jueves, 1 de enero de 2009

Historia del secuestro en México

El secuestro en México es un delito que se ha practicado casi desde que el país fue independiente, pero los casos de más impacto se dieron a partir del inicio del Siglo XX, durante la Revolución Mexicana, en la época de mayor auge de las
guerrillas y en los últimos años con fines económicos.

Organizaciones no gubernamentales, analistas políticos e
investigadores indicaron que históricamente los secuestros se podrían
contar por miles, delito que si bien es considerado de alto impacto
en muchos países, aquí hay plagios que han servido hasta para
financiar una liposucción.

De igual forma se han registrado secuestros impactantes donde
las víctimas han sido mutiladas; plagios de grandes personalidades,
artistas, políticos con fines económicos, políticos y de impacto
mediático en los que grupos de guerrilleros son los protagonistas.

México es cuna de grandes secuestradores, tristemente célebres
como Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", o Andrés Caletri. Ambos
mantuvieron secuestrado al país durante la década de los ochenta y
los noventa, recordó el presidente del Consejo para la Ley y los
Derechos Humanos, Fernando Ruiz.

También los guerrilleros secuestradores en México han obtenido
importantes golpes publicitarios y económicos para el financiamiento
de sus movimientos, como el caso de Lucio Cabañas del Partido de los
Pobres, quien plagió a Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero
el 30 de mayo de 1974.

Dos décadas después, el 1 de enero de 1994, los miembros del
EZLN, encabezados por el subcomandante Marcos, secuestraron al ex
gobernador de Chiapas, el general de división Absalón Castellanos
Domínguez, para ser sometido a un Juicio Popular por los grupos de
indígenas alzados en esa fecha.

Otro de los secuestros de impacto fue el de José Guadalupe Zuno
Hernández, el 28 de agosto de 1974, a sus 83 años. Luego de que una
voz femenina informó a un diario de Guadalajara sobre el plagio, el
Ejército y las policías cerraron las carreteras e iniciaron la
búsqueda de los responsables.

Se trataba del suegro del presidente de la República en turno
Luis Echeverría Alvarez; era el padre de su esposa, Esther Zuno, pero
dos días después se dio a conocer la demanda de los secuestradores,
que tenía fines eminentemente políticos.

A cambio de respetar la vida de don José, los plagiarios exigían
20 millones de pesos, así como la excarcelación de 10 personas cuyos
nombres se darían a conocer horas después y su vía libre para viajar
a Cuba.

Las demandas se hicieron públicas a pesar de que el mismo día
del secuestro, el entonces procurador general de la República, Pedro
Ojeda Paullada, fijó la posición de Luis Echeverría en el sentido de
que "el gobierno federal no pacta con criminales".

Desde entonces este delito de alto impacto fue objeto de
impunidad; los secuestradores, a pesar de ser conocidos en su mayoría
permanecían libres, como fue el caso de Lucio Cabañas, que solamente
muerto a manos de soldados pudieron con él.

Asimismo, de acuerdo con testimonios de José Woldenberg, el 22
de febrero de 1985, Félix Bautista, miembro del Partido Socialista
Unificado de México (PSUM), también fue secuestrado.

En este caso, los plagiarios demandaban a la antigua dirección
del Partido Comunista Mexicano, que se había fusionado en 1981 con
otras cuatro organizaciones para dar paso al PSUM, "la devolución de
un dinero fruto del secuestro de Rubén Figueroa a manos de la
guerrilla encabezada por Lucio Cabañas", recuerda.

El dinero del rescate que ya había sido entregado a la guerrilla
se recuperó, pero sólo una fracción, y en la derrota y desbandada del
Partido de los Pobres, parte de ese dinero se entregó al PCM. En 1985
con el secuestro de Bautista se exigía su devolución.

Ante la negativa, fue secuestrado Arnoldo Martínez Verdugo, ex
secretario general del PCM, entonces candidato a diputado federal y
tres años antes aspirante a la presidencia de la República por el
PSUM. Este plagio ocurrió seis días antes de la elección que debía
celebrarse el 7 de julio, por lo que tuvo que pagarse un rescate para
recuperarlo.

Otro caso impactante fue el del empresario Pedro Sarquís, de 70
años, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo
(FARP), el 30 de mayo de 1974, y cuando se había pagado el rescate de
tres millones de pesos, al darle la noticia de que sería liberado
murió de un infarto y los captores abandonaron su cadáver.

Después de los secuestros de ese tipo, en la década de los
ochenta se inició una nueva etapa más evolucionada, cuando comienzan
a surgir una serie de secuestros con diferentes características, en
los que mutilaban a las víctimas para exigir el pago del rescate.

Se trataba de dos bandas delictivas, la de Daniel Arizmendi, "El
Mochaorejas", y la de Andrés Caletri, quizás las más temidas por los
empresarios, a quienes se atribuyeron plagios como el del banquero
Alfredo Harp Helú, Vicente Fernández hijo, Jorge Espinosa Mireles,
entre otros.

En las últimas décadas también fueron plagiados el ferretero
Jorge Sekiguchi, el empresario Joaquín Vargas Guajardo, a principios
de los 90, así como las hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi,
quienes fueron plagiadas por la misma banda que meses después privó
de su libertad al entrenador de futbol Rubén Omar Romano, en esta
década.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, aseguró que el plagio
ha evolucionado hacia el secuestro exprés, ya que ante la impunidad
que se vive en el país, es más fácil secuestrar a 10 personas y
cobrar 100 mil pesos a cada uno en una semana que tratar de sacarle
un millón a una persona en un mes.

Otra de las formas de evolución de las organizaciones de
secuestradores es hacia la extorsión y la llamada "renteada"; la
primera consiste en hacer llamadas telefónicas y bajo amenazas
presionar a las familias para que les entreguen sumas de dinero, de
acuerdo con sus posibilidades.

En el segundo caso, dijo, organizaciones criminales como "La
Familia" y "Los Zetas", relacionadas con el narcotráfico, ahora se
dedican a amenazar a empresarios y familias de los estados del centro
del país como Michoacán, Guerrero, estado de México, aunque también
se tienen casos en el Distrito Federal.

La "renteada", explicó, consiste en amenazar y mantener las
acciones de intimidación hacia las familias y las personas por tiempo
indefinido para que les entreguen dinero en forma semanal, quincenal
o mensualmente, así como autos u otros bienes.

De no hacerlo ellos saben a qué escuelas acuden sus hijos, dónde
trabajan sus señoras, dónde viven sus hermanos y pueden hacerles
daño, agregó.

Fernando Ruiz y Ortega Sánchez coincidieron en que esta
situación debe frenarse con acciones concretas de inteligencia, para
conocer y cortar los hilos conductores de las redes delictivas, donde
se estima que dos de cada tres actos delictivos son comandados por
policías en activo o retirados que conocen las formas de
investigación y las pueden evadir.

Aseguraron que de acuerdo con las pesquisas, las organizaciones
que encabezan cinco de cada 10 actos de extorsión, secuestro o
"renteada" en el país han sido perpetrados por organizaciones del
crimen organizado como "La Familia" o "Los Zetas", siendo éstas las más conocidas.

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