Tres funcionarios públicos que laboraban dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron detenidos por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, junto con la Secretaría de la Función Pública y la propia paraestatal, acusados de cometer un fraude por 1,320 millones de pesos (mdp) en el estado de Sinaloa.
Los hechos se detectaron cuando se realizó una auditoría en la que se detectó una red de corrupción, encabezada por José Raymundo Soto, Juez Mixto de Primera Instancia en Mocorito, Sinaloa; Francisco Rodríguez, representante legal de la CFE; y el perito Martín López, quienes fueron acusados de defraudar a la CFE por más de 1,320 mdp a través de 232 juicios, además de otros delitos contra la administración de justicia y el ejercicio indebido del servicio público.
El juez Raymundo Soto fue detenido por resolver contra la CFE un pago aún cuando carecía de competencia, ya que el motivo de las demandas se ubican en zonas donde él no tiene competencia.
Por su parte, Francisco Rodríguez, en forma intencional, no ofreció pruebas a favor de la CFE y no interpuso los recursos legales para la defensa procedente; mientras que Martín López determinó valores de los inmuebles muy superiores a su precio real.
El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, indicó que al menos otros 18 funcionarios de la CFE están involucrados en este caso acusados de no realizar ninguna acción para impugnar las sentencias desfavorables en contra de la comisión, por lo que la dependencia pagó 1,320 mdp, que jamás debió haber pagado.
Además se dio a conocer que los funcionarios que ya han sido sancionados por este hecho son: Roberto Jesús Amaro Pedroza, gerente regional de Transmisión de Baja California, quien ya fue destituido, inhabilitado por 10 años y deberá pagar una multa de 29.4 mdp; además de Ricardo Flores Álvarez, jefe de la oficina jurídica de la gerencia regional de la Transmisión de Baja California, quien recibió las mismas sanciones.
También han sido sancionados los funcionarios: Elvira Torales Villalón, Patricia Ibarra Luna, Manuel Alberto Villa Martínez, Jesús Eduardo García Siraitares, Maribel Linares Rosas y Verónica Mejía Garibay.
Corrupción en el Poder Judicial permite abusos en la CFE
En respuesta a una demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) descubrió una nueva red de corrupción en la que estarían implicadas 60 personas, de las que 22 eran funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 18 jueces de Sinaloa y 20 ministerios públicos.
En ese sentido, la dependencia federal dio cuenta de las detenciones de José Raymundo Soto Conde, juez mixto de segunda instancia en Mocorito; de Martín López López, perito en materia de topografía y valuación, y de Francisco Ladislao Rodríguez Retes, representante legal de la paraestatal.
A las personas en referencia se les acusa de sobrevaluar Derechos de Vía de la CFE en la entidad.
La actividad en cuestión representó un daño patrimonial por mil 300 millones de pesos para la paraestatal.
Salvador Vega Casillas, titular de la SFP; Antonio Vivanco, director de la paraestatal, y el subprocurador de Investigación en Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios, abundaron sobre el tema en conferencia de prensa.
Presumiblemente, el caso estaría relacionado con el de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la CFE, acusado de enriquecimiento ilícito.
El ex funcionario en cuestión está en calidad de prófugo desde hace más de dos meses.
El pasado 3 de septiembre, si bien Moreno Díaz fue detenido, por la Policía Federal, en el aeropuerto de la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Oriente, en las primeras horas del día siguiente se ordenó su libertad al darse como no cumplida la aprehensión, debido a que un juez de Nuevo León informó que estaba vigente una suspensión provisional que impedía su captura.
Al final, el juzgador negó la suspensión definitiva, por lo que el acusado podía volver a ser capturado, lo cual no ha sucedido.
Más detalles
Derivado de las investigaciones realizadas por el Agente delMinisterio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializadaen Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y con la Comisión Federal de Electricidad, se ejecutó orden de aprehensión del Juez Quinto de Distrito en Sinaloa, contra 3 ciudadanos.
Lo anterior, por su presunta responsabilidad en los delitos Contra la Administración de Justicia, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Falsedad en Declaraciones Judiciales en Informes dados a una Autoridad, respectivamente.
La SFP realizó auditoría a la División Noreste de la paraestatal que detectó redes de corrupciónconformadas por funcionarios de la CFE, del Poder Judicial en Sinaloa y de particulares, queoriginaron el pago indebido para la paraestatal de 1,320 millones de pesos en 232 juicios.
Descubrió que las áreas jurídicas y de operaciones de CFE en la Divisional Noroeste y en áreascentrales no ofrecieron defensa eficaz a las demandas de juicios de servidumbre de paso y autorizaron pagos sin controles adecuados.
En un juicio civil, un particular demandó a la CFE el pago correspondiente por la Servidumbre Legal de Paso y, en dicho juicio, el primer implicado -quien fungía como Juez Mixto de Primera Instanciaen Mocorito, Sinaloa- dolosamente conoció del asunto y dictó sentencia, condenando a la paraestatal a un pago ilegal cuando carecía de competencia para conocer y resolver el asunto.
El segundo implicado compareció en dicho juicio como representante legal de la CFE quien, de forma intencional, no ofreció pruebas a favor de la Comisión ni interpuso el recurso legal procedente contra la referida sentencia condenatoria, lo que originó que la aludida resolución causara firmezajurídica, aún siendo contraria a derecho.
El tercer involucrado como perito en materia de topografía y valuación, dictaminó falsamente, al concluir una afectación económica muy superior a la que efectivamente correspondió.
Las órdenes de aprehensión contra los implicados fueron cumplimentadas por elementos federales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito, en Los Mochis, Sinaloa; y una vez transcurrido el término de ley, les fue dictado el correspondiente Auto de Formal Prisión, por los delitos señalados.
Por su parte, la SFP está notificando sanciones a ocho funcionarios de la CFE. De estos, cincoestán siendo destituidos e inhabilitados y se les imponen sanciones económicas por un monto total de 475 millones de pesos.
Adicionalmente en los próximos días la SFP iniciará proceso de responsabilidad administrativa en contra de ocho abogados de la Divisional Noroeste, y contra diversos funcionarios de las áreas Jurídicas y de Operaciones a nivel central, de la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior, por su presunta responsabilidad en los delitos Contra la Administración de Justicia, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Falsedad en Declaraciones Judiciales en Informes dados a una Autoridad, respectivamente.
La SFP realizó auditoría a la División Noreste de la paraestatal que detectó redes de corrupciónconformadas por funcionarios de la CFE, del Poder Judicial en Sinaloa y de particulares, queoriginaron el pago indebido para la paraestatal de 1,320 millones de pesos en 232 juicios.
Descubrió que las áreas jurídicas y de operaciones de CFE en la Divisional Noroeste y en áreascentrales no ofrecieron defensa eficaz a las demandas de juicios de servidumbre de paso y autorizaron pagos sin controles adecuados.
En un juicio civil, un particular demandó a la CFE el pago correspondiente por la Servidumbre Legal de Paso y, en dicho juicio, el primer implicado -quien fungía como Juez Mixto de Primera Instanciaen Mocorito, Sinaloa- dolosamente conoció del asunto y dictó sentencia, condenando a la paraestatal a un pago ilegal cuando carecía de competencia para conocer y resolver el asunto.
El segundo implicado compareció en dicho juicio como representante legal de la CFE quien, de forma intencional, no ofreció pruebas a favor de la Comisión ni interpuso el recurso legal procedente contra la referida sentencia condenatoria, lo que originó que la aludida resolución causara firmezajurídica, aún siendo contraria a derecho.
El tercer involucrado como perito en materia de topografía y valuación, dictaminó falsamente, al concluir una afectación económica muy superior a la que efectivamente correspondió.
Las órdenes de aprehensión contra los implicados fueron cumplimentadas por elementos federales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito, en Los Mochis, Sinaloa; y una vez transcurrido el término de ley, les fue dictado el correspondiente Auto de Formal Prisión, por los delitos señalados.
Por su parte, la SFP está notificando sanciones a ocho funcionarios de la CFE. De estos, cincoestán siendo destituidos e inhabilitados y se les imponen sanciones económicas por un monto total de 475 millones de pesos.
Adicionalmente en los próximos días la SFP iniciará proceso de responsabilidad administrativa en contra de ocho abogados de la Divisional Noroeste, y contra diversos funcionarios de las áreas Jurídicas y de Operaciones a nivel central, de la Comisión Federal de Electricidad.
Un prófugo
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la responsabilidad en redes de corrupción conformadas por varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llegaron a cobrar hasta mil 320 millones de pesos en 232 juicios.
Esta red de corrupción incluye al ahora prófugo Néstor Moreno, ex director de Operaciones, según dio a conocer ayer Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública.
La SFP realizó una auditoría a la División Noreste de la paraestatal que detectó redes de corrupción conformadas por funcionarios de la CFE.
Sobre Néstor Moreno, el secretario de la Función Pública dijo que las operaciones se hicieron “justamente en el área de operaciones central de la CFE. Por supuesto, conocieron de esos casos en la Dirección de Operaciones y está dentro de los que estamos investigando también”, aclaró.
Por su parte, Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, afirmó que en torno al caso de Néstor Moreno aún continúan las investigaciones.
En cuanto a los implicados destacan José Raymundo Soto Conde, juez mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa, quien resolvió en contra de la CFE el pago; Francisco Rodríguez Retes, representante legal de la CFE en la Divisional Noroeste, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.
(Con información de El Semanario sin Límites, Impacto El Diario, El Financiero en Línea y El Universal.mx)
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