó el ex secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, muestra que en otros países en donde se aumentó el salario mínimo no se detectaron efectos inflacionarios, ni contra el empleo ni tampoco en la economía.

Aún más, enarboló la bandera de los trabajadores y aseguró que decretar un aumento del salario mínimo es “un acto de justicia”.

Sin embargo, la cúpula empresarial y el mismo Banco de México (Banxico) difieren con Chertorivski con diferentes argumentos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, dijo que “el tema se debe revisar con absoluta responsabilidad, ya que no se puede manejar de manera política, ni populista ni por decreto”.

La cara de la incongruencia: Lo que ganan quienes definen el salario mínimo
Los principales directivos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) perciben en promedio de 2 millones de pesos anuales, cantidad similar al sueldo de 990 personas que ganan el mínimo.

La Conasami es el organismo que se encarga de fijar las remuneraciones mínimas legales para “satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”, según la Constitución.

Depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y quienes la encabezan tienen rangos salariales de primer nivel en la jerarquía federal.

Su objetivo es procurar la “congruencia entre lo que establece la Constitución (Art.123) con las condiciones económicas y sociales del país”, señala su sitio web.

Sin embargo, las remuneraciones que reciben los directivos de esta dependencia contrastan con los salarios mínimos y prestaciones de los trabajadores del país, como en el Distrito Federal que se ubica entre los sueldos más bajos del mundo, según reportó este martes EL UNIVERSAL.

Para este 2014, la Conasami cuenta con presupuesto 41 millones 414 mil 055 pesos para operaciones y pago de salarios; más de 8 millones se destinan sólo al pago de seis altos funcionarios (sin contar seguros y otras percepeciones) como se muestra a continuación:
(Con información de Red Política, Proceso.com.mx)

jueves, 7 de agosto de 2014

Diana: Crónica de una muerte anunciada

En su diario andar por las calles del municipio mexiquense de Atizapán, José Diego Suárez Padilla se encontró un maletín con un expediente judicial de una víctima de feminicidio.

Al empezar a hojear el legajo de 800 fojas se llevó una fuerte impresión al darse cuenta de que se trataba de un caso que le atañía personalmente: era el expediente de su hija Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre de 2010.

Dedicado a la albañilería, José, como le dicen sus conocidos, dedicó varios días a leer el documento y de paso a consultar el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Todo ello le permitió encontrar inconsistencias en la investigación del crimen de su hija que trata de corregir con algunos recursos interpuestos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Apoyado en su esposa, María Victoria Torres Fernández, José dice que están en espera de alguna respuesta de las autoridades encargadas de impartir justicia.

La historia

La tarde del 31 de diciembre de 2010, unos meses antes de su cumpleaños número 22, y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana volvía a su casa después de una reunión con sus amigos.

Unas cuadras antes de llegar a su domicilio, donde ya la esperaban sus padres y sus dos hermanos, la joven contestó la llamada de Gilberto, el novio que se creía dueño de su vida y le exigió una explicación de por qué pasó la tarde sin él.

Tras la llamada ambos se encontraron en un parque de Atizapán, donde los reclamos se convirtieron en navajazos y cerraron para siempre los ojos cafés de Diana. Ella quedó inerte en la calle; su pareja y la navaja del odio huyeron al estado de Hidalgo.

Ese día, a las 11 de la noche, del celular de Diana salió una llamada a casa de sus padres. En lugar de su voz cálida se escuchó una pregunta seca: “¿Es familiar de Diana Suárez?”. Sin esperar la respuesta, la voz tosca agregó: “Tienen que venir al Ministerio Público, tenemos a su hija”.

Desde esa madrugada el dolor se instaló para siempre en la casa luego de que el cadáver de la joven fue entregado a sus padres sin explicación alguna de los agentes ministeriales, quienes incurrieron en lo común cuando se trata de asesinatos de mujeres en el Estado de México: perder las pruebas del homicidio.

Advertencias ignoradas

Como muchos casos de feminicidio en la entidad, la muerte de Diana fue un crimen anunciado. Y también como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando lo solicitó.

En 2008 Gilberto entró a su vida de repente. Ella, como la recuerdan sus padres, era toda responsabilidad, alegría, compromiso y empatía. Él, todo lo contrario. Aunque en un inicio se presentó como la persona más amable, la situación cambió casi de inmediato: se volvió celoso y agresivo; era despedido cada 15 días de algún empleo por su carácter conflictivo.

Los jaloneos, moretones y prohibiciones no se hicieron esperar. Su compañía tenía un precio y era que ella guardara silencio. “Señora, tiene que venir por Diana; se está peleando con Gilberto”, fue lo que un día se escuchó en el teléfono. Una amiga de la joven, alarmada por una pelea entre la pareja, llamó a don José y a su esposa.

Cuando llegaron al lugar, un vigilante contó lo sucedido: “Estaban peleando y el muchacho le aventó a la chava una botella de caguama”. Nadie hizo nada.

Incluso 90 días antes del asesinato, un hecho advirtió que Gilberto podía terminar con la vida de Diana. El 4 de octubre de 2010, cerca de las 10 de la mañana, Gilberto empujó el portón de la casa de su novia y entró. La joven estaba sola porque sus padres habían ido a trabajar.

“Quiero el celular”, le reclamó Gilberto. Lo que él contaría más de un año después ante el Ministerio Público (MP) es que el teléfono guardaba más de 200 fotos sexuales de la pareja.

Diana se negó a darle el celular y corrió a su cuarto. Trató de esconderse, gritó, pidió ayuda, imploró, recordó que él decía amarla. Nada consiguió. Gilberto la tomó por los brazos y la aventó. El golpe quebró el cristal de la ventana.

Con una navaja oprimiéndole el cuello, Diana acertó a decir que el teléfono que su novio reclamaba estaba en la sala. Ambos bajaron las escaleras. Las manos temblorosas de ella entregaron el celular, que no se sabe si efectivamente contenía imágenes sexuales de Diana, pero sí guardaba fotos que mostraban los golpes que ella recibió durante los casi dos años de noviazgo.

Cuando Gilberto por fin se fue, Diana llamó a su tía para que fuera a acompañarla. Cuando su madre volvió a casa y supo lo sucedido llamó a la mamá del novio de Diana. “No puedo creer que mi hijo haya hecho eso, pero no pierda el tiempo en la denuncia, tengo familia en el MP”, fue la advertencia que María recibió como única respuesta.

Ya en la noche, cuando José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia por el allanamiento de morada. Las nueve de la noche marcaron el momento en el que empezó a fragmentarse la ilusión de que en el Estado de México existe la justicia.

Ante el MP, Diana relató la agresión excepto a un médico legista, pues éste nunca fue presentado con la joven. Sin embargo, las autoridades después dijeron que ella lo había rechazado.

“Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió Diana en ese momento.

“Eso no existe en México, las órdenes de protección sólo se dan en Estados Unidos”. “No te robó el celular; tú lo entregaste”. “Las peleas entre novios no son un delito”… fueron algunas de las respuestas del personal judicial.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que ha acompañado a muchas familias en sus denuncias de violencia de género–, ese tipo de respuestas son un común en los MP del Estado de México, pues para otorgar una orden de protección se pide a la denunciante pruebas de los hechos y seguir un juicio contra su agresor.

Así, la MP de Atizapán, Clara Rulfo Fernández, y el secretario Juan Ignacio Robles Márquez, así como los agentes Mónica Hernández Ruiz y Francisco Alfonso Bonifaz Muñoz no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron.

Empezaron 90 días angustia, días rutina en los que había que extremar precauciones. Las llamadas de Gilberto debían contestarse de inmediato; la vida de Diana estaba amenazada, la de sus padres también. La amenaza se concretó el 31 de diciembre de 2010 cuando la asesinó.

En esos días, la única esperanza para el padre de la joven era ir al MP de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla –a donde, sin explicación alguna, se trasladó el expediente–, para conocer el avance de las investigaciones por el allanamiento.

Impunidad

José deja escapar el llanto cuando recuerda a su hija, cuando revive cómo las autoridades judiciales lo discriminan por ser de origen humilde.

De la impunidad José se defiende llevando a todas partes el viejo maletín con el expediente de su hija como si fuera un escudo, y muestra su Código de Procedimientos Penales cual espada contra las mentiras de las autoridades.

Con sus manos gastadas por el trabajo, José también sostiene un bastón pues por una misteriosa enfermedad poco a poco ha quedado ciego. “Si no hubiera perdido la vista ya hubiera acabado de leer este libro y les demostraría que me están mintiendo y que lo que está haciendo (el personal judicial) está mal hecho”.

Tras el asesinato, don José pasó nueve meses dando vueltas a las agencias del MP de Atizapán y Barrientos, e incluso fue a la sede de la PGJEM, en Toluca, capital de la entidad, para aportar pistas sobre el paradero de Gilberto. Sólo había dos lugares posibles donde el asesino de su hija podría resguardarse: Hidalgo y Veracruz, donde tenía a su familia.

“Exijo que me cambien a ese pinche comandante”, dijo un día José en Toluca. Lo cambiaron y finalmente el 19 de octubre de 2011 Gilberto fue aprehendido en Hidalgo. La prensa local reportó que durante la detención el hombre, de entonces 23 años, argumentó “que su novia lo puso celoso y tuvo que darle 65 puñaladas”.

No obstante, Gilberto aún no es sentenciado. José explica que el abogado de oficio asignado al caso de Diana sostiene que el agresor “tiene derechos”. De la confesión del asesinato nadie parece acordarse.

Incluso el abogado del MP le dijo a don José que esa declaración a la prensa no cuenta ante la PGJEM, porque para una sentencia es necesario que el presunto criminal confiese que cometió un feminicidio.

Fue la lucha e insistencia del padre de Diana las que lograron que la causa penal 175-2011, en la que se acusaba a Gilberto Campos García de homicidio, se reclasificara por el delito de feminicidio en la causa 619-2012.

Fueron también sus constantes reclamos los que lograron que el expediente 3838/2010-10, que da cuenta del allanamiento de morada, fuera desempolvado e incluido como antecedente en la causa por feminicidio.

Las inconsistencias que las autoridades judiciales cometieron desde la primera denuncia llevaron a José a acusar las irregularidades en la PGJEM, en Toluca. “Eso es muy raro; yo conozco a los agentes del MP y no cometen irregularidades”, justificó Antonio Soto, funcionario de la Procuraduría.

En septiembre de 2012, con todo y sus zapatos desgastados y reclamando justicia, el padre de Diana se plantó frente a la oficina del entonces procurador mexiquense. “Quiero ver a Miguel Ángel Contreras Nieto”, demandó José “armado” con el expediente de su hija.

La mirada de la secretaria barrió la vestimenta sencilla de José Diego y le dijo: “No es posible, el procurador está ocupado”. Los ojos aún buenos del hombre recorrieron la sala y vieron al menos a cuatro hombres de traje a la espera de ser recibidos por Contreras Nieto.

“Debajo de la ropa todos somos iguales; si el procurador no me puede recibir porque me ve humilde y con esta ropa desgastada dígame la verdad y mañana me baño, pido prestado un traje y vengo a verlo. Soy humilde porque tengo que hacer el trabajo de las autoridades y no tengo tiempo de hacer el mío y ganar dinero. Quiero ver al procurador y no me voy de aquí hasta que lo haga”.

El 22 de septiembre de 2012 a las 10:45 de la mañana los ojos fríos del procurador se encontraron con las lágrimas de José, quien contó las injusticias que los agentes ministeriales y policías habían cometido. Contreras Nieto ordenó que se revisaran las presuntas irregularidades en la averiguación previa 3838/2010.

Aunque a Diana no se le protegió tras el allanamiento y la pelea del celular y nueve meses después perdió la vida, el órgano de control de la PGJEM determinó: “No a lugar a instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra de servidores públicos”.

El hombre resistencia encarnado en José continúa en solitario con ambas batallas: la sentencia para Gilberto Campos y el castigo para quienes hicieron mal su trabajo.

“A mí hija la mataron, como a las hijas de muchas madres que me he encontrado en el camino por entregar el corazón; si logro obligarlos a que en un futuro hagan bien lo que tienen que hacer, puedo evitar que a más jóvenes enamoradas el amor les cobre el precio. Eso es lo que Diana hubiera querido”.

(Con información de Proceso.com.mx)

martes, 5 de agosto de 2014

Guardaespaldas: Con licencia para matar

De enero de 2013 a junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha iniciado 14 averiguaciones previas en las que escoltas o guardaespaldas han estado involucrados en la comisión de un hecho delictivo.

Cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la dependencia advierten que en 2013 se investigaron nueve hechos, mientras que de enero a junio del presente año se han investigado cinco casos.

Los delitos en los que este sector de la población está involucrado son lesiones dolosas por arma de fuego, amenazas, abuso de autoridad, extorsión, lesiones culposas por tránsito vehicular, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a propiedad ajena por tránsito vehicular y homicidio doloso por arma de fuego.

Las lesiones dolosas por arma de fuego son el delito más recurrente con tres casos registrados, según la Procuraduría. En segundo lugar aparecen las amenazas y la extorsión, con dos casos cada una, y con un caso cada una están lesiones por tránsito, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a la propiedad y homicidio doloso.

El mayor número de hechos delictivos cometidos por escoltas ocurrieron en la delegación Miguel Hidalgo con cinco casos, además de tres en Cuauhtémoc, dos en Álvaro Obregón, uno en Benito Juárez, uno en Tlalpan, uno en Cuajimalpa y otro en Gustavo A. Madero.

Sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos por guardaespaldas son pocas, ya que la mayoría de estas situaciones quedan en lo anecdótico porque los afectados no denuncian ante el Ministerio Público.

Ataque en venganza

Este año, el caso del escritor Maruan Soto Antaki cobró relevancia luego de que fue agredido por dos guardaespaldas que protegían a un hombre, que nunca se bajó del vehículo pero quien sin duda ordenó el ataque en venganza porque la víctima les había tomado fotos luego de observarlos manejar de forma imprudente y agresiva.

Hace tres semanas, el escritor manejaba sobre Insurgentes Sur cuando observó dos camionetas que conducían de manera imprudente. Luego de alcanzarlas les tomó una foto con su celular provocando que el conductor de una Land Rover le aventara la camioneta y él tirara su moto al piso. En ese instante, de la camioneta Durango placas 259-XZK bajaron dos escoltas y lo golpearon.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, aunque se sabe trabajan para la empresa Bell Autopartes, ubicada en Tlalpan. Ellos accedieron a pagar los daños a cambio de que el escritor les conceda el perdón, lo cual ha sido descartado por la víctima.

La empresa sigue ocultando la identidad de los atacantes.

Sin acuerdos

En octubre de 2010, el entonces procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio con el Consejo Nacional de Seguridad Privada en el que, entre otras cosas, se preveía la creación de un sistema para la identificación de todos los vehículos privados y oficiales que brinden el servicio de escolta en la ciudad de México.

La intención del ahora jefe de Gobierno es que los autos utilizados para esas labores contaran con placas especiales que fueran identificables para la ciudadanía y así generar un ambiente de certeza y respeto. El acuerdo preveía una fase de emplacamiento con la entonces Setravi, la cual nunca se llevó a cabo y aunque el papel existe, no se concretaron los acuerdos plasmados en él.

El 30 de junio, un presunto delincuente fue abatido por el escolta de un empresario cuando intentó asaltarlos en Eje 6 Sur Holbein, colonia Nochebuena.

El empresario inmobiliario Alberto Pérez Carrera y su escolta Luis Aguirre, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México, circulaban en un BMW cuando supuestamente fueron agredidos por Miguel Flores Hernández, quien sacó de entre sus ropas un arma de fuego para asaltarlos.

El guardaespaldas le disparó en la cabeza al agresor provocando su muerte y posteriormente se dieron a la fuga. Actualmente, el empresario y su escolta ya acreditaron ante el Ministerio Público que actuaron en legítima defensa.

Sin embargo, no se ha explicado por qué Pérez Carrera no será acusado de encubrimiento por favorecimiento luego que se escondiera por varios días y tuviera que ser ubicado por Policías de Investigación. La ley obliga a los patrones de escoltas a informar a la autoridad de manera inmediata hechos como el ocurrido el 30 de junio.

"Esto me da permiso"

En octubre de 2011, Marco Antonio manejaba su Tsuru de sur a norte por Insurgentes en compañía de su esposa, su hija de 17 años y su hijo de 13.

Avanzaba por el carril de alta velocidad, y cuando estaba a la altura de la estación del Metrobús El Caminero, una camioneta Nissan, modelo Armada, se incorporó delante de él. De manera instantánea, otra camioneta, una Ford Escape blanca placas 955-RFT, se metió entre la Armada y Marco Antonio haciendo que casi perdiera el control de su vehículo.

Molesto, aceleró su Tsuru y se emparejó al conductor de la Escape que se le había cerrado: “Le pregunté que qué le pasaba, que por qué se sentía tan valemadres e inmediatamente sacó una pistola, yo creo que era 9 milímetros, y me apuntó a la altura de la cabeza y me dijo: "esto me da permiso, no me estés chingando”, detalló.

Adelante, encontró una patrulla y relató a sus tripulantes lo sucedido. Los agentes dieron alcance a la camioneta, pero los ocupantes mostraron una placa y se marcharon. Eran agentes de la Policía Federal y custodiaban al boxeador Juan Manuel Márquez.

(Con información de Agencias) 

domingo, 3 de agosto de 2014

Fórmula 1: Dinero público para un negocio privado

La realización del Gran Premio de Fórmula Uno en la Ciudad de México –que no se había celebrado en el país durante 23 años– está cobijada por el gobierno capitalino, que lo promovió; el federal, que desembolsará 210 millones de dólares (2 mil 730 millones de pesos), y la iniciativa privada: la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) pondrá 150 millones de dólares (mil 950 millones de pesos) durante los próximos cinco años por los derechos comerciales de la máxima carrera del automovilismo deportivo.

Esto significa que, durante los años que se celebrará el Gran Premio (GP) mexicano –entre 2015 y 2019– se pagarán anualmente 72 millones de dólares (936 millones de pesos) al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone. Es decir, en total se erogarán 360 millones de dólares (4 mil 680 millones de pesos) provenientes del gobierno federal y la iniciativa privada.

En contraparte, los implicados prevén una derrama económica anual de 399 millones de dólares (5 mil 187 millones de pesos), la creación de 18 mil empleos temporales, directos e indirectos, y la presencia de al menos 180 mil espectadores, de acuerdo con las estimaciones que la secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, compartió a los medios de comunicación el miércoles 23, cuando se hizo oficial el regreso de la F1.

Ahora bien, el pago que hará México a Formula One Management –la empresa de Ecclestone encargada de vender los derechos comerciales de la F1– es casi el doble del que depositará el gobierno de Canadá para realizar el Grand Prix durante 10 años. De acuerdo con el periódico Excélsior, Canadá entregará 168 millones de dólares.

En 2013, la revista especializada en finanzas Forbes difundió el estudio Formula One’s new urban economies, realizado por la Universidad de Quebec, en Canadá. Ahí se detalla que la empresa de Ecclestone, quien posee los derechos de la carrera desde 1978, suele ofrecer distintas tarifas.

El análisis detalla que, en un primer listado, se encuentran los “viejos” GP, como el de Alemania, cuyo pago varía entre los 12 y 15 millones de dólares. Después vienen los GP llamados “tradicionales”, entre los que se encuentran países como Japón y Brasil. Simplemente por tener esa etiqueta cubren una cuota anual que oscila entre los 15 y los 38 millones de dólares. Al final están las naciones noveles, como México, que deben soltar al menos 40 millones de dólares.

En septiembre pasado, el vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el mexicano José Abed, director de la Organización del GP de México entre 1986 y 1992, declaró a la revista especializada Autoweek que traer una carrera de F1 al país representa un costo total de 50 millones de dólares.

Abed, también titular de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (Omdai), precisó: “La inversión que requiere el autódromo está sobre los 20 millones de dólares y el arreglo económico, que se hace directo con Bernie Ecclestone, ronda los 30 millones de dólares”.

Las cifras se quedaron cortas. El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá pagar mucho más por traer de vuelta el Gran Premio de la F1, que celebró su última carrera en México el 22 de marzo de 1992 en el autódromo Hermanos Rodríguez.

“El presidente quería con esto que México se proyectara al mundo como un país moderno”, dijo Ruiz Massieu, pero el llamado “gran circo” parece diseñado para generar ganancias privadas mediante el pago de recursos públicos.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1970, ya en circulación)

miércoles, 30 de julio de 2014

Michoacán y la verdadera historia de Los Vallejo

Bajo el disfraz de renuncia por motivos de salud y bajo la presión de Los Pinos, el priísta Fausto Vallejo dejó el gobierno de Michoacán en medio de pruebas que confirman que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado, que después pasó a cobrarle las facturas. Un documento de inteligencia militar asegura que su hijo Rodrigo pertenecía a la estructura tanto de "La Familia Michoacana" como de "Los Caballeros Templarios" y entre sus funciones estaba la de cobrar derecho de piso, establecer contactos con políticos y empresarios y facilitar operaciones de lavado de dinero.

El gobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, anunció por Twitter su renuncia el miércoles 18, antes que la Presidencia de la República la hiciera oficial, y cinco días después de que circulara una foto de su hijo Rodrigo Vallejo Mora en una reunión con Servando Gómez, "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios".

Aunque quiso ocultar el problema con la versión de que se iba por motivos de salud, el escándalo puede continuar si se atienden los expedientes que señalan al segundo hijo del político priísta de operar desde el 2008 para el crimen organizado de la entidad.

De acuerdo con documentación confidencial de seguridad pública e inteligencia militar, a las cuales tuvo acceso Proceso, Vallejo Mora, "El Gerber", comenzó a trabajar para distintos grupos criminales de Michoacán desde joven, pero cobró más importancia cuando su padre ganó la gubernatura en 2011.

Según el informe que tiene el gobierno federal, Vallejo Mora “es y fue utilizado por sus vínculos políticos para lograr los objetivos del grupo criminal tanto en (el) tráfico de influencias como en (los) acercamientos con la clase política que arribaría al gobierno michoacano encabezado por Fausto Vallejo Figueroa”.

"El Gerber" aparece en la estructura de organizaciones criminales oriundas de la entidad, como "La Empresa", "La Familia Michoacana" y "Los Caballeros Templarios", en las que cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con empresarios, comerciantes y políticos.

A últimas fechas el hijo del gobernador tenía tres responsabilidades con "Los Caballeros Templarios": una, el “cobro de piso y protección de bares y discotecas de Morelia; conjuntaba a propietarios para otorgarles el servicio de manera obligada”.

La segunda era traficar con influencias a fin de facilitar “los trámites correspondientes para pagos”, así como “otorgar nuevos permisos y modificar adeudos al municipio”. Y la tercera, realizar la “verificación y control de bares y restaurantes para el lavado de dinero”.

Los reportes mencionan que el hijo de Fausto Vallejo fue contactado desde joven por Héctor Gerardo Guzmán Múzquiz, a quien señalan como “operador” de cobros de piso y extorsiones en Morelia, igual que para el lavado de dinero.

El informe indica que Guzmán Múzquiz estuvo involucrado, en enero de 2008, cuando miembros de "La Familia Michoacana" secuestraron durante unas horas a Alfonso Reyes Hinojosa, primo del entonces presidente Felipe Calderón, por negarse a pagar 30 millones de pesos a empresas de la entidad, amparándose en su parentesco.

Relevo no priísta
Los documentos recogen también información de 2009, cuando Fausto Vallejo era alcalde de Morelia. En junio de ese año la Policía Federal detuvo a Arnoldo Rueda Medina, "La Minsa" o "El Fresa", quien en ese momento estaba acompañado de Rodrigo Vallejo. Desde el gobierno de Felipe Calderón llegó la orden de ponerlo en libertad, en tanto que el otro delincuente permaneció detenido.

Entrevistado al respecto, José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, dice que los excesos de Rodrigo Vallejo y sus vínculos estrechos con "Los Caballeros Templarios" eran bien conocidos en el estado, pues se había convertido en jefe de plaza de la capital michoacana:

“Hacía bailes en la casa de gobierno con puro criminal para demostrar que tenía poder para hacer las cosas. Eran bailes fastuosos a los que iban puros criminales: jefes de plaza, encargados de zona y muchos otros ‘invitados especiales’.”

Precisa: “A Rodrigo le gustaba mucho andar con los hijos de los narcos, en sus pachangas y francachelas. También le gustaba mostrar que tenía cierto control sobre los federales, porque cuando detenían a alguno de sus amigos hablaba con los federales para liberarlo. Además, como hijo del gobernador también tenía el control de algunas mafias en los transportes, y con los comerciantes era el encargado de cobrarles las cuotas”.

Sobre la foto donde Vallejo Mora aparece con "La Tuta", que comenzó a circular el viernes 13 en las redes sociales, Mireles sostiene que es auténtica y muestra que Rodrigo no estaba ahí contra su voluntad, como quiso desvirtuar los hechos el ahora ex gobernador al declarar, en una entrevista con la red estadunidense CBS, que uno de sus hijos fue secuestrado el año pasado:

“Está en blanco y negro la foto que he visto por aquí. Están en una reunión. No se ve que esté obligado, como decía Fausto Vallejo, porque lo habían "levantado": están en una reunión de convivencia con "La Tuta" y otras personas. Ahí está la foto y, como son cosas que ya sabíamos, no tenemos duda de que son ciertas.”

El médico cirujano advierte que la renuncia de Vallejo Figueroa no lo exime de sus responsabilidades y abre la posibilidad de que pongan en su lugar a otro político que también esté vinculado con "Los Caballeros Templarios":

“Eso es lo que no queremos: que vayan a meter a uno más malo, como ha pasado en algunos municipios donde están metiendo gente de "Los Caballeros Templarios". No queremos que vayan a meter a otro templario arrepentido al gobierno del estado para lo que falta, que es organizar la elección, que ya viene el próximo año.”

El viernes 20, sorpresivamente el Congreso michoacano eligió como gobernador sustituto al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, doctor en filosofía por la UNAM y profesor de tecnología educativa y filosofía de la cultura.

Según difundió el viernes 20 el portal de CNN México, el diputado Alfonso Martínez, presidente del Congreso de Michoacán, explicó que la lista de candidatos a suceder a Vallejo sería propuesta por el PRI, ganador de la elección de 2011, pero “se pronunció a favor de que el elegido sea un ciudadano sin militancia partidista en vez de una persona cercana a las fuerzas políticas”.

Jara Guerrero desempeñará el cargo menos de 15 meses, pues los comicios estatales se llevarán a cabo en junio de 2015 y el ganador asumirá el poder en octubre siguiente.

Tras remarcar que Vallejo Figueroa llegó a la gubernatura con apoyo de "Los Caballeros Templarios", Mireles explica:

“Eso era lo único que le quedaba a Fausto por hacer: organizar la elección y darle la oportunidad a los candidatos de su partido a lucirse con las obras que estén pendientes. Pero con todo lo que está pasando el PRI no tiene nada que ofrecer. El pueblo de Michoacán no quiere nada del PRI porque en la elección pasada usaron dinero ensangrentado y muchos de los que votaron iban con el fusil apuntándole en la cabeza. Son situaciones que nosotros, en nuestros pueblos, vamos a vigilar que no se repitan”.

La “inversión” templaria

Cuando aún se aferraba a la gubernatura, Vallejo Figueroa intentó defender a su hijo de las imputaciones: “En mi familia no hay delincuentes”. Sin embargo, anunció su renuncia el miércoles 18 y al día siguiente "El Gerber" ya no estaba en Michoacán, pues, de acuerdo con versiones de funcionarios estatales, su detención es inminente: además de la fotografía con "La Tuta" las autoridades obtuvieron cinco videograbaciones en las que está con miembros de la misma organización delictiva, incluido "Kike" Plancarte.

Para colmo, el coordinador de la campaña electoral de Fausto Vallejo y quien lo sustituyó en la gubernatura mientras atendía sus enfermedades, Jesús Reyna, se encuentra en la cárcel bajo similares cargos, ya que presuntamente se reunió en 2011 con los cabecillas templarios y recibió fondos de ellos para que Vallejo ganara la elección.

En esas grabaciones se puede ver al hijo del entonces gobernador, en estado de ebriedad, en fiestas y reuniones a las que asistieron también otros funcionarios michoacanos. “Ya todos sabían quién era el hijo de Fausto Vallejo. En unos videos está en un rancho con varias personas, como funcionarios, alcaldes y "Kike" Plancarte; en otros videos están sus encuentros con "La Tuta", dice un testigo calificado que opta por el anonimato.

En septiembre y octubre de 2013 la senadora del PAN Luisa María Calderón –hermana del ex presidente Felipe Calderón y rival de Vallejo en la elección de 2011– acusó al priísta de tener relaciones con "Los Caballeros Templarios". Reveló que en la contienda electoral “gente de campaña de Fausto fue a negociar con el crimen organizado quién ganaba”.

Justo cuando Jesús Reyna era gobernador interino, mientras Vallejo se atendía de un mal hepático, la legisladora señaló: “‘Se dice que uno de los hijos de Fausto está vinculado con el crimen organizado y que ha sido difícil sacarlos del gobierno”.

Para entonces, en la región michoacana de Tierra Caliente, el doctor Mireles ya acusaba directamente a Jesús Reyna de que, como coordinador de la campaña de Vallejo, había recibido 3 millones de dólares de "Los Caballeros Templarios".

“Nosotros hemos estado demandando la limpieza total de Michoacán y eso incluye a todo el crimen organizado donde se encuentre, porque a nosotros no nos cabe ninguna duda de que el gobernador sabía que Jesús Reyna había recibido el dinero de "La Tuta" para su campaña. Su estado de salud no le permitió desarrollar mucha actividad de gobierno y sabemos que va a defender a su hijo a toda costa, aunque sabemos que Rodrigo cobraba a los bodegueros en el mercado de abastos de Morelia”, sostiene Mireles.

Desde el año pasado el líder de las autodefensas señaló que había videos y documentos en los que se registraron las reuniones de Reyna con "La Tuta" para negociar el apoyo de "Los Templarios" a la campaña de Vallejo.

En abril último se difundió un reporte que revela los vínculos de Reyna con "La Tuta" y Nazario Moreno, "El Chayo". El documento, clasificado como “confidencial” y fechado el 16 de marzo de 2012, tiene membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; fue elaborado por el asesor Juan García Bravo y se envió al entonces titular de esa dependencia, Elías Álvarez Hernández (Proceso 1954).

La fuente, según el texto, “informó que a finales del mes (entre el 26 y el 29) de marzo de 2011 se realizó una reunión privada entre el C. José de Jesús Reyna García y operadores de "Los Caballeros Templarios" en Michoacán, y quien fuera identificado como Miguel Granados Godoy, los dos de filiación priísta, (quienes) acordaron contactar una reunión privada con los líderes de la cúpula de este grupo delictivo para establecer una estrategia política electoral y de acuerdos mutuos”.

A la reunión, continúa el reporte, asistieron además Guillermo Valencia Reyes, alcalde de Tepalcatepec, y José Trinidad Pasalagua o Martínez Pasalagua, líder de los transportistas locales, quienes salieron muy entusiasmados comentando que "El Chayo" y "La Tuta" habían decidido “apoyar a los candidatos del PRI”.

Existen otros registros de este presunto apoyo de Los Caballeros Templarios a la campaña de Fausto Vallejo. El 29 de noviembre de 2012 la organización criminal colocó en varios lugares de Michoacán y Guanajuato mantas en las que dio a conocer supuestos acuerdos con el equipo de campaña del aspirante a gobernador por el PRI.

Después de reconocerlo “como gobernador elegido constitucionalmente”, "Los Caballeros Templarios" le recuerdan a Vallejo que ellos limpiaron el estado del "Cártel del Golfo" y de "Los Zetas", y enseguida le reclaman los favores prometidos: “Extraoficialmente nosotros estamos esperando los frutos de nuestra labor hacia su partido, cosa que por el momento no hemos (obtenido)”.

En el mensaje, firmado por “Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana”, éstos se jactan de que “las últimas tres generaciones de gobernantes han tenido lazos con nuestras organizaciones, llámese "Familia Michoacana" o "Caballeros Templarios”, y recuerda que esos vínculos “deben de ser indirectos pero fuertes”.

Y le dicen a Fausto Vallejo: “En el caso suyo usted sabe que hay parientes de primera línea que no sólo simpatizan con nosotros y hasta han convivido con nosotros, hay un hecho relevante”.

Detallaron su labor política: “Como agrupamiento al margen de la ley fomentamos la apatía hacia el partido político del PAN, por nuestras acciones el PAN (perdió) enclaves importantísimos que ustedes capitalizaron bajo una coordinación mutua, larga, ardua y sobre todo costosa. Fueron dos objetivos: frenar al PAN e impulsar a los candidatos del PRI”.

De ahí su insistencia para que el entonces gobernador cumpliera su compromiso: “Usted sabe, la gente sabe, el gobierno federal sabe que tenemos una capacidad de movilización importante que cualquier político querría tener, cosa que usted como PRI propusieron y nosotros aceptamos, sólo buscamos que usted y su gobierno sean congruentes con lo que hicimos, sólo queremos que de manera directa podamos acceder a un beneficio por nuestra inversión”.

El jueves 19, al oficializar su renuncia, Vallejo Figueroa argumentó motivos de salud y dijo que se iba “con la frente en alto” para que llegue alguien capaz de continuar su gobierno hasta el año que viene.

En efecto, él nunca pudo dar continuidad a su administración. Arrastrando una deuda estatal de 12 mil millones de pesos, en dos años pidió licencia tres veces por su precaria salud.

En ese periodo hizo cambios en las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Obras, Finanzas y en la procuraduría del estado. En esa etapa el crimen organizado llegó a controlar 70% de los 113 municipios, donde cobraba impuestos, extorsionaba a los comerciantes y productores agrícolas, e imponía a su gente en las direcciones de las policías municipales. Según el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, en los últimos dos años la entidad perdió casi 5 mil empleos y el crecimiento económico fue de 1%.

La crisis de gobernabilidad en Michoacán estalló el 24 de febrero pasado, cuando los grupos de autodefensa ciudadana de Tierra Caliente se alzaron contra la delincuencia y en pocos meses lograron expulsar a "Los Caballeros Templarios" de decenas de poblaciones.

El avance de los civiles armados obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a intervenir directamente en Michoacán: reforzó la seguridad con 10 mil soldados y policías federales, anunció apoyos por 45 mil millones de pesos en obras y nombró a su incondicional Alfredo Castillo como comisionado para la paz en el estado, quien así desplazó al gobernador Vallejo como autoridad política.

(*Este texto se publicó el 21 de junio reciente, como el reportaje principal de la edición 1964 de la revista Proceso)

martes, 29 de julio de 2014

La historia de Teresa: 55 años de prisión... por 2 mil pesos

“Oye, ¿me harías un favor?”. Teresa escuchó esa frase como si la hubieran pronunciando lentamente, letra por letra, aletargada por el alcohol.

“Ándale, es fácil, sólo necesito que reportes mi carro como robado porque necesito el dinero del seguro”.

Teresa pensó que lo último que quería era hacer un favor a Gloria, su vecina. Suficiente tenía con sus problemas: ganar mil 200 pesos a la semana en una pastelería lejos de su casa en Tultitlán, Estado de México, y hacer que ese dinero alcanzara para mantener a sus cuatro hijos. No estaba dispuesta a librar una batalla por otra persona, especialmente si no era su amiga y si sólo la había sacado esa noche de su casa para emborracharla y pedirle ayuda.

A punto de decir que no, la voz aletargada insistió. “Te pagaría 2 mil pesos”. Teresa se quedó callada. Ya no era un favor, sino un trabajo. Gloria dio las instrucciones: “Endosar la factura de mi auto a tu nombre, ir a la PGJDF, reportarlo como robado mientras yo lo oculto, volver con el reporte del Ministerio Público y recibir el dinero”. La idea sonaba bien, así que Teresa selló el trato con un trago de brandy.

El 29 de noviembre de 2007, Teresa hizo la denuncia de robo como si aquel Altima gris del año fuera suyo. Al volver a casa cobró el trabajo y se olvidó del asunto… hasta el 10 de enero de 2008, cuando Gloria le llamó por teléfono para interrumpirla mientras cocinaba.

“Deja lo que estás haciendo. Descubrieron el carro y necesito que vayas por él a la agencia 50 [de la PGJDF]. No te preocupes, no va a pasar nada, pero como la factura está endosada a tu nombre debes ir tú. Si sacas el carro te doy 50 mil”.

Teresa recuerda, desde prisión, que su primer pensamiento fue: “Es mucho dinero, pero si la libro”.

Tomó sus cosas, se apresuró a la procuraduría y se presentó como dueña del auto. La hicieron pasar a unas oficinas. Nerviosa, pensó en dos escenarios: ¿qué hacer con 50 mil pesos o qué hacer si la acusaban por fraude contra la aseguradora?

En eso llegó un tipo y le pregunto. ‘¿Es usted la dueña del coche?’. Teresa mintió y respondió que el coche se lo había regalado su esposo.

“En eso llegaron unos [agentes] antisecuestro y me puse nerviosa. Cuando de pronto “El mero mero” me dice, ‘¿sabe por qué está aquí, señora?’. ‘No, desconozco los hechos’, respondí. ‘Está por un secuestro que cometieron con ese carro’”, narra Teresa, luchando por no llorar.

No hubo argumento que valiera. Teresa ya no salió de ahí. Después de 72 horas la presentaron en el juzgado 61 del Reclusorio Oriente como una peligrosa delincuente. Luego, un oficio la mandó a “la casa de las secuestradoras”: Santa Martha Acatitla, donde debería esperar su sentencia.

Desde la cárcel, Teresa cuenta su versión de la historia: su vecina Gloria pertenecía a una banda de secuestradores y la implicó para librarse de la tenencia del coche que usaban para “encajuelar” víctimas. La última fue “don César”, un empresario que fue plagiado y liberado después del pago de rescate. Al bajarlo, el hombre volteó y vio las placas. Así dieron con el Altima gris.

La versión oficial cuenta que la ex vendedora de pasteles ayudaba a miembros de una violenta banda de secuestradores conocida como “Los Karim”, cuyo modus operandi era cortar los dedos de los pies a sus víctimas para presionar el pago del rescate. Su rol era rentar el auto. Ella es la única mujer detenida de la banda ahora desactivada: dos hombres están en el Reclusorio Oriente y dos más en el módulo de alta seguridad ‘El Diamante’, en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha.

“Nunca me imaginé esto, ¡son los 2 mil pesos más caros de la historia!”, se lamenta Teresa.

No hay día que no se acuerde que el 15 de octubre de 2010 un juez la sentenció a ocho días, 10 meses… y 55 años de prisión.

(Con información de El Universal.mx)

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