La Secretaría de la Función Pública (SFP) desarticuló dos redes de corrupción en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que involucran a 194 funcionarios, contra quienes presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por daño al erario cercano a 4 millones de pesos.
Los involucrados –15 ya destituidos e inhabilitados por 10 años en la administración pública federal– encaran procesos por presunto desvío de recursos y falsificación de documentos, y sanciones por 210 mil pesos cada uno.
Es la mayor red en la historia en cuanto a número de implicados que comete fraude contra el sector público, dijo en rueda de prensa Ernesto González, coordinador de asesores del titular de la SFP.
En compañía de los encargados de la unidad de asuntos jurídicos de la SFP, Moisés Herrera, y del órgano interno de control de la SEP, Andrés Serra Rojas, González precisó que los funcionarios que falsificaron documentos podrían purgar penas hasta de ocho años de prisión. En este caso, todos los sancionados pertenecen a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP.
Los funcionarios explicaron que al iniciar una indagatoria tras una denuncia de que se estaban comprobando viáticos con facturas falsas, se detectó que 14 servidores públicos desviaron 2 millones 700 mil pesos mediante la simulación de compras directas de bienes para la DGEI.
Según se desprende de los expedientes abiertos a los 14 procesados, participaron los subdirectores de producción editorial, Manuel Tagle, y de área, José Manuel Robledo; el responsable de fiscalización, Alfonso Moisés Díaz; los jefes de los departamentos de recursos financieros, Guadalupe Carrasco; materiales, Fabián Figueroa, y de oficina, Feliciano López; administrativos y aun un técnico que actuaba de chofer.
Dos demandas penales al día
Mientras, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, informó que este año la dependencia ha demandado penalmente a un promedio de dos personas al día relacionadas con corrupción.
Ante empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo que este año se han interpuesto 480 demandas no sólo contra servidores públicos, sino también contra empresarios y particulares que, coludidos con funcionarios, han incurrido en corrupción.
Este año es el récord en la historia de la SFP. Estimamos que este año hemos denunciado penalmente a más personas que en los últimos 27 años de la secretaría, indicó.
Robaban a los indígenas
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó dos redes de corrupción donde participaban 194 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que simulaban compras directas con facturas de supuestos pagos de lentes y aparatos ortopédicos, entre otros.
La SFP informó que en ambos casos, dicho personal estaba adscrito a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP. Han sido inhabilitados por 10 y hasta 29 años por daños al erario de 3.9 millones de pesos.
Además, se presentaron denuncias penales el 24 de agosto por el Órgano Interno de Control de la SEP por vender facturas o certificados médicos falsos a precios de entre 400 y 800 pesos.
Tras una auditoría, las facturas no fueron reconocidas por los supuestos emisores y los certificados llevaban nombres y firmas falsos de médicos, carecían de sellos oficiales y en el ISSSTE no estaban los expedientes médicos.
Durante 615 veces entre 2005 y 2006, según la investigación, el empleado presentaba el documento que compró ante la Coordinación Administrativa para tramitar el pago de la prestación y se pagaba sin ninguna verificación.
En este caso, donde participaron 14 funcionarios que desviaron 2.7 millones de pesos, la administrativa Yolanda Leonila Rodríguez fue inhabilitada 29 años y sancionada con 8 mil 210 pesos.
En esta investigación se confirmó la simulación de compras directas por medio de la presentación de documentos falsos, tales como solicitudes de compra, vales de abasto de artículos y registros de ingreso al almacén.
Además de Yolanda Leonila Rodríguez, fueron inhabilitados con 22 años, Luis Wence Ángel, profesional de análisis especializado y Graciela Gutiérrez Calderón, especialista técnico, además de otros 11 empleados involucrados podrían recibir sanciones similares.
Facturas apócrifas
En el segundo caso, la SFP detectó otra red de corrupción conformada por 180 servidores públicos adscritos a la DGEI de la SEP, que cobraba prestaciones laborales con un daño patrimonial por un millón 259 mil pesos.
Los involucrados usaron facturas presuntamente apócrifas de proveedores de lentes y de aparatos ortopédicos, así como recetas que no fueron expedidas por el ISSSTE, para justificar el pago indebido de dichas prestaciones.
La Secretaría de la Función Pública informó que ha abierto procedimientos de responsabilidades administrativas contra los 180 servidores públicos que participaron en los hechos.
(Con información de La Jornada y El Universal.mx)
.jpg)
