El gobierno de Amalia García Medina cometió irregularidades por alrededor de mil 500 millones de pesos en los dos últimos años de su administración, informó el contralor interno del gobierno estatal, Guillermo Huizar Carranza.
Créditos no pagados, ampliaciones presupuestales injustificadas, préstamos personales indebidos, utilización de prestanombres, obras encarecidas o que se pagaron, pero no fueron construidas fueron algunas de las anomalías detectadas.
La Contraloría Interna realizó 23 actos de fiscalización a las cuentas de las secretarías de Finanzas, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Sistema DIF estatal, Oficialía Mayor, Junta Estatal de Caminos y el Instituto Zacatecano de Cultura en el periodo del primero de enero de 2009 al 12 de septiembre de 2010.
Huizar aclaró que la intención de la Contraloría Interna fue difundir las irregularidades encontradas y no los nombres de los funcionarios involucrados.
“El procedimiento administrativo previsto por la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos me obliga a guardar la correspondiente secrecía”, declaró el contralor.
Sin embargo, sí informó que Jorge Miranda, ex secretario de Finanzas; Juan Antonio Rangel, ex secretario de Desarrollo Agropecuario, e Iván de Santiago, ex titular del Instituto de la Juventud siguieron cobrando sus quincenas, a pesar de haber renunciado en el primer bimestre de 2010 para ser candidatos a diputaciones y alcaldías.
Los ex funcionarios recibieron pagos por 255 mil pesos, 210 mil pesos y 244 mil pesos, respectivamente.
Por su parte, David Eduardo Rivera Salinas, ex titular del Instituto Zacatecano de Cultura, junto con esos tres ex funcionarios, declararon ingresos menores a los reales en sus declaraciones patrimoniales.
Otro problema para Zacatecas es que ha sido emplazado para que le regrese a la Tesorería de la Federación 610 millones 658 mil pesos por irregularidades en el ejercicio de programas como Fonregión, Prosapys y Apazu. Huizar también informó que la Auditoría Superior de la Federación mantiene abiertas 32 investigación por irregularidades cometidas por la pasada administración estatal en el uso de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Programa de Fiscalización Superior 2008, Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud.
Las conclusiones difundidas representan dos por ciento del presupuesto estatal ejercido durante el sexenio de la perredista Amalia García.
Hoy la Contraloría comenzará con la notificación a los ex funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas, quienes tendrán 45 días naturales para presentar pruebas queayuden a su defensa.
En caso de que los presuntos responsables no resuelvan favorablemente las irregularidades encontradas, la Contraloría Interna comenzará procedimientos para fincar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales.
La próxima entrega de la Contraloría serán las revisiones a obras como el Palacio de las Convenciones y la Megavelaria, la auditoría al Issstezac y un seguimiento a las investigaciones en Oficialía Mayor y la Secretaría de Obras Públicas.
(Con información de Excelsior)
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